“Lo que la ley no prohíbe, el pudor impide hacerlo”.
Séneca, Las troyanas, verso 334.
¿Alguna vez hemos defendido una conducta que nos parecería inaceptable si la realizara alguien con quien no estamos de acuerdo? En política sucede con frecuencia. Lo que unos consideran el ejercicio legítimo de un derecho, otros lo interpretan como una falta de ética. Y basta con que cambien los protagonistas para que, en ocasiones, también cambien nuestros argumentos.
Hace casi dos mil años, Séneca planteó una discusión que parece escrita para nuestros días. En Las troyanas, Pirro pretende justificar el sacrificio de Políxena argumentando que ninguna ley se lo prohíbe. Agamenón le responde: Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor: Lo que la ley no prohíbe, el pudor impide hacerlo.
Pirro insiste en que el vencedor tiene derecho a hacer lo que le plazca. Agamenón contesta con otra frase: Minimum decet libere cui multum licet: Cuanto mayor es el poder que alguien tiene, mayor debería ser su capacidad para imponerse límites.
La pregunta que deja este diálogo es sencilla, aunque responderla resulte incómodo: ¿todo lo que podemos hacer legalmente implica que es lo correcto?
En México hemos construido un sistema de normas cada vez más detallado para regular el ejercicio del poder. Tenemos disposiciones constitucionales, leyes, reglamentos y procedimientos que establecen qué pueden hacer las autoridades, cuáles son sus obligaciones y qué consecuencias enfrentan cuando las incumplen. Pero ninguna legislación puede anticipar todas las decisiones que deberán tomar quienes ejercen una responsabilidad pública, ni resolver los dilemas éticos que aparecen cuando la ley guarda silencio.
Y es precisamente en esos espacios donde suelen aparecer nuestras contradicciones, pensemos en la imparcialidad de las autoridades electorales. Durante años, el Instituto Nacional Electoral ha enfrentado cuestionamientos desde posiciones políticas opuestas. En una etapa se acusó a sus autoridades de actuar como una fuerza de oposición al gobierno. Hoy, algunas consejerías enfrentan señalamientos por una presunta cercanía con el partido gobernante. Aunque las circunstancias son distintas, las críticas comparten una preocupación: que las preferencias políticas de quienes deben arbitrar las elecciones puedan influir en sus decisiones.
Recientemente, la incorporación de personas que ocuparon cargos de responsabilidad en la autoridad electoral a una organización política de oposición ha reavivado aquella discusión. Para algunos, se trata del ejercicio legítimo de sus derechos políticos. Para otros, esa decisión alimenta las sospechas que existían sobre la independencia con la que desempeñaron sus funciones.
Jurídicamente, haber trabajado en una institución electoral no implica renunciar para siempre a la posibilidad de participar en política. Una vez concluido el encargo, las personas conservan su libertad de asociación y sus derechos políticos, sujetos a las restricciones expresamente previstas en la ley.
Tampoco podemos afirmar que sus decisiones anteriores fueron parciales simplemente porque hoy manifiesten determinadas preferencias. La parcialidad debe acreditarse mediante hechos y actuaciones concretas. Las convicciones políticas posteriores, por sí mismas, no prueban una irregularidad pasada.
Hasta ahí, la respuesta jurídica parece clara. Pero hagamos un ejercicio: ¿Pensaríamos lo mismo si esas personas se hubieran incorporado al partido en el poder?,¿Defenderíamos con igual convicción su libertad de asociación o interpretaríamos esa decisión como una confirmación de que sus actuaciones anteriores estuvieron condicionadas por intereses partidistas?
La pregunta también puede formularse a la inversa. Si actualmente cuestionamos la imparcialidad de determinadas consejerías por su supuesta cercanía con el gobierno, ¿por qué deberíamos evaluar con criterios distintos las preferencias políticas de quienes antes ejercieron responsabilidades semejantes y hoy participan en una fuerza opositora?
Hay una diferencia jurídica que no podemos ignorar. Quien se encuentra en funciones tiene obligaciones de imparcialidad que no son exigibles en los mismos términos a quien ya concluyó su encargo. Pero reconocer esa diferencia no impide preguntarnos si nuestras exigencias éticas son consistentes o si dependen, en buena medida, de nuestras simpatías políticas.
El artículo 41 constitucional establece que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad deben regir la función electoral. Estos principios no exigen que quienes integran las autoridades carezcan de opiniones políticas. Lo que exigen es que sus convicciones personales no determinen indebidamente el ejercicio de sus atribuciones.
Por eso, cualquier señalamiento sobre la actuación de una autoridad debe examinarse a partir de sus decisiones, sus fundamentos y las circunstancias en las que fueron adoptadas. La percepción pública puede dar lugar a preguntas legítimas, pero no sustituye la prueba de una conducta irregular.
Ahora bien, hay otra cuestión que depende menos de los tribunales y mucho más de nosotros: ¿exigimos imparcialidad porque creemos en ella o porque esperamos que las autoridades decidan de acuerdo con nuestras preferencias? La respuesta no siempre nos favorece, una conducta que juzgamos inaceptable cuando proviene de nuestros adversarios puede parecernos perfectamente justificable cuando beneficia a quienes apoyamos. Entonces dejamos de aplicar los principios con consistencia y comenzamos a acomodarlos a nuestras conveniencias.
Algo parecido ocurre con las estrategias políticas de posicionamiento anticipado. Cada proceso electoral trae consigo discusiones sobre actos que, aunque pueden parecer campañas adelantadas, no necesariamente reúnen los elementos jurídicos para ser sancionados. El debate se concentra en determinar si hubo un llamado expreso al voto, si se actualizó alguna infracción o si determinada expresión quedó dentro de los márgenes permitidos por la legislación.
Esas distinciones son necesarias. El derecho no puede sancionar una conducta simplemente porque a alguien le parezca incorrecta. El principio de legalidad nos protege de la arbitrariedad y de la imposición de criterios morales subjetivos por parte de las autoridades.
Pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos: ¿que una conducta no pueda ser sancionada significa que debamos considerarla correcta?
Pensemos en una estrategia diseñada para aprovechar cada espacio que deja abierta la legislación electoral. Puede cumplir formalmente con los criterios aplicables y, aun así, merecer una discusión sobre su congruencia con las reglas que buscan garantizar condiciones equitativas de competencia. Algo semejante ocurre cuando una autoridad justifica una decisión controvertida señalando únicamente que tenía facultades para adoptarla, sin detenerse a explicar por qué era razonable ejercerlas de esa manera.
La diferencia importa. La ley establece límites al ejercicio del poder y condiciones para imponer consecuencias jurídicas. La ética nos obliga a examinar nuestras decisiones incluso cuando sabemos que ninguna autoridad podría sancionarnos por ellas.
Esto tampoco significa que el derecho pueda separarse de sus principios. La imparcialidad, la igualdad, la equidad y la buena fe tienen contenido jurídico y orientan la interpretación de las normas. Sin embargo, reconocer su existencia no autoriza a convertir cualquier desacuerdo moral en una infracción. La certeza y la seguridad jurídica también deben protegerse.
El problema aparece cuando hacemos de la ausencia de una prohibición nuestra única referencia para decidir cómo actuar, y esa lógica no pertenece exclusivamente a la política, la encontramos en la vida cotidiana cada vez que justificamos una conducta diciendo que todos lo hacen, que técnicamente está permitido o que nadie puede sancionarnos. Con el tiempo, hemos aprendido a preguntarnos hasta dónde podemos llegar sin infringir una norma, pero quizá dedicamos menos atención a las razones por las que sería preferible no hacerlo.
En la vida pública, esa forma de pensar termina afectando la manera en que juzgamos a las instituciones y a quienes las integran.
Los resultados del Latinobarómetro ofrecen un contexto que merece atención. En México, el 30% de las personas encuestadas considera indiferente vivir bajo un régimen democrático o uno que no lo sea; apenas el 18% expresa confianza en los partidos políticos y el 73% manifiesta no sentirse representado por el Congreso.
No podemos atribuir estas cifras a determinados comportamientos éticos ni establecer una relación causal que los datos no permiten demostrar, la desconfianza institucional responde a múltiples circunstancias pero las cifras invitan a preguntarnos qué sucede con la credibilidad de nuestras instituciones cuando percibimos que quienes participan en la vida pública defienden principios distintos dependiendo de sus intereses.
¿Cómo construir confianza si la imparcialidad parece exigible únicamente a quienes piensan diferente? ¿Cómo reclamar congruencia cuando estamos dispuestos a justificar en nuestros aliados aquello que reprochamos a nuestros adversarios?
Una democracia necesita reglas claras y autoridades obligadas a respetarlas. También necesita una ciudadanía capaz de exigir su cumplimiento sin convertir cada principio en un argumento partidista.
Esto supone reconocer que las personas que concluyen una responsabilidad pública conservan sus derechos políticos, aunque no compartamos las opciones que elijan. También exige que los cuestionamientos sobre la imparcialidad de quienes permanecen en funciones se apoyen en hechos verificables y no exclusivamente en afinidades que suponemos o que nos resultan incómodas.
Si defendemos la libertad de asociación de unos, debemos estar dispuestos a reconocerla en los demás. Si exigimos neutralidad a una autoridad, el estándar debería mantenerse independientemente de quién resulte favorecido o perjudicado por sus decisiones. Y si creemos que estamos defendiendo una causa justa, tampoco deberíamos asumir que cualquier medio empleado para alcanzarla queda automáticamente justificado. Ni siquiera cuando esa causa sea la defensa de la democracia.
Podemos discutir si hacen falta reglas más precisas sobre incompatibilidades, conflictos de interés o periodos de separación entre determinadas responsabilidades públicas y la participación política. Es una discusión jurídicamente posible, siempre que cualquier restricción respete los derechos fundamentales y supere las exigencias constitucionales de proporcionalidad, pero ninguna reforma podrá resolver por completo aquello que depende de nuestras propias decisiones. Siempre habrá conductas legalmente permitidas que nos obliguen a preguntarnos si son congruentes con los principios que afirmamos defender.
Tal vez una parte del deterioro de nuestra cultura democrática tenga que ver con esa dificultad para mantener nuestras convicciones cuando dejan de favorecernos, nos resulta más fácil reconocer las contradicciones ajenas que admitir las propias.
Séneca planteó hace siglos una idea que seguimos resistiéndonos a aceptar: tener derecho a hacer algo no significa que siempre debamos hacerlo y, quizá, ahí esté la pregunta que más nos incomoda: ¿seguiríamos defendiendo una conducta como correcta si quien la realizara fuera nuestro adversario político?







