El enfrentamiento entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Ejecutivo Federal, que durante años mantuvo en vilo a la sociedad mexicana, finalmente llegó a un desenlace contundente. La promesa del Presidente de revolucionar desde sus entrañas al Poder Judicial no quedó en palabras, sino que se materializó en un cambio estructural que dejó huella en la historia contemporánea de México.
El primer indicio de que la balanza se inclinaba a favor del Ejecutivo se produjo cuando el llamado Plan C logró su objetivo: el voto masivo de la ciudadanía en las elecciones intermedias otorgó a Morena y sus aliados la mayoría parlamentaria necesaria para llevar a cabo las reformas constitucionales que cambiarían el rostro del Poder Judicial en México.
“La reforma al Poder Judicial, aprobada con rapidez inusitada por el Congreso, significó un cambio de paradigma. La reestructuración incluyó la reducción de los poderes y privilegios de la SCJN, así como la creación de nuevos mecanismos de supervisión y control sobre las decisiones judiciales.”
El apoyo popular, forjado a través de una narrativa de lucha contra la corrupción, la austeridad republicana y la eliminación de privilegios, se convirtió en el arma decisiva que consolidó la victoria del Ejecutivo.
La reforma al Poder Judicial, aprobada con rapidez inusitada por el Congreso, significó un cambio de paradigma. La reestructuración incluyó la reducción de los poderes y privilegios de la SCJN, así como la creación de nuevos mecanismos de supervisión y control sobre las decisiones judiciales.
Entre las modificaciones más notables estuvo la eliminación de los fideicomisos que habían sido motivo de controversia, garantizando que los recursos públicos no ejercidos fueran reintegrados al erario y utilizados para el beneficio de la sociedad en su conjunto, y no para la creación de fondos discrecionales.
Además, la reforma contempló la reducción de los salarios de los ministros de la SCJN, alineándolos con la política de austeridad promovida por el Ejecutivo. Esta medida, que había sido un punto álgido en el enfrentamiento entre Poderes, se convirtió en símbolo de la nueva realidad política del país: un México donde los servidores públicos, incluidos los más altos funcionarios judiciales, debían ajustarse a los principios de moderación y transparencia.
Con la reforma, el Presidente López Obrador logró lo que había prometido desde el inicio de su administración: transformar radicalmente las instituciones del Estado para que estas respondieran a la voluntad popular y no a los intereses de unos pocos.
La SCJN, que durante décadas había sido vista como un baluarte de poder autónomo y muchas veces inalcanzable, fue sometida a un proceso de democratización que, aunque controvertido, resonó profundamente en una sociedad cansada de los abusos y privilegios históricos.
Las críticas, por supuesto, no tardaron en surgir. Para muchos, esta victoria del Ejecutivo representó un peligroso precedente de concentración de poder, donde la independencia judicial quedó en entredicho. Sin embargo, para otros, la reforma fue un paso necesario en la consolidación de una verdadera democracia, donde los Poderes del Estado deben ser responsables ante la ciudadanía y no estar por encima de ella.
En el plano internacional, la reforma judicial mexicana despertó tanto elogios como preocupaciones. Mientras que algunos gobiernos y organizaciones aplaudieron el esfuerzo por combatir la corrupción y reformar una de las instituciones más opacas del país, otros expresaron su inquietud por el futuro de la independencia judicial en México. No obstante, lo cierto es que el Ejecutivo logró, con el respaldo del voto popular, materializar una transformación que marcará el rumbo del país en las próximas décadas.
Así, la lucha de gigantes llegó a su fin con una victoria que redefinió el equilibrio de poder en México. El Ejecutivo, fortalecido por el respaldo ciudadano, consiguió no solo doblegar a la SCJN, sino también reconfigurar el escenario político y jurídico de la nación. Ahora, bajo el nuevo orden institucional, el desafío será mantener ese delicado equilibrio entre la autoridad y la justicia, entre la voluntad popular y el respeto a los derechos fundamentales.
En esta columna, en el mes de junio del 2023, publicamos la primera parte de esta historia, titulada Lucha de Gigantes: Corte vs. Ejecutivo. A un año y un mes de distancia, el desenlace de esta batalla deja una lección clara: en una democracia, el poder emana del pueblo, y es este, en última instancia, quien decide el curso de la historia. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si esta victoria del Ejecutivo realmente ha fortalecido la democracia o si, por el contrario, ha sembrado las semillas de un nuevo tipo de autoritarismo, uno que se presenta bajo la bandera de la transformación, pero que podría, en su afán de reformar, socavar los principios sobre los cuales se erige la justicia.
El tiempo nos dará la respuesta y la pauta para escribir en algunos años la tercera parte de esta historia. Lo que es innegable es que al inicio del gobierno del presidente López Obrador, se orquestaron profundas campañas presagiando el peor de los destinos del país y de los mexicanos, asegurándose además que se modificaría la constitución para reelegir al tabasqueño indefinidamente en la silla presidencial. En este fin de sexenio, lo único que es tangible y evidente es que esas campañas y negros augurios jamás se cumplieron, y eso el pueblo lo ha valorado y demostrado en las urnas.
En palabras de Toño Vega, después de haber convertido el aire en gas natural, después del duelo salvaje, el pueblo inclinó la balanza. Este pasaje quedará para la historia como capitulo obligado de estudio en derecho constitucional, y en la teoría y práctica de la división de Poderes, donde la división de poderes de Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, no pudo con la idea de que la soberanía reside en el pueblo de Jean Jacques Rousseau.
