La organización Tojil presentó un amicus curiae ante el Juez de Control del Reclusorio Norte Artemio Zúñiga, para que rechace la aprobación de cualquier acuerdo que viole lo establecido por la Ley en el caso Lozoya. Esto debido a que por medios de comunicación y en audiencia pública se dio a conocer que la Fiscalía General de la República pretende llegar a acuerdos ilegales con Emilio Lozoya, a fin de exonerarlo de los casos de corrupción y lavado de dinero en los asuntos relacionados con la planta de Agronitrogenados y Odebrecht.
Tojil argumenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe la aplicación del criterio de oportunidad en los casos de interés público- tal como lo es un caso de gran corrupción en el que se encuentra involucrado un ex funcionario público de la mayor jerarquía. Asimismo, en el escrito se expone que tampoco son procedentes los acuerdos reparatorios en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita-mejor conocido como lavado de dinero-. Por lo que, de aprobarse el criterio de oportunidad o el acuerdo se estaría actuando de manera irregular con el único fin de favorecer a Emilio Lozoya en uno de los escándalos de corrupción más graves en América Latina.
Desde 2020, la organización ha recurrido a los tribunales mexicanos para exigir su participación como víctima de corrupción en el caso Lozoya; sin embargo, tanto la FGR como el Poder Judicial de la Federación se han negado sistemáticamente a que las víctimas de corrupción participen dentro del proceso penal y con ello evitar las arbitrariedades que se pretenden cometer. Por ello es evidente que la obstrucción de los fiscales y jueces atiende al pacto de impunidad sistemática en nuestro país.
Este acuerdo es negociado en el contexto de una FGR utilizada para atender asuntos personales del Fiscal Gertz Manero, quien se ha dedicado a usar a la Fiscalía para extorsionar a sus enemigos mediante tráfico de influencias y para negociar impunidad en favor de los corruptos que más le han hecho daño a México. Ante esto, el Poder Judicial es pieza clave para poner un freno a la Fiscalía y rechazar el acuerdo al que llegue con Lozoya, lo cual, lo obligaría a ir a un juicio público en el que se esclarezcan los hechos y en su caso, responda por los graves hechos de corrupción de los que se le acusa.
Ante la evidente corrupción y abuso de poder que permea en la FGR, hacemos un llamado al Juez Artemio Zúñiga a defender a las víctimas de corrupción, a que impida que se sigan violando los derechos humanos de todos los mexicanos y que no acepte el acuerdo al que lleguen la FGR y Lozoya, solo así podremos frenar la impunidad en el caso Odebrecht-México, y si bien las audiencias han sido diferidas, aún persiste el riesgo de que la Fiscalía avance con las negociaciones sin tomar en cuenta la improcedencia e ilegalidad de cualquier acuerdo con Lozoya.
