Entrevista con el Dr. Edgardo Buscaglia, Especialista de la ONU, académico e investigador en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia.
El Dr. Edgardo Buscaglia analiza en esta entrevista los puntos críticos de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la cual asegura que se orienta hacia la concentración del poder y la discrecionalidad, en detrimento de un sistema judicial transparente y efectivo que respalde la libertad individual. Además de que anula los avances logrados en las últimas tres décadas hacia un sistema judicial más justo y accesible.
“Las reformas judiciales son un reflejo del modelo político prevaleciente en un país, en una región o en general en el mundo. El modelo político que está detrás de la reforma judicial de López Obrador es uno de concentración del poder, de discrecionalidad ilimitada, con menos controles que los que teníamos antes.”
Edgardo Buscaglia asegura que la reforma de AMLO rechaza los principios republicanos y promueve un sistema autoritario que busca concentrar el poder en una sola persona, y peligrosamente busca legalizar la corrupción y la influencia del crimen organizado en el sistema judicial y electoral. Advierte que este modelo autoritario, similar al de líderes como Orbán y Putin, tiene como objetivo transformar al Poder Judicial en un mero instrumento del Poder Ejecutivo, eliminando los controles y equilibrios propios de una república.
De acuerdo con el Dr. Buscaglia, México podría tener un Poder Judicial al servicio de la delincuencia organizada, permitiendo la legalización del dinero sucio en la economía formal. Sin controles patrimoniales, la elección de jueces podría ser financiada por el crimen organizado, lo que resultaría en un sistema judicial corrupto y menos efectivo. La falta de controles internos ha impedido la correcta implementación de reformas judiciales en el pasado.
Finalmente, asegura que el Consejo de la Judicatura debe tener un rol jurisdiccional efectivo, realizando auditorías aleatorias de resoluciones judiciales y no solo atendiendo denuncias. Se sugiere que sus miembros sean seleccionados de forma meritocrática por diversos sectores, con participación del Congreso, asegurando que el Poder Judicial rinda cuentas sobre su desempeño. En lugar de desmantelar las reformas previas, se debería fortalecer el Consejo, pero en México se está promoviendo una contrarreforma que va en contra de los avances hacia un estado democrático de derecho y que concentra nuevamente el poder en la presidencia. Presentamos a nuestros lectores la parte sustancial de esta interesante entrevista.
FORO JURÍDICO (FJ): ¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE LA REFORMA JUDICIAL PRESENTADA POR EL PRESIDENTE AMLO?
EDGARDO BUSCAGLIA (EB): Cuando estudiaba filosofía del derecho observaba la eterna lucha entre los sistemas legales que apuntan a expandir los ámbitos de la libertad humana, de la acción humana en libertad promoviendo la innovación grupal de organizaciones, de personas que libremente inviertan sin que el Estado esté ahorcando la iniciativa, ya sea empresarial o iniciativa social privada. Siempre ha estado presente en la humanidad la pugna entre los sistemas que apuntan a expandir la libertad y los sistemas políticos y legales que apuntan a concentrar el poder, siempre con objetivos grandilocuentes, ahora estamos en una nueva etapa de la historia de la humanidad en donde nuevamente volvemos a la vieja pugna entre sistemas que intentan otorgarle libertad a las personas y sistemas que intentan subyugar a las personas, esclavizarlas bajo la excusa de un objetivo grandilocuente social transformador. Esa ha sido la historia de la humanidad, nuestras abuelas nos decían que hay un ángel y un pequeño diablo en cada hombro y los seres humanos tenemos esas tendencias hacia la oscuridad y hacia la luz, uno siempre espera que triunfe la luz y México, así como otros países tan diversos como Hungría, China, Cuba y Venezuela, que tradicionalmente han venido padeciendo sistemas autoritarios, ha tomado un rumbo en sentido contraproducente, con la excusa de transformar al país y darle mayor espacio y progreso social a las personas y a los millones de mexicanas y mexicanos que fueron olvidados a través del autoritarismo, que es la concentración del poder para imponer la voluntad del que tiene el mando.
Esto se conjuga con la demagogia, y tenemos un cóctel explosivo. Las reformas judiciales son un reflejo del modelo político prevaleciente en un país, en una región o en general en el mundo. El modelo político que está detrás de la reforma judicial de López Obrador es un modelo político de concentración del poder, de discrecionalidad ilimitada, con menos controles que los que teníamos antes.
Es un modelo político, que retomará la Dra. Sheinbaum, discípula de López Obrador, quien desde su época como estudiante de la UNAM abogaba por los sistemas autoritarios de Cuba y Nicaragua, defendía sistemas políticos impresentables. Tenemos una situación en donde la reforma judicial mexicana es realmente una contrarreforma que apunta a anular los principios de las buenas reformas judiciales de 1994 y las posteriores. En la primera década de este milenio se apuntaba hacia un Poder Judicial transparente, expedito, efectivo. Transparente en el sentido de hacer justicia de cara al pueblo, no el juicio oral con carácter acusatorio, sino el acceso de la población al procesamiento de hacer justicia.
Los principios que estaban plasmados en estas reformas judiciales desde los 90 hasta la primera década de este milenio, estaban fundamentados en principios sólidamente democráticos, apuntaban hacia un estado de derecho, pero siempre existe esa brecha entre la ley en los libros y la ley en acción como siempre, nosotros nos encargamos de medir cuáles son esas brechas. Yo estudio un tema denominado jurimetría procesal, jurimetría sustantiva, con la que evaluamos los procesamientos de causas, los impulsos de causas penales propios de las fiscalías, evaluamos los datos duros que surgen de las técnicas de investigación apropiadas que se aplican o no se aplican en un país, además de los diferentes eslabones del sistema de administración de justicia, policía, fiscalía, Poder Judicial y sistema penitenciario. Lo evaluamos a la luz de las leyes internacionales, convenciones de la ONU que son leyes internacionales, tienen rango constitucional en muchos países en donde afirman y ratifican estas leyes internacionales que plasman las mejores prácticas en reformas judiciales, las mejores prácticas en técnicas de investigación, cooperación interinstitucional, transparencia, eficiencia, efectividad.
Nosotros evaluamos si se están implementando adecuadamente en coordinación con otros estados de otros países. Desde la época de Zedillo y de Fox las variables de implementación y eficiencia, efectividad, calidad de las resoluciones, cooperación internacional iban mejorando con respecto a las mismas variables desde los años 80, iban mejorando lentamente. A medida que se fueron implementando algunos principios de la Reforma judicial del 94, desde la Corte Suprema hacia abajo, vimos que fueron mejorando. Nosotros tomamos muestras de causas en materia civil penal para evaluar con datos duros si se aplican o no se aplican mejores prácticas internacionales, si existen controles de las resoluciones por parte de las fiscalías, controles internos, externos, sociales, con base en estas leyes internacionales que México ha ratificado.
Al inicio de la administración de Calderón, las variables de eficiencia, efectividad y transparencia estaban colapsando, es decir, la implementación de las reformas del 94 y del 2008 fue en teoría magnífico, en la práctica, un fracaso. Por lo tanto, cuando una orquesta desafina y el sistema de administración de justicia penal es una orquesta, cuando no coordinan bien policía, fiscalía, sistema penitenciario, etc., son como una orquesta que desafina, por lo tanto, hay que encontrar la manera de que coordinen mejor, de que el fiscal sea el director jurídico de la investigación, de la policía. Que asuma el rol de que los fiscales deben tener controles adecuados para que no se cometan abusos de discrecionalidad para que el acceso a la justicia, que no pasa solamente por lo geográfico o por el costo económico directo de los abogados, sino que también pasa por los abusos de los fiscales, del ministerio público hacia la víctima por soborno o maltrato, fue colapsando en México a medida que pasaron los años y los indicadores lamentablemente dan cuenta de que a pesar de que en teoría las reformas judiciales eran en principio adecuadas, con base en las mejores prácticas internacionales, en la práctica la delincuencia organizada con su corrupción del Estado, en las fiscalías, en los estados, entidades federativas, principalmente la corrupción mafiosa en el fuero común, ha hecho que esas reformas judiciales no se puedan implementar adecuadamente.
“La idea es justamente intentar retomar la implementación práctica de esos principios adecuados que llevaron adelante las principales reformas desde los 90 hasta la década pasada, que tenían en consideración la necesidad de establecer una defensoría pública de oficio bajo el principio de la igualdad de partes con las fiscalías, con la posibilidad de realizar investigaciones paralelas a las de los fiscales para que el defensor público pueda actuar en igualdad de partes, y poder tener un acceso a la justicia más adecuado.”
Sin embargo, la solución no es que si una orquesta desafina, debes despedir a todos los músicos y te quedas sin orquesta. La idea es justamente intentar retomar la implementación práctica de esos principios adecuados que llevaron adelante las principales reformas desde los 90 hasta la década pasada, que tenían en consideración la necesidad de establecer una defensoría pública de oficio bajo el principio de la igualdad de partes con las fiscalías, con un financiamiento presupuestario adecuado con la posibilidad de realizar investigaciones paralelas a las de los fiscales para que el defensor público pueda actuar en igualdad de partes, y poder tener un acceso a la justicia más adecuado. Combatiendo la corrupción de la delincuencia organizada que tiene un canceroso efecto sobre las policías, sobre sobre las fiscalías, sobre los jueces, en las entidades donde la mayoría de las causas judiciales recaen. En México el 80% de las causas recaen en el fuero común.
FJ: ¿NO CREE QUE POLITIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS JUZGADORES MEDIANTE EL VOTO POPULAR ES CONVERTIR A LOS AMIGOS DEL PODER EN JUECES Y MAGISTRADOS, ES ABRIRLE LA PUERTA A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y A LOS GRUPOS DE PODER REGIONALES Y NACIONALES PARA QUE ESCOJAN A SUS JUECES?
EB: El modelo político, la visión política de los que sostienen el poder hoy en México es de no creer, de rechazar los principios republicanos, de que no existan tres Poderes que puedan ejercer el control el uno al otro, con ese equilibrio que exige toda república, sea francesa, mexicana, argentina, etc. Ellos creen que la persona que está en el poder tiene la obligación, el deber y la autoridad para imponer su visión, pues para eso fue votado. Son autoritarios aunque no lo sepan, por lo tanto, las reformas judiciales que surgen de las cabecitas de esta gente son autoritarias, uno puede abogar o argumentar que la delincuencia organizada ya tiene influencia sobre el Poder Judicial actual, especialmente el fuero común, yo diría que si la delincuencia organizada amenaza jueces, compra jueces, fiscales, asesina jueces, ya tienen influencia, pero lo que quiere hacer López Obrador con esta reforma es legalizar esa situación, es decir, legalizar la entrada del mismo dinero sucio que hoy determina quién gana y quién pierde las elecciones en México.
“La visión política de los que sostienen el poder hoy en México es de no creer, de rechazar los principios republicanos, de que no existan tres Poderes que puedan ejercer el control el uno al otro, con ese equilibrio que exige toda república, sea francesa, mexicana, argentina, etc.”
Quieren de alguna manera legalizar esa corrupción mafiosa a través de un mecanismo electoral que es impresentable en México, es un sistema electoral sin controles patrimoniales, sociales ni políticos. Los partidos no tienen auditorías obligatorias, las candidaturas tampoco y quieren incorporar ese modelo político mafioso que él conoce muy bien porque lo mama desde que era chico, lo quiere incorporar al sistema judicial como un mecanismo de control del Poder Judicial y de todo el sistema judicial en donde van a ser como empleados postales para el Poder Ejecutivo en turno. Ese es el modelo autoritario de Orbán, de Putin, de China, ese es el modelo autoritario que fracasa.
En algunos estados del sureste de EE. UU. los jueces son elegidos a través de un proceso electoral, Cuando nosotros evaluamos la efectividad, es decir, la calidad de las resoluciones de los sistemas judiciales estatales en donde el juez es sometido a un proceso electoral, sea Alabama, Luisiana, y los comparamos con otros estados como Washington donde los jueces son elegidos a través de un proceso técnico, servicio civil de carrera, etc., los estados que tienen procesos electorales donde la política interviene en el nombramiento del juez a través de un proceso electoral como el de cualquier diputado son los de peor calidad de resolución, los que más corrupción judicial tienen, es decir, es sistemático.
Los estados donde los jueces son elegidos a través de procesos electorales politizados tienen indicadores de calidad de las resoluciones comparadas con Bolivia, Perú, Nigeria, razón por la cual la corrupción judicial en promedio en Estados Unidos está 40 lugares debajo de los niveles de países que cuentan con un proceso técnico meritocrático para elegir a sus jueces, lo cual no quiere decir que no existan controles sociales. Los controles sociales, como vengo abogando hace muchos años en México, las auditorías sociales de redes de sociedad civil, que cuando están reguladas para tener la atribución legal de auditar la calidad de las resoluciones de los jueces, para denunciar abusos de discrecionalidad procesales o sustantivos en las resoluciones, cuando la sociedad civil tiene la capacidad de auditar, no solamente de acceder a la información, sino de auditar, evaluar y denunciar, ese tipo de controles sociales son sanos y funcionan muy bien.
En Francia, Alemania y Estados Unidos no se necesita un proceso electoral para lograr que la calidad de las resoluciones sea adecuada, el nombramiento de los jueces debe pasar a través de un proceso político institucional y social donde la sociedad civil puede comparecer ante el Congreso, ante las comisiones para elogiar o denunciar a las candidaturas que se presenten. Ese tipo de controles sociales existen en las democracias modernas, eso es lo que no quiere hacer López Obrador, Orbán, Castro, Bukele. No hay ideología de derecha o de izquierda, es autoritarismo demagógico.
FJ: DE ACUERDO CON INFORMACIÓN DE UNA RELATORA DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD, EN EE. UU. LOS JUECES LOCALES QUE SON ELEGIDOS POR VOTO POPULAR RESPONDEN A LOS INTERESES DE LOS GRANDES ELECTORES QUE LOS PROMUEVEN, EMPRESARIOS, POLÍTICOS, CRIMEN ORGANIZADO, ETC. POR LO CUAL, QUEDA RELEGADO EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA PARA LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS. ¿ESTO PODRÍA SUCEDER EN MÉXICO?
EB: Sin duda, México va a tener a un Poder Judicial al servicio de la delincuencia organizada que legaliza sus dineros sucios en los sectores legales de la economía. En países como Estados Unidos donde hay muchos controles patrimoniales se produce este cuadro dantesco de conflictos de intereses donde empresas legales con dinero sucio influyen en la nominación y elección de jueces, después se producen los conflictos de interés cuando aparecen causas en donde estas mismas empresas tienen sus intereses frente al mismo juez que estas mismas empresas eligieron y financiaron. En México es aún más grave ya que no existen controles patrimoniales, por lo tanto, se va a crear un Poder Judicial que legaliza la elección de los jueces a través de la delincuencia organizada que financia las campañas de estos jueces, como lo hace con los políticos actualmente, el financiamiento del 99% de las campañas políticas mexicanas es ilegal, es decir, el dinero entra violando el marco jurídico normativo que existe hoy en México, imagínate extender ese sistema legalizándolo en la elección de jueces, vas a tener jueces de la delincuencia organizada nombrados legalmente.
“En México no existen controles patrimoniales, por lo tanto, se va a crear un Poder Judicial que legaliza la elección de los jueces a través de la delincuencia organizada que financia las campañas de estos jueces, como lo hace con los políticos actualmente.”
Lo que están haciendo es crear un sistema judicial legalmente mafioso en donde México va a quedarse con menos efectividad en sus resoluciones, es decir, menos calidad de resoluciones judiciales, menos eficiencia, menos acceso a la justicia porque la corrupción va a aumentar, menos controles porque una de las razones por las cuales las reformas judiciales de los 90 y la de la primera década de este milenio no se implementaron bien es porque no se establecieron los tres tipos de controles internos legislativos y sociales que explicamos en un libro titulado Sistema de administración de justicia penal. Teoría y práctica, donde explicamos los tipos de control a los cuales tiene que estar sujeto un juez, un fiscal, la policía con base en los diferentes controles que tiene cada sistema. México no tiene ninguno de esos controles, por eso las reformas bien intencionadas, con principios sólidos de los 90 y de la primera década de este milenio no se implementaron adecuadamente, se resistían a esos controles los actores del sistema y muchas veces los políticos que querían tener influencia.
López Obrador no solo se va a deshacer de esos controles en la práctica, sino en la teoría también, se va a crear un sistema judicial a imagen y semejanza del Ejecutivo en turno, un virrey que va a decidir a quién le financia las campañas, quien puede ser juez y quien no, y va a haber una pesadilla mafiosa legalizada. Lo que más me preocupa de México es el acceso a la justicia principalmente bloqueado por corrupción, no solamente por pobreza, y la falta de un sistema de defensoría público adecuado, falta de asesoría jurídica en general en todas las materias. Va a empeorar aún más, en los países donde evaluamos reformas como las que propone López Obrador, los sistemas judiciales colapsaron en eficiencia y calidad de las resoluciones, aumentó la corrupción judicial y la delincuencia organizada. Los peores indicadores que medimos con datos duros son los estados donde aplican lo que López Obrador quiere aplicar.
FJ: ¿QUÉ OPINA SOBRE LA PROPUESTA DE CREAR UN TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL QUE FUNCIONARÁ COMO UN TRIBUNAL DE INQUISICIÓN?
EB: Uno de los controles que debe ser institucionalizado es el rol jurisdiccional que tienen los Consejos de la Judicatura, en donde el presidente de la Corte no debería ser el presidente del Consejo, el Consejo de la Judicatura debería tener un rol jurisdiccional que no lo ejercía adecuadamente, de no solamente atender las denuncias, sino un rol de muestra aleatoria, de resoluciones de juzgados, en donde se determine si existieron o no abuso. Una especie de auditoría institucional que debería haber llevado adelante el Consejo de la Judicatura con miembros propuestos por la sociedad civil, por partidos, por los Poderes del Estado, por el Poder Judicial. Debe existir una desconcentración del poder en las nominaciones que vayan a ese Consejo y después se les evalúa con criterios técnicos meritocráticos de acuerdo a un proceso de competencia y se obtienen los votos.
El Congreso tiene que intervenir en una democracia a la hora de establecer un proceso de elección de miembros del Consejo, está muy bien en todos los sistemas democráticos del mundo con estado de derecho, el Poder Judicial tiene que darle cuentas al pueblo de cómo gasta el dinero, cuáles son los variables indicadores de efectividad que están aplicando a su trabajo, tienen que comparecer ante el pueblo, ante el Congreso para dar cuentas. Lo hacen los ministros de la Corte Suprema norteamericana cuando comparecen frente al Congreso el pueblo tiene el derecho, pero tiene que haber un proceso meritocrático en donde diferentes focos de poder social, políticos, judicial propongan a miembros del Consejo de la Judicatura y que estos tengan no solamente el rol administrativo, el rol de disciplina reaccionando ante denuncias, sino también el rol de control aleatorio de la calidad de las resoluciones de los juzgados, auditorías como se aplican en Francia.
“Lo que está pasando en México es una contrarreforma, están yéndose contra las reformas previas que en teoría eran compatibles con un estado democrático de derecho que se tendría que haber implementado muchísimo mejor y que el sistema político se resistía a implementar.”
Esto debería de implementarse en México porque el Consejo de la Judicatura tiene un rol jurisdiccional, eso no estaba desarrollado, es decir, no hace falta tirar a la orquesta entera, cuando algo no funciona tienes que mejorarlo para lograr los objetivos que estaban originalmente en las reformas del 94 y las posteriores. Lo que está pasando en México es una contrarreforma, están yéndose contra las reformas previas que en teoría eran compatibles con un estado democrático de derecho que se tendría que haber implementado muchísimo mejor y que el sistema político se resistía a implementar. No olvidemos que México viene de muchas décadas el siglo pasado de un partido único de Estado, donde había tendencias de rechazo a los controles institucionales, había una concentración del poder desmedido en la presidencia de la República, por lo tanto, había una resistencia a implementar los principios muy bien formulados en las reformas, desde Zedillo en adelante.
Edgardo Buscaglia es Doctor en derecho y Economía, cuenta con estudios posdoctorales en Jurisprudencia y Política Social por la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, y la Universidad de California. Es cofundador de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía (ALACDE). Académico Investigador Senior en Derecho y Economía, Senior Law and Economics Scholar en la Universidad de Columbia, Nueva York. Se ha desempeñado como como Director del International Law and Economic Development Centre, Presidente del Directorio del Friends of the Wildlife Justice Commission y Presidente del Instituto de Acción Ciudadana.
