Con los lamentables acontecimientos de la semana pasada en la cárcel de Sinaloa y la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nos podemos dar cuenta de la crisis que aqueja al sistema penitenciario no solamente del ese Estado, sino a nivel nacional.
Como un breve recuento de los daños, recordaré que el pasado 31 de mayo del 2026, se dio a conocer a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales la riña que se llevó a cabo en el módulo 7 del Centro Penitenciario de Aguaruto, Sinaloa el cual dejó 7 personas privadas de la libertad (PPL) muertas y 1 herido.
El jueves de la semana pasada, se registró una riña en el Centro penitenciario de “El Castillo”, en Mazatlán, Sinaloa, durante este lamentable hecho, 9 personas privadas de la libertad (PPL) y una visita perdieron la vida, otras 16 PPL resultaron heridas. Un día después, se suscitaron nuevos hechos de violencia en los que se registraron 2 PPL muertas con arma blanca. Lo anterior, de acuerdo con la información emitida por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Desafortunadamente existen otros problemas que no son para nada, menos graves, ya que, dicho Diagnóstico de la CNDH nos muestra la problemática existente en los 278 Centros Penitenciarios que fueron supervisados (Federales, Estatales y Militares).
Para muestra basta un botón, respecto a los suicidios, se menciona que:
“…en 2025, en las cárceles del país se registraron 101 suicidios de internos, un incremento de 114 por ciento en comparación con los casos de 2024, cuando fueron 47”.
En los centros federales, la CNDH señala que los suicidios:
“…pasaron de ocho en 2024 a 19 en 2025; 17 fueron de hombres y dos de mujeres, la mayoría de internos de entre 30 a 39 años de edad. La mayoría ocurrieron en Ceferesos de Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Coahuila, Durango, estado de México, Morelos, Sonora y Chiapas”.
Por lo que respecta a los homicidios cometidos en cárceles estatales, federales y militares en 2025, la CNDH reportó un total de “55, así como 805 riñas, 11 evasiones y/o fugas, así como 9 abusos, 6 casos de tortura o maltrato y 3 motines”.
En el rubro de la clasificación de las PPL, según el Diagnóstico, es inadecuada, en virtud de que el citado artículo 18 Constitucional nos dice, en términos generales que, debe existir una separación por situación jurídica y por género, a saber:
“…el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos y que las personas procesadas y las sentenciadas ocuparán instalaciones completamente distintas”.
Las procesadas son las que se encuentran en espera de juicio y las sentenciadas, las que cuentan con condena firme.
“…las mujeres y los hombres procesados deben estar separados de los sentenciados”.
El objetivo de esto es garantizar la presunción de inocencia de quienes aún no reciben una condena y evitar que compartan espacios con personas ya condenadas.
“…las mujeres compurgarán sus penas en lugares totalmente separados de los destinados a los hombres”.
Sin embargo, aunque ya no existe el término “Clasificación” porque desapareció el área del “Centro de Observación y Clasificación” (mejor conocido como COC) en la Ley Nacional de Ejecución establece que el “Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento” (CDUDT), lleva a cabo las actividades de evaluar, diagnosticar y clasificar a las personas de nuevo ingreso para definir su plan de actividades, perfil criminológico, dormitorio y/o Centro de Reinserción correspondiente.
Con relación a la seguridad, la mayoría de los Centros supervisados no cuentan con un plan para prevenir y resolver problemas violentos, aunado a que la plantilla del personal de seguridad y custodia es muy baja en comparación con el número de las PPL.
En cuanto a los servicios de salud, no cuentan con las instalaciones adecuadas, con los insumos y medicamentos necesarios para atender las diferentes enfermedades que pudieran manifestar las PPL, ni con programas para la atención, prevención y tratamiento contra las adicciones.
Además, en algunos Estados continúa la sobrepoblación y hacinamiento derivado del incremento en las decisiones de los juzgadores de imponer la prisión preventiva en lugar de conceder alguna alternativa para enfrentar el juicio en libertad o para aquellos que llevan mucho tiempo sin que se les dicte una sentencia.
En general, este diagnóstico de la CNDH evaluó las condiciones de reclusión, gobernabilidad y respeto a los derechos humanos en los Centros Penitenciarios de México, por lo que podemos ver las áreas de oportunidad que se tienen para lograr que se cumpla con el mandato del artículo 18 de nuestra Carta Magna, la reinserción social, a través de los 5 ejes, a saber: la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud y el deporte, así como lograr la dignificación de la estancia carcelaria, toda vez que implica dotar a las PPL de habilidades indispensables para su retorno a la sociedad, fortaleciendo los factores que pueden evitar la reincidencia.
También permite identificar de manera sistemática las condiciones materiales, normativas y buenas prácticas en la gestión operativa que inciden en la vida cotidiana dentro de los centros penitenciarios.
Del total de los 279 centros supervisados en las 32 entidades federativas, tenemos 262 considerados “estatales”, por encontrarse bajo administración y responsabilidad de las 32 entidades federativas, además de los 14 centros penitenciarios del sistema federal y 3 centros denominados como prisiones militares.
Ante esta situación, el Gobierno Federal proyecta un nuevo Centro de Reinserción Social en Sinaloapara 2,600 personasdentro de un plan de seis nuevas cárceles, que estarán en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, de acuerdo con lo dicho por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar H. García Harfuch, a través de su cuenta de X, que dice:
“…Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado. Mientras se concreta este proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional, @GN_MEXICO_, y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, @PyRS_Mexico, dependiente de @SSPCMexico. Agradecemos a la gobernadora de Sinaloa, @GracielaDguezN, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para hacer realidad este proyecto”.
Con esta respuesta del Gobierno Federal, considero que la construcción de más Centros Penitenciarios no es por completo la solución para sacar de esta crisis el sistema penitenciario, ayudaría mucho el erradicar la corrupción en todos sus niveles, incrementar el número de personal técnico, de seguridad y custodia, con los perfiles adecuados para cada área, mejor capacitados y con mejores salarios acordes a la responsabilidad que tienen en su labor para evitar que la delincuencia los corrompan.
Crear mejores programas de prevención general y especial (primaria, secundaria y terciaria), políticas públicas, educación, trabajo y seguridad para la sociedad con una estrategia integral que combine la prevención social, el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.
«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo» Nelson Mandela
Referencias
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2026-10/DNSP_2025.pdf
