Ingreso Único Vital, la iniciativa que suma.

La semana pasada, legisladores de distintas fuerzas políticas -encabezados por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas y el integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Porfirio Muñoz Ledo-, presentaron un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar, como medida emergente, el Ingreso Básico Vital, directo, sin condicionante alguna y de forma temporal, para todas las personas que tendrán una disminución en sus ingresos por la crisis sanitaria y sus consecuencias.

La propuesta no es nueva. Hay que recordar que el Ingreso Básico es una derivación de lo que, en campaña, el otrora candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó en la contienda presidencial del 2018, como Ingreso Básico Universal, una respuesta económica que los países nórdicos implementaron para igualar condiciones entre la población, que no es otra cosa que asegurar el piso de igualdad entre iguales, y que ajustó al contexto nacional.

Esa iniciativa que ahora se impulsa y que cuenta con el aval de 95 diputados de seis Grupos Parlamentarios, en esencia coincide con la que presentó el senador Damián Zepeda en los días previos a la declaratoria de la fase 1 de la pandemia, en la sesión en la que se reformó el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a elevar a rango constitucional, los programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población (adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de todos los niveles educativos). De haberse incluido este propósito, sería una obligación para el Poder Ejecutivo.

Cierto que en esos momentos, la solicitud que se presentó en el Senado de la República fue para modificar la Carta Magna y hacer frente a la ineludible crisis económica que enfrentarán millones de hogares por la parálisis económica derivada del Coronavirus, en el sentido de garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas y darles certidumbre ante las diferentes catástrofes que pudieran presentarse. Pero no pasó a mayores. Como ya es costumbre, sencillamente la mayoria y sus aliados decidieron centrarse únicamente en avalar la propuesta presidencial de los programas sociales, porque urgía frenar a toda costa cualquier intento de modificar sus 38 prioridades. Lo malo es que en ningún momento se contempló la gravedad ni sanitaria ni laboral.

Lo cierto es que el Punto de Acuerdo propuesto por parte de diputadas y disputados, debo reconocer que responde a las inquietantes y complejas circunstancias que enfrenta México como país. La idea es apoyar con un ingreso mínimo -a través de tarjetas o cualquier otro medio-, para no condenar a la pobreza a millones de familias mexicanas, que les permitirá contar con algo de dinero para sus necesidades básicas, y que, por el momento, como dirían las abuelas, les asegure «casa, vestido y sustento», dado que los recursos son limitados.

El tema logró sumar voluntades de distintas ideologías, además de activistas de la sociedad civil, porque tiene sustento académico, investigación y voluntad; esas fuerzas políticas están dispuestas a reorientar el gasto público, con un exhorto al Presidente de la República, para que entregue el Ingreso Básico Vital.

Ahora bien, es importante resaltar que un exhorto -producto de un Punto de Acuerdo-, no es obligatorio en su ejecución, porque no es norma jurídica, en la mayoría, solo son llamados a misa. Podrán estar de acuerdo las y los legisladores, pero eso no significa que se va se vaya a cumplir o poner en práctica y, menos aun cuando se trata de recursos públicos, mismos que el Ejecutivo está «peleando» para su uso discrecional y poco transparente. Resulta paradójico, porque se supone que el Congreso de la Unión es la representación soberana de México.

En unas semanas conoceremos, tanto el sentido del Punto de Acuerdo, como la decisión ejecutiva de Palacio Nacional y, en ambos casos, cada uno defenderá su postura y asumirá la responsabilidad correspondiente.

No debe olvidarse que, sin la necesaria voluntad política, no hay espacio para el entendimiento entre Poderes. De igual forma, el hecho de tener normas constitucionales no implica su acatamiento. Una queja recurrente es el carácter de algunas normas, como letra muerta, sujeta a interpretación y/o aplicación a modo.

 

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