Lo que el mundo ha hecho bien… y México sigue postergando
En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones crece, y donde la eficiencia y transparencia del gasto público son más necesarias que nunca, resulta urgente mirar hacia afuera.
Mientras México posterga reformas clave, otros países han encontrado soluciones funcionales, innovadoras y replicables.
Desde la digitalización total de sus compras públicas hasta la incorporación de inteligencia artificial para prevenir riesgos de corrupción, varias administraciones alrededor del mundo han dado pasos firmes para fortalecer su institucionalidad, su integridad y su eficiencia operativa.
No se trata de idealizar a otros países ni de caer en el cliché de que “afuera todo es mejor”. Se trata de contrastar acciones concretas que sí han funcionado, que han generado valor público, y que en México siguen sin implementarse, pese a ser técnicamente viables y financieramente posibles.
Tendremos de forma quincenal la publicación de cada caso, que se desprende de la serie de 10 casos internacionales de buenas prácticas en administración pública, con un solo objetivo: recordarnos que sí se puede hacer bien, si hay voluntad política, técnica y ciudadana.
¿Por qué México sigue a ciegas?
En 2010, Georgia -un país pequeño del Cáucaso- dio un salto que pocos imaginaron: implementó un sistema de contrataciones públicas 100% electrónico, obligatorio, accesible para la ciudadanía y con visualización en tiempo real. Su nombre es “State Procurement Agency (SPA)”, operando a través de la plataforma e-Procurement.
Hoy, cualquier persona puede ver:
- Quién compró
- Qué compró
- A quién se lo compró
- Por cuánto
- Bajo qué procedimiento
- Y en qué etapa del proceso está la compra
Georgia pasó del lugar 124 al 45 en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International en una década. Y gran parte del mérito se debe a su sistema de compras públicas.
Lo que transformaron fue:
1. Digitalización total del proceso: desde la planeación hasta la adjudicación y ejecución.
2. Obligatoriedad del sistema electrónico para todas las entidades públicas.
3. Participación ciudadana activa: el público puede comentar, impugnar y monitorear.
4. Visualización en tiempo real sin necesidad de solicitudes de acceso a la información.
5. Integración con otras bases de datos (como listas negras de proveedores, historial de cumplimiento, etc.).
6. Alertas automáticas para prevenir riesgos (como colusión o compras fraccionadas).
México tiene Compranet en transición a Compras MX, un sistema que ha generado gran expectativa, pero que no asoma rasgos de una verdadera apertura a la explotación de datos, adopción de tecnologías de última generación y, sobre todo, participación ciudadana. Actualmente lo que tenemos es:
- La información no está estandarizada ni es amigable.
- Muchas compras no se reportan en tiempo real.
- La herramienta no está integrada con otras bases como SAT, Función Pública o ASF.
- No hay tableros de alertas ni de monitoreo predictivo.
- La ciudadanía no tiene canales efectivos para participar ni vigilar.
- No se integra el plan anual, con el gasto y la rendición de cuentas.
- No tiene enfoque a la prevención y gestión de riesgos.
- No se ha realizado una verdadera reforma legislativa que impulse cambios tangibles en el proceso más vulnerable al soborno.
Y, peor aún, el propio sistema ha sido desactivado o suspendido por periodos en los últimos años.
Como lo sostuve hace tiempo en la obra “Sistema Rector de la Contratación Pública en México”, el sistema mexicano de contratación pública es obsoleto, vulnerable a la corrupción y desarticulado de las finanzas públicas.
La contratación pública, siendo la principal vía de ejercicio del gasto, debería tener un nivel de rectoría, coordinación y control similar al del sistema fiscal. Sin embargo, en México:
- No existe un órgano rector nacional que articule políticas y lineamientos uniformes.
- Los tres niveles de gobierno operan con autonomía y disparidad, lo que impide tener trazabilidad del gasto público.
- No se cuenta con plataformas tecnológicas unificadas, ni con tableros de control efectivos para prevenir riesgos o medir resultados.
- Y, peor aún, el sistema permite un grado de discrecionalidad funcional que deja espacio a malas prácticas desde la planeación hasta la ejecución de contratos.
El modelo mexicano tiene bases legales sólidas (como el artículo 134 constitucional y leyes de contabilidad gubernamental, coordinación fiscal y responsabilidad hacendaria), pero no las conecta operativamente con el sistema de contratación pública.
La ausencia de una visión nacional provoca:
- Pérdida de eficiencia, transparencia y resultados.
- Incumplimiento de los planes de desarrollo.
- Falta de medición y rendición de cuentas.
- Marginación de México frente a estándares internacionales como los de la OCDE o el BID.
La propuesta es construir un Sistema Rector de Contratación Pública a Nivel Nacional que:
- Tenga una autoridad rectora con facultades normativas, tecnológicas y operativas.
- Esté alineado a los principios fiscales y contables, como ya ocurre con la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Incorpore plataformas electrónicas obligatorias, interoperables y con visualización ciudadana.
- Integre mecanismos de planeación, monitoreo y control de todo el ciclo contractual.
- Promueva la profesionalización y la integridad pública como pilares del proceso.
Este primer artículo es una advertencia y una hoja de ruta: si México quiere aspirar a tener una contratación pública eficiente, ética y transparente, necesita construir un sistema rector nacional con visión estratégica, tecnología adecuada y gobernanza compartida.
Si Georgia -con menos presupuesto, recursos humanos y desarrollo institucional- logró construir un sistema moderno, confiable y transparente, ¿cuál es nuestra excusa?
La opacidad no es casual: es estructural, es política y es profundamente funcional para quienes se benefician del status quo.
