A la fecha, México registra más de tres millones de contagios por Covid-19. Ante esta situación, el Gobierno mexicano ha implementado continuamente acciones para tratar de controlar los contagios masivos y las muertes en el país, sin embargo, ha sido evidente que existe un claro descuido hacia las personas que se encuentran internos en un reclusorio, pues su atención en el cuidado de su salud ha sido deficiente.
A pesar de que el gobierno ha emitido medidas a seguir para evitar la propagación del virus, en el caso específico de los centros penitenciarios, las autoridades omiten un factor importante que dificulta o imposibilita el objeto de cada uno de ellos: no existen las garantías ni la infraestructura para que se puedan llevar a cabo las acciones sugeridas.
Por su parte la Organización Mundial de la Salud emitió el Protocolo “Preparación, Prevención y Control de Covid-19 en Prisiones y Otros Lugares de Detención”, mismo que establece planes para evitar la introducción, prevenir la transmisión y evitar la propagación de COIVD-19 en cárceles y entornos cerrados hacia la comunidad.
No obstante, en algunas cárceles mexicanas existe sobrepoblación, dado que llegan a estar en una misma celda hasta 15 internos, situación que hace que la sana distancia se vuelva imposible, además de la falta de recursos sanitarios como agua potable, gel antibacterial y mascarillas, situación que vulnera la salud física y emocional de los internos.
Según Asistencia Legal por los Derechos Humanos, a la fecha se registran más de 4,300 contagios, y más de 350 personas fallecidas a causa del virus en los centros penitenciarios de México, incluyendo al personal, cifras que exponen la difícil situación que se vive al interior de los centros penitenciarios y el riesgo constante de contagio.
Además, existe un incremento de la violación a sus derechos humanos, pues se limita el derecho al deporte, las visitas familiares o a salir a tomar el sol en los patios principales. Recordemos que la Constitución aún resguarda los derechos humanos de las personas en reclusión, mismos que no se han respetado durante la pandemia.
Aunada a la situación de la pandemia, se destaca el incremento abrumador que hubo en quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en temas de salud. En 2019 se registraron 139 mientras que en 2020 se recibieron 1,038 quejas, lo que representa un aumento del 717%. A pesar del alza en quejas, en ambos años se emitieron las mismas recomendaciones: sólo 13.
Lo anterior solo expone la falta de recursos materiales y económicos que existe en los penales para enfrentar una situación de emergencia. Es cierto, ningún país estaba preparado para una situación como la que vivimos, sin embargo; es obligación del Estado realizar acciones concretas y efectivas para garantizar y proteger la salud de toda persona.
Lo que puede evidenciar la falta de interés de las autoridades de proteger la salud de este grupo vulnerable y hace visible la urgencia por implementar protocolos efectivos acordes a la infraestructura y necesidades de cada reclusorio, así como la ejecución de acciones concretas que garanticen los derechos de cada interno.
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