Nuevamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atenta contra la independencia del poder judicial, la división de Poderes y el principio de supremacía de la ley, al instruir a sus subordinados que desobedezcan el mandato de los jueces cuando no estén de acuerdo con ellos.
Concretamente, desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no acatar los fallos de los jueces cuando se pretenda liberar a delincuentes en un “sabadazo” por cargos de corrupción, “no puedo porque yo tengo otros datos”, sería la respuesta que el Presidente aconsejó a los encargados de hacer cumplir la ley.
Igualmente, ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que elimina la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, AMLO calificó de vergonzosa la actuación de los ministros y los acusó de defender a los delincuentes de cuello blanco.
Con estas acciones el Presidente hace una vez más gala de su desprecio por el cumplimiento de las leyes y del desconocimiento del sistema penal mexicano, que prioriza el principio universal de presunción de inocencia. “Es muy lamentable, es una vergüenza eso, imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros”, expresó en una de sus conferencias matutinas.
Lo peligroso de que un presidente con su poder de convocatoria llame a desobedecer a las autoridades y pretenda pasar una y otra vez por encima de la ley, es que no solo se vulnera la autonomía del Poder Judicial, además pone en riesgo a los mismos funcionarios que podrían enfrentar cargos administrativos, incluso penales, y pone en riesgo, repetidamente, la vigencia del Estado de Derecho.
Frente al nuevo embate, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que preside el Mgdo. Froylán Muñoz Alvarado, lamentó el llamado a desacatar las resoluciones de los juzgadores y juzgadoras federales, ya que tal actitud es contraria a la división de poderes, en la que se basa el Estado Democrático de Derecho y a la misma Constitución, advirtiendo que el incumplimiento injustificado de resoluciones judiciales da lugar a responsabilidad administrativa y penal.
Estos hechos se añaden a las declaraciones que hiciera el Subsecretario de la SSP, Ricardo Mejía, quién reclamó el fallo de una jueza que suspende la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, señalando que la jueza excedió sus facultades y era necesario exhibirla.
No solo la JUFED, otras organizaciones civiles también se expresaron en defensa de la labor jurisdiccional y pidieron al Consejo de la Judicatura Federal y al presidente de la SCJN instaurar un sistema de protección para los juzgadores y juzgadoras, por supuesto, pidieron respeto a la división de Poderes y llamaron a la ciudadanía a no aceptar los ataques y manifestarse en contra de ellos.
Es una pena que quien impulsa una reforma contra un órgano autónomo, porque considera que no garantiza la democracia, sea él que cada mañana, con sus descalificaciones y acciones contra la ley vulnere el Estado de Derecho. A la ciudadanía se le tiene que recordar que la violación de un fallo constitucional vulnera el respeto de nuestros derechos. México debe permanecer y restaurar su imagen como un país de leyes, de las que nadie puede estar por encima.
