El combate a la corrupción ha sido eje central de las últimas campañas presidenciales en México. A casi un año del inicio de la actual administración, pasada la elección del Poder Judicial y tras un sexenio de la autodenominada cuarta transformación, es viable hacer un corte de caja de las promesas incumplidas y la prospectiva en la materia.
“La promesa de transformarlo todo sin cambios estructurales se convirtió en una paradoja: el combate a la corrupción descansó en una supuesta integridad presidencial, pero sin fortalecer las instituciones y acumulando, al igual que en sexenios anteriores, casos ominosos de gran corrupción pública.”
Haciendo algo de historia, en el año 2000 el Presidente Fox impulsó la transparencia como pilar anticorrupción, creando leyes e instituciones para la garantía del acceso a la información pública, con la idea de que la transparencia sería el gran antídoto. Por su parte, el Presidente Felipe Calderón llegó al poder con la intención de eliminar la Secretaría de la Función Pública (SFP)[1], argumentando que resultaba duplicativa y que sus funciones debían reasignarse. Sin embargo, su propuesta se quedó en la retórica.
Con el regreso del priismo, el Presidente Enrique Peña Nieto y los firmantes del Pacto por México plantearon reformar la arquitectura anticorrupción a través de una Comisión Nacional Anticorrupción[2]. Su iniciativa fracasó políticamente, pero los escándalos de corrupción en su gobierno impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)[3], diseñado desde la academia y la sociedad civil. Este modelo, que ya cumplió diez años de existencia, prometía un enfoque integral que a la fecha no ha dado los resultados prometidos.
El Presidente López Obrador se presentó con un discurso frontal: “no mentir, no robar, no traicionar”, complementado con 100 compromisos de gobierno[4]. Impulsó la Ley Federal de Austeridad Republicana[5], pero no promovió reformas al marco constitucional del SNA, dejando intacta su arquitectura formal. Al final de su sexenio cumplió la promesa de una reforma judicial, así como la eliminación del INAI. La promesa de transformarlo todo sin cambios estructurales se convirtió en una paradoja: el combate a la corrupción descansó en una supuesta integridad presidencial, pero sin fortalecer las instituciones y acumulando, al igual que en sexenios anteriores, casos ominosos de gran corrupción pública.
En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó, como candidata, un documento con las propuestas de un gobierno honesto y combate a la corrupción[6], con un tono continuista, pero introduciendo nuevas aproximaciones. En su plan, encargado en buena medida al ahora Senador Javier Corral destacaba la creación de una Agencia Federal Anticorrupción, que investigaría y sancionaría las faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares. Junto con esta Agencia, Sheinbaum proponía rediseñar la SFP para enfocarla en “buen gobierno” y prevención. Esto incluía modernizar recursos humanos, consolidar contrataciones públicas con transparencia y mejorar controles internos. La transformación de la SFP en la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, al inicio de la administración, permite presumir que la creación de la Agencia Federal será una promesa de campaña incumplida.
Otro elemento de las promesas implicaba garantizar un enfoque de derechos, con un reconocimiento expreso a nivel constitucional de los derechos humanos a la buena administración pública y a vivir en un ambiente libre de corrupción. A pesar de que su configuración legal ha sido criticada, se entendió como la base para un supuesto Acuerdo Nacional para un Buen Gobierno que, a la fecha, no parece estar en la agenda del gobierno.
En este contexto, el senador Corral ha mencionado en diversos foros[7] la preparación de una nueva ley anticorrupción. Sin embargo, no está claro si se trataría de una reforma constitucional profunda al SNA o solo ajustes mediante una ley general o federal y si se trata de una agenda del grupo parlamentario mayoritario o del Senador en lo individual.
En paralelo, lo que sí ha sido parte central de los cambios durante estos meses es la implementación de la política de digitalización y simplificación administrativa. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones[8] (ATDT), heredera de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, parece ser el único andamiaje prioritario en la visión anticorrupción de la Presidenta. Los trabajos de la ATDT y la reciente aprobación de la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos podrían ser el catalizador para ver cambios específicos.
Pero enfocar todo en las personas que han encabezado al Poder Ejecutivo es una respuesta fácil que no abona a entender la complejidad del fenómeno. Un informe de 2023 de la UNCAC Coalition y organizaciones mexicanas[9] encontró que, si bien México tiene un marco legal amplio anticorrupción, el problema es, y muy probablemente siga siendo, su implementación. El andamiaje institucional del SNA contempla muchas otras instancias y personas cuyos resultados son, por decir lo menos, decepcionantes. En febrero, se publicitó la renuncia del Secretario Técnico de la SESNA ante acusaciones de mala gestión de recursos[10]. Su salida sin mayor explicación, hizo evidente problemas internos. Cinco meses después, y tras un fallido intento de nombramiento, la posición sigue vacante.
“Un informe de la UNCAC Coalition y organizaciones mexicanas encontró que, si bien México tiene un marco legal amplio anticorrupción, el problema es, y muy probablemente siga siendo, su implementación. El andamiaje institucional del SNA contempla muchas otras instancias y personas cuyos resultados son, por decir lo menos, decepcionantes.”
Esto se suma a que no se ha logrado instalar el SNA en todo el país, la Plataforma Digital Nacional se mantiene con sistemas con poca o nula actividad y el Sistema Nacional de Fiscalización funcionando en el papel, pero sin resultados desde hace más de cinco años, en parte por deliberadas omisiones de la Auditoría Superior de la Federación.[11]
Por su parte, las fiscalías anticorrupción tienen escasos asuntos emblemáticos concluidos, ya que carecen de autonomía real, capacidades técnicas y, particularmente, recursos para llevar a cabo su función. Esto se suma a un Poder Judicial cuestionado y en un franco proceso de deterioro. En la administración del expresidente López Obrador no existió un solo caso de combate a la corrupción judicializado con éxito. Por el contrario, varios casos de alto perfil como la Estafa Maestra, Odebrecht y SEGALMEX, quedaron estancados o con castigos menores, lo que sigue socavando la credibilidad en todo el aparato de justicia anticorrupción.
Finalmente, el CPC, figura novedosa que buscaba involucrar a la sociedad civil en el combate a la corrupción con voces ciudadanas, a pesar de contar con facultades legales sólidas, ha tenido un rol más testimonial que efectivo, con el riesgo de quedar inoperante en febrero del próximo año. Es verdad que el contexto político ha sido hostil a las voces críticas, pero el entramado y la normatividad existen, y los presupuestos se siguen gastando mes con mes, sin resultados.
Las promesas anticorrupción del régimen han sido ambiciosas en papel, pero desiguales en la práctica. El discurso político de “barrer la corrupción de arriba hacia abajo” debe traducirse en hechos: instituciones fortalecidas, leyes efectivas, recursos suficientes y participación de todos los sectores.
“Las promesas anticorrupción del régimen han sido ambiciosas en papel, pero desiguales en la práctica. El discurso político de ‘barrer la corrupción de arriba hacia abajo’ debe traducirse en hechos: instituciones fortalecidas, leyes efectivas, recursos suficientes y participación de todos los sectores.”
La 4T llegó con un discurso potente y algunas acciones simbólicas; el “segundo piso” demanda pasar del símbolo a la sustancia. El mal de la corrupción nos afecta a todos: gobierno, sociedad y empresas. Desde la ciudadanía que no dejará de promover la integridad debemos redoblar la apuesta, para que los temas que hoy reciben la atención mediática no opaquen las soluciones a los peores males que enfrenta México: la corrupción y la impunidad.
[1] Claudia Herrera Beltrán. “Plantea Calderón desaparecer 3 secretarías por ajuste drástico”. La Jornada. Dsiponible en: https://www.jornada.com.mx/2009/09/09/politica/009n1pol
[2] Universidad de Guadalajara. La lucha contra la corrupción y el Pacto por México. Rendición de Cuentas. Disponible en: https://www.rendiciondecuentas.org.mx/la-lucha-contra-la-corrupcion-y-el-pacto-por-mexico/
[3] Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
[4] Presidencia de la República. “100 compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, al 1 de septiembre de 2020”. Disponible en: https://www.gob.mx/amlo/documentos/100-compromisos-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-al-1-de-septiembre-de-2020
[5] Diario Oficial de la Federación. (2019, 19 de noviembre). Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
[6] Claudia Sheinbaum Pardo. Presentación del eje: Fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2E97RZmaIho
[7] Senado de México. Presentación del informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UVOykiKO_gM
[8] Presidencia de la República. “Presidenta Claudia Sheinbaum presenta la nueva Agencia de Transformación Digital para simplificar trámites y evitar la corrupción”. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-la-nueva-agencia-de-transformacion-digital-para-simplificar-tramites-y-evitar-la-corrupcion
[9] Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, Sociedad Mexicana de Litigio de Interés Público y UNCAC Coalition. Informe de Sociedad Civil sobre la Implementación del Capítulo II (Prevención) & Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en México. Disponible en: https://uncaccoalition.org/wp-content/uploads/Version-Final-Espanol-UNCAC-Informe-Paralelo-Mexico-DLM-UNCAC-Coalition-Diciembre-2022.pdf
[10] Arturo Sánchez Jiménez. “Renuncia el secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción”. La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/02/25/politica/renuncia-el-secretario-tecnico-del-sistema-nacional-anticorrupcion-9862
[11] D. Preisser Rentería. III. El Sistema Nacional de Fiscalización. En S. López Ayllón & P. Salazar Ugarte (coords.). Los sistemas constitucionales: diseño, funciones y resultados. Los dilemas del federalismo mexicano en la construcción de políticas públicas. México, IIJ-UNAM.
