La productividad legislativa en México ha sido históricamente evaluada a partir de indicadores cuantitativos relacionados con el número de iniciativas presentadas, asuntos aprobados o decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Estos modelos de medición generan distorsiones en la percepción de la productividad, produciendo efectos negativos en el trabajo legislativo al incentivar una hiperproducción de iniciativas imposibles de ser procesadas en el Congreso.
Por ello, resulta necesario comenzar por analizar la productividad bajo un enfoque integral basado en la calidad democrática del proceso legislativo, incorporando elementos relacionados con la deliberación parlamentaria, el respeto a las reglas procedimentales, la participación de las minorías, el funcionamiento de las comisiones y la capacidad real de incidencia parlamentaria de las y los legisladores.
El pasado 29 de abril concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, por lo que diversos medios de comunicación publicaron balances y análisis sobre la productividad legislativa a partir del número de iniciativas presentadas y asuntos aprobados, con la finalidad de identificar qué grupos parlamentarios y qué legisladores pueden considerarse como los “más productivos” dentro del Congreso (Caso et al., 2026).
Si bien, este tipo de análisis permite dimensionar de manera rápida el trabajo legislativo, dicha metodología privilegia una evaluación basada predominantemente en criterios cuantitativos. En la práctica, esto termina generando una distorsión en la medición de la productividad, toda vez que, con el propósito de ser percibidos por la opinión pública como “productivos”, las y los legisladores realizan presentaciones masivas de iniciativas sin reparar en su viabilidad jurídica, política o incluso en si estas concluirán su proceso legislativo.
Para ejemplificar lo anterior, basta con revisar la estadística del presente periodo, en el que se presentaron tan solo en la Cámara de Diputados 2 mil 800 iniciativas[1], una cifra materialmente imposible de procesar, analizar y dictaminar por parte de ese órgano legislativo, generando tensiones al interior del Congreso y colapsando la capacidad administrativa, técnica y parlamentaria para desarrollar procesos legislativos con niveles adecuados de deliberación y calidad democrática.
Esta dinámica de hiperproducción legislativa ha sido identificada por Roberto Ehrman como parte de una crisis contemporánea de la calidad legislativa, caracterizada por el crecimiento “hipertrófico” de las normas, la complejidad del proceso de producción legislativa y la proliferación de iniciativas redundantes o carentes de viabilidad técnica (Ehrman, 2025).
En este contexto, resulta relevante el planteamiento realizado por la Presidenta del Senado de la República, la Sen. Laura Itzel Castilllo, quien sostiene en su artículo sobre productividad legislativa que: “Equiparar la presentación de una iniciativa con la producción legislativa real es un error. La única medición sostenible, es aquella que se cuantifica a través de las páginas del Diario Oficial de la Federación (DOF). Es en este órgano de difusión del Estado donde el espíritu de la ley se materializa en decreto. Allí se refleja la verdadera productividad, en este documento esencial en donde las leyes y decretos entran en vigor a la hora de publicarse o al día siguiente de su publicación” (Castillo Juárez, 2026).
Si bien este argumento corrige parcialmente la distorsión derivada de medir la productividad a partir de la presentación de iniciativas, continúa privilegiando un enfoque cuantitativo centrado únicamente en el resultado final del proceso legislativo, excluyendo del análisis a quienes han presentado iniciativas, pero no han alcanzado la mayoría necesaria para ser aprobadas. Además, este criterio genera dos distorsiones relevantes adicionales.
La primera obliga a cuantificar de manera integrada el trabajo legislativo desarrollado en ambas Cámaras, invisibilizando aquellos asuntos que fueron aprobados en una de ellas pero que continúan pendientes de resolución en la otra. En consecuencia, agrupar ambas Cámaras dentro de una sola medición de productividad legislativa puede diluir elementos esenciales del desempeño parlamentario y generar conclusiones imprecisas sobre la eficacia institucional del Congreso.
La segunda distorsión generada por este criterio consiste en que la aprobación de iniciativas depende, en gran medida, de la configuración de las mayorías parlamentarias y de las dinámicas de control político al interior de los órganos legislativos. En este sentido, medir la productividad legislativa exclusivamente a partir de los asuntos publicados en el Diario Oficial de la Federación termina privilegiando estructuralmente a los grupos parlamentarios mayoritarios y a aquellos actores políticos con capacidad de control sobre la agenda legislativa.
Bajo esta lógica, la eficacia parlamentaria deja de evaluarse a partir del trabajo legislativo efectivamente desarrollado y pasa a depender principalmente de la capacidad numérica de las mayorías. Por ello, una evaluación integral de la productividad debe evitar que la lógica de las mayorías parlamentarias se convierta en el único parámetro para determinar la eficacia del trabajo legislativo.
Para ejemplificar lo anterior, analicemos los datos de las iniciativas presentadas y aprobadas por grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, durante los primeros dos años de ejercicio, considerando exclusivamente los periodos ordinarios de sesiones:
Tabla 1: Numeralia por Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario/ Ejecutivo | 1 Año | 2 Año | Total de Iniciativas Presentadas (A) | Iniciativas aprobadas en Cámara de Diputados y que se encuentran pendientes en el Senado. (B) | Iniciativas que fueron Publicadas en DOF (C) | |||
| Primer Periodo | Segundo Periodo | Primer Periodo | Segundo Periodo | Total de Iniciativas Aprobadas (A + B =D) | ||||
| Ejecutivo | 8 | 9 | 17* | 7 | 41 | 0 | 37 | 37 |
| MORENA | 189 | 372 | 531 | 740 | 1,832 | 44 | 23 | 67 |
| PAN | 119 | 182 | 297 | 314 | 912 | 36 | 27 | 63 |
| PRI | 89 | 114 | 155 | 257 | 615 | 18 | 3 | 21 |
| PVEM | 36 | 149 | 148 | 209 | 542 | 25 | 12 | 38 |
| PT | 69 | 91 | 120 | 116 | 396 | 12 | 10 | 22 |
| MC | 33 | 106 | 174 | 219 | 532 | 12 | 5 | 17 |
Fuente: Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados: Estadísticas del trabajo en el Pleno LXVI, consultado el 16 de mayo de 2026
* En el SIL de la CD marca 18 iniciativas presentadas, pero una de ellas es una iniciativa de un Congreso Local por lo que se realizó el ajuste en el presente cuadro.
Si analizamos esta información bajo el enfoque que considera la productividad a partir de la presentación de iniciativas, podemos observar que existe una distorsión inicial derivada de la integración de los grupos parlamentarios. El GPMORENA aparece como el más productivo al registrar el mayor número de iniciativas presentadas (1,832) y aprobadas (67), sin embargo, este dato guarda relación directa con el hecho de ser la fuerza parlamentaria con el mayor número de integrantes dentro de la Cámara de Diputados.
Por otro lado, si revisamos el porcentaje de aprobación con respecto a las iniciativas presentadas, encontramos los siguientes datos:
Tabla 2: Porcentaje de Iniciativas presentadas vs aprobadas
| Grupo | Iniciativas presentadas (A) | Iniciativas aprobadas (D) | % de aprobación (D /A*100) |
| Ejecutivo Federal | 41 | 37 | 90.24% |
| PVEM | 542 | 38 | 7.01% |
| PAN | 912 | 63 | 6.91% |
| PT | 396 | 22 | 5.56% |
| MORENA | 1,832 | 67 | 3.66% |
| PRI | 615 | 21 | 3.41% |
| MC | 532 | 17 | 3.20% |
Fuente: Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados: Estadísticas del trabajo en el Pleno LXVI, consultado el 16 de mayo de 2026
En primer lugar, el Poder Ejecutivo es el actor con mayor productividad legislativa en el Congreso con un 90% de aprobación de sus asuntos presentados. En contraste, el GPMORENA, pese a concentrar el mayor número de iniciativas presentadas, se posiciona en el quinto lugar en porcentaje de aprobación, con apenas un 3.66%, incluso por debajo del PT, que con un menor número de iniciativas alcanza un nivel de aprobación del 5.56%.
Lo anterior permite visibilizar con mayor claridad la distorsión que genera medir la productividad legislativa exclusivamente a partir del número de asuntos presentados, pues el número de iniciativas promovidas no se traduce necesariamente en una mayor eficacia parlamentaria dentro del proceso legislativo.
Ahora bien, si analizamos la misma información bajo el enfoque de productividad legislativa basada en los asuntos publicados en el Diario Oficial de la Federación, obtenemos la siguiente información:
Tabla 3: Porcentaje de Iniciativas presentadas vs publicadas en el DOF
| Grupo | Iniciativas presentadas (A) | Iniciativas publicadas en el DOF (C) | % de aprobación (C/A*100) |
| Ejecutivo Federal | 41 | 37 | 90.24% |
| PAN | 912 | 27 | 2.96% |
| PT | 396 | 10 | 2.53% |
| PVEM | 542 | 12 | 2.21% |
| MORENA | 1,832 | 23 | 1.26% |
| MC | 532 | 5 | 0.94% |
| PRI | 615 | 3 | 0.49% |
Fuente: Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados: Estadísticas del trabajo en el Pleno LXVI, consultado el 16 de mayo de 2026
Lo primero que se puede observar es que los niveles de productividad descienden por debajo del 3% en todos los grupos parlamentarios, por ejemplo, el GPPAN pasa de un 7.87% a un 2.96% es decir, desciende un 4.91%, esto se debe a que este criterio excluye lo aprobado en la Cámara de origen, impactando la productividad obtenida en la primera etapa del proceso legislativo.
De igual forma, se confirma la segunda distorsión previamente señalada: esta medición únicamente permite observar aquellos asuntos que las mayorías parlamentarias decidieron priorizar dentro de la agenda legislativa. En consecuencia, la productividad legislativa queda condicionada a aquello que la mayoría parlamentaria decide aprobar, invisibilizando el trabajo legislativo que, aun habiendo sido impulsado, discutido o incluso aprobado en alguna de las Cámaras, no logra concluir integralmente el procedimiento legislativo.
En este punto, es necesario advertir que el análisis desarrollado hasta ahora se encuentra sustentado exclusivamente en indicadores cuantitativos. Sin embargo, si incorporamos una revisión más profunda del contenido de los dictámenes mediante los cuales fueron discutidas y aprobadas las iniciativas del Ejecutivo Federal, es posible identificar elementos adicionales que permiten evidenciar nuevas distorsiones en la medición de la productividad legislativa:
Tabla 4: Iniciativas aprobadas excluyendo las consideradas en dictámenes del Ejecutivo Federal
| Grupo | Iniciativas aprobadas (A) | Iniciativas publicadas en el DOF (C) | Iniciativas que fueron aprobadas porque fueron consideradas en el dictamen por el que se aprobaron las iniciativas del Ejecutivo Federal (E) | Total de iniciativas aprobadas excluyendo las consideradas en dictámenes del Ejecutivo Federal (A-E) | Total de iniciativas publicadas en el DOF excluyendo las consideradas en dictámenes del Ejecutivo Federal (C-E) |
| PAN | 63 | 27 | 25 | 38 | 2 |
| PVEM | 38 | 12 | 12 | 26 | 0 |
| PT | 22 | 10 | 10 | 12 | 0 |
| MORENA | 67 | 23 | 15 | 52 | 8 |
| PRI | 21 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| MC | 17 | 5 | 5 | 12 | 0 |
Fuente: Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados: Estadísticas del trabajo en el Pleno LXVI, consultado el 16 de mayo de 2026
Los resultados de esta tabla permiten advertir elementos particularmente relevantes. Por ejemplo, el GPPAN registra 63 iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados; sin embargo, 25 de ellas fueron contabilizadas como aprobadas únicamente porque fueron incorporadas en dictámenes que analizaron iniciativas del Ejecutivo Federal, apareciendo enunciadas dentro del apartado de antecedentes, sin generar un impacto en el contenido del decreto aprobado. En consecuencia, solo 38 iniciativas corresponden realmente a asuntos propios impulsados por el grupo parlamentario y, de estas, solo 2 alcanzaron su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para los Grupos Parlamentarios del PVEM, PT, MC y PRI, aunque lograron la aprobación de asuntos en la Cámara de Diputados, la gran mayoría se quedaron pendientes de ser aprobados en el Senado de la República. En realidad, los únicos asuntos que concluyeron integralmente el procedimiento legislativo y alcanzaron publicación en el Diario Oficial de la Federación corresponden a aquellos que fueron incorporados dentro de los dictámenes relacionados con iniciativas del Ejecutivo Federal.
Cuando trasladamos los criterios de medición de productividad legislativa a iniciativas de las y los legisladores, podemos encontrar los mismos efectos. Para ejemplificar lo anterior, tomaremos como referencia el reportaje elaborado por N+ sobre productividad legislativa, a efecto de examinar a las y los diputados que aparecen en dicho listado como los más productivos (Tabla 5).
Tabla 5: Numeralia por Legislador
| Nombre | Grupo | Total de Iniciativas Presentadas* | Total de Iniciativas Aprobadas** | Iniciativas aprobadas en Cámara de Diputados y que se encuentran pendientes en el Senado** | Iniciativas que fueron Publicadas en DOF** |
| Dip. Ivonne Ortega Pacheco | MC | 122 | 5 | 1 | 4 |
| Dip. Yerico Abramo Masso | PRI | 91 | 1 | 1 | 0 |
| Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba | PAN | 80 | 11 | 1 | 10 |
| Dip. Fernando Jorge Castro Trenti | MORENA | 62 | 5 | 2 | 3 |
* Fuente: https://sitl.diputados.gob.mx/ se consideran únicamente las iniciativas que aparecen presentadas como iniciante, consultado el 16 de mayo de 2026
**Fuente: Gaceta Parlamentaria, base de datos de iniciativas, consultado el 16 de mayo de 2026
Como se puede observar, las distorsiones previamente señaladas también impactan en la medición individual de la productividad legislativa. Por ejemplo, mientras la diputada Ivonne Ortega aparece como la legisladora con mayor número de iniciativas, con 122 asuntos presentados, únicamente registra 5 iniciativas aprobadas, de las cuales, solo 4 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
En contraste, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba presentó 80 iniciativas, de las cuales 10 se encuentran publicadas en el DOF, lo que en principio permitiría sostener que su nivel de productividad es mayor que el de la diputada Ivonne Ortega. Sin embargo, al revisar su contenido, se advierte que dichas iniciativas fueron incorporadas únicamente en el apartado de antecedentes del dictamen relacionado con la iniciativa de la Presidencia de la República en materia de vapeadores, sin que sus propuestas fuesen consideradas por la mayoría en el decreto final.
Lo mismo sucede con el Dip. Castro Trenti, quien, de las 62 iniciativas presentadas, logró la aprobación de 5, de las cuales 2 aún están pendientes en el Senado y 3 publicadas en el DOF. Sin embargo, al revisar su contenido se advierte que las tres publicaciones corresponden a asuntos incorporados dentro de dictámenes relacionados con iniciativas impulsadas por el Ejecutivo Federal, mientras que las dos iniciativas propiamente promovidas por el diputado permanecen pendientes en el Senado.
Este patrón consistente en incorporar iniciativas de otros grupos parlamentarios de manera meramente enunciativa dentro de los dictámenes, sin justificar si sus propuestas fueron consideradas o descartadas en el decreto final, genera una distorsión adicional en la medición de la productividad legislativa. En términos prácticos, este mecanismo permite que haya iniciativas contabilizadas como “aprobadas” o “publicadas en el DOF”, únicamente por haber sido mencionadas en los antecedentes del dictamen, aun cuando no hayan tenido una incidencia real en el contenido normativo finalmente aprobado.
Todo lo anterior hace evidente que los modelos de evaluación de la productividad sustentados exclusivamente en datos cuantitativos generan distorsiones metodológicas que no reflejan la productividad real del Congreso; mientras el primer enfoque mide la productividad a partir del inicio formal del proceso legislativo, el segundo la evalúa a partir de su conclusión. Sin embargo, ambos resultan insuficientes, toda vez que la productividad legislativa no puede analizarse únicamente desde parámetros cuantitativos, ni desde momentos aislados del proceso legislativo, por el contrario, requiere ser entendida de manera integral, considerando todas las etapas del proceso, así como los efectos institucionales, deliberativos y democráticos que genera la actividad parlamentaria.
Considerando lo anterior, para evaluar la productividad legislativa de manera eficaz es necesario traer al análisis un término que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas sentencias relacionadas con la vulneración del proceso legislativo denominado “principio de deliberación democrática”. Este principio funciona como un parámetro de control constitucional del procedimiento legislativo, a partir del cual, es necesario garantizar condiciones mínimas para el debate legislativo, como la máxima publicidad, el respeto a las etapas del procedimiento, la existencia de plazos razonables para el conocimiento y discusión de los dictámenes, así como la participación efectiva de las minorías parlamentarias (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2023).
Si bien este principio permite introducir elementos cualitativos en la evaluación de la productividad legislativa, es importante advertir que la Suprema Corte ha desarrollado este concepto principalmente a partir de controversias relacionadas con las discusiones en el Pleno y con violaciones formales al procedimiento legislativo, particularmente en aquellos casos en los que se acreditan dispensas injustificadas de trámites, falta de publicidad de los dictámenes o restricciones indebidas al debate parlamentario.
Sin embargo, para medir la productividad es necesario ampliar el concepto de “deliberación democrática”, por el de “calidad democrática del proceso legislativo”, el cual abarcaría elementos que no solo se dan en la etapa de deliberación, permitiendo analizar aspectos como el cumplimiento de los plazos reglamentarios; el turno efectivo de los asuntos a comisiones; la existencia de análisis técnicos sobre las iniciativas; el fomento de foros de parlamento abierto, reuniones con funcionarios o sectores involucrados, la posibilidad real de modificar los dictámenes durante su discusión; la incorporación de propuestas formuladas por grupos parlamentarios; y, en general, el respeto integral de las reglas parlamentarias como condiciones necesarias para garantizar un procedimiento legislativo auténticamente democrático.
Por ello, resulta necesario transitar a modelos que dejen atrás los enfoques cuantitativos para medir la productividad, para pasar a uno centrado en la calidad democrática del proceso legislativo. Este enfoque implica entender que la productividad legislativa no se agota en la presentación o aprobación de iniciativas, sino que también comprende la capacidad de las y los legisladores para impulsar políticamente los temas que promueven, dar seguimiento a su trámite parlamentario, incentivar su discusión en comisiones y en el Pleno, construir consensos e incidir efectivamente en el desarrollo del proceso legislativo, aun cuando las propuestas no concluyan necesariamente con su aprobación definitiva, esto significa valorar no solo la cantidad de iniciativas presentadas, sino también el impulso político, técnico y deliberativo que las y los legisladores desarrollan para que sus propuestas avancen efectivamente dentro del proceso legislativo.
A manera de conclusión, el presente análisis demuestra que la productividad legislativa no puede seguir evaluándose exclusivamente a partir de indicadores cuantitativos como el número de iniciativas presentadas, los asuntos aprobados o las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Si bien estos elementos permiten construir aproximaciones estadísticas sobre la actividad parlamentaria, resultan insuficientes para reflejar la complejidad real del proceso legislativo y la incidencia efectiva de las y los legisladores dentro del Congreso.
Las distorsiones metodológicas identificadas a lo largo de este trabajo evidencian que los modelos actuales de medición terminan privilegiando factores ajenos a la calidad del trabajo parlamentario, tales como la integración numérica de los grupos parlamentarios, la configuración de las mayorías, el control político de la agenda legislativa o incluso la incorporación meramente formal de iniciativas dentro de dictámenes impulsados por otros actores políticos. En consecuencia, la productividad legislativa termina siendo confundida con volumen legislativo o con capacidad de control parlamentario, dejando de lado elementos esenciales relacionados con la deliberación democrática y la eficacia institucional.
Por ello, resulta necesario replantear el concepto tradicional de productividad legislativa, para transitar hacia modelos de evaluación sustentados en la calidad democrática del proceso legislativo. Esto implica analizar no solo el resultado final de las iniciativas, sino también la forma en que las decisiones parlamentarias son construidas, discutidas y procesadas institucionalmente.
En el ámbito internacional, diversos parlamentos y organismos internacionales han desarrollado metodologías, que buscan superar las métricas puramente cuantitativas para evaluar el desempeño legislativo, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria (IPU) ha impulsado indicadores para medir el desempeño parlamentario con base en criterios de transparencia, representatividad, deliberación y rendición de cuentas. Todo ello evidencia una tendencia comparada orientada a comprender la productividad legislativa no únicamente como cantidad de iniciativas aprobadas, sino como la capacidad institucional del parlamento para producir normas legítimas, deliberadas, técnicamente sólidas y democráticamente eficaces.
Finalmente, es necesario que realicemos una profunda reflexión sobre los parámetros actuales con los que la opinión pública, la ciudadanía y los propios actores políticos miden la productividad legislativa, hoy tenemos un Congreso saturado de iniciativas, muchas de ellas nunca son abordadas, analizadas o discutidas en comisiones, sin embargo, si producen un efecto negativo, colapsan la capacidad del Congreso para discutir temas con calidad democrática. Tantos temas en la agenda se anulan a sí mismos impidiendo visibilizar los pendientes más urgentes en el país, a todos nos cuesta un aparato parlamentario saturado y que solo produce numeralia que no se traduce en debates o leyes.
Es urgente comenzar a cambiar la cultura bajo la cual se percibe la productividad legislativa. Un legislador que presenta un gran número de iniciativas no es necesariamente el más productivo si ninguna de ellas logro avanzar dentro del proceso legislativo. Sin embargo, tampoco puede considerarse improductivo aquel legislador cuyas iniciativas no alcanzan a ser aprobadas por una decisión de las mayorías parlamentarias, sobre todo si sus propuestas logran visibilizar demandas ciudadanas, detonar discusiones dentro del Congreso, generar ejercicios de parlamento abierto, incentivar el debate político o ser procesadas efectivamente en términos parlamentarios.
La productividad legislativa debe estar vinculada a la capacidad de incidencia parlamentaria que una iniciativa genera durante el procedimiento legislativo. Incluso cuando esta no se apruebe, el impacto deliberativo, político e institucional producido por la iniciativa debe ser considerado como una expresión real de productividad parlamentaria. Solo a partir de una visión integral que combine elementos cuantitativos y cualitativos será posible construir parámetros más objetivos sobre la verdadera productividad del Congreso y fortalecer, al mismo tiempo, la legitimidad democrática del proceso legislativo.
Referencias
- Caso, F., Mansur, J. P., Saavedra, D., & Peralta, C. (2026, abril 17). El Congreso bajo la lupa: Datos de iniciativas, votos y asistencia. N+. https://www.nmas.com.mx/nacional/politica/que-tan-productivo-es-el-congreso-de-mexico-datos-de-iniciativas-votos-y-asistencia/
- Castillo Juárez, L. I. (2026, mayo). La productividad legislativa. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/laura-itzel-castillo/la-productividad-legislativa/
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2023). Acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas. SCJN. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2023-06/A.I.%2071.pdf
- Ehrman, R. (2025). La evaluación de impacto normativo, una contribución a la calidad de la producción legislativa en México. Revista de la Facultad de Derecho de México, 75(293). https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2025.293.93032
- Tudela Aranda, J. (Ed.). (2022). Calidad democrática y Parlamento. Marcial Pons. https://www.marcialpons.es/media/pdf/primeras_pags_calidad_democratica_parlamento.pdf
- Inter-Parliamentary Union. (2008). Evaluating parliament: A self-assessment toolkit for parliaments. IPU. https://www.ipu.org/resources/publications/toolkits/2016-07/evaluating-parliament-self-assessment-toolkit-parliaments
- Inter-Parliamentary Union. (2023). Indicators for democratic parliaments. IPU & Inter Pares. https://www.inter-pares.eu/en/news/new-tool-measure-parliaments-democratic-credentials
[1] Cifra mencionada en la sesión del 29 de abril del 2026 por la Presidencia de la Mesa Directiva verificable en la versión estenográfica de dicha sesión: Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
