En la edición de abril señalamos cómo «la necesidad de reformar la reforma judicial” era ya una inquietud presente entre actores políticos y jurídicos, que ha tomado hoy cauce institucional. La iniciativa de ley llamada “Fortalecimiento de la Reforma Judicial” presentada por diputados y senadores de Morena, entre ellos Javier Corral, Alfonso Ramírez Cuellar y Olga Sánchez Cordero, no debe leerse como un paso atrás, sino como un ejercicio de realismo jurídico.
La iniciativa se inscribe en una lógica de perfeccionamiento institucional del modelo de elección judicial “con el objetivo de consolidarlo bajo parámetros de mayor objetividad, profesionalización y certeza” y “corregir inconsistencias constitucionales que generan incertidumbre”, señala el documento. En ese sentido, responde a la urgencia de dotar de certeza al proceso, pero, sobre todo, de proteger la calidad de la justicia en México.
Entre los puntos clave se encuentran el aplazamiento de la segunda etapa de la elección de juzgadores de 2027 a 2028, para dar tiempo a consolidar reglas y alinear criterios técnicos e institucionales. Certificación Técnica Obligatoria para que los aspirantes no lleguen a la boleta solo por popularidad o cercanía política y blindaje contra perfiles políticos priorizando la experiencia jurisdiccional. Plantean también agregar dos secciones, para reemplazar a las extintas Salas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como lo ha venido señalando reiteradamente la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. También se propone diferenciar los requisitos de experiencia para ser ministro de la Corte, para que algunos de sus nueve integrantes acrediten al menos cinco años de carrera judicial.
Uno de los principales promotores de la iniciativa, el senador Javier Corral, expresó que se debe “reflexionar con seriedad y honestidad lo que ya ocurrió y para construir a partir de esa experiencia propuestas que fortalezcan la elección popular de las personas juzgadoras”. Citó el informe de la OCDE, que coincide con observadores internacionales, en que la elección total de personas juzgadoras implica un riesgo para la imparcialidad judicial y genera incertidumbre en el clima de inversión, particularmente en rubros como energía, agricultura y administración de pensiones del empleo formal.
En este escenario, la apertura mostrada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar la fecha de la elección [no se ha pronunciado por ningún otro aspecto] es una señal de madurez que prioriza la viabilidad del sistema sobre la celeridad política. Sin embargo, el Legislativo no debería esperar una iniciativa del Ejecutivo, o su aval, para poder realizar una reforma que es, a todas luces, necesaria. Esta también sería la reafirmación de un poder autónomo y señal de que la división de poderes es aún un activo de la democracia mexicana.
Por su parte, en su reciente visita a México, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk también hizo una breve reflexión sobre la reforma judicial, aunque elogió que se promueva una justicia centrada en las personas y reconoció el avance en el “pluralismo jurídico, en línea con la diversidad social y cultural del país”, también declaró que “es esencial que se preserve la independencia de las instituciones judiciales, su integridad y competencia profesional, y que las personas juzgadoras cuenten con salvaguardas efectivas frente a cualquier injerencia indebida.”
Sin regocijo, el tiempo ha dado la razón a las voces que desde el foro advirtieron desde un inicio las lagunas operativas de la Reforma Judicial. Celebramos que exista la autocrítica, como bien señaló el senador Corral “estamos en un momento adecuado” y es momento, también, de reconocer que la aprobación de reformas de gran calado – o no- deben reflexionarse ampliamente, sobre todo las que provienen del Ejecutivo, y contemplar escuchar con ánimo de colaboración a sectores clave. Hoy, el mismo oficialismo que impulsó el cambio radical se ve obligado a suscribir una «reforma de la reforma». La iniciativa es, en esencia, un reconocimiento tácito de que el diseño original nació con grietas estructurales que ponían en riesgo la estabilidad del país.
Desde Foro Jurídico hemos sostenido con rigor que cualquier transformación profunda del Estado requiere de una revisión constante y una apertura a la mejora técnica y reiteramos que la justicia no puede ser producto de la improvisación. Ahora el Congreso va a contratiempo pues estos cambios deberán ser aprobados antes del 30 de mayo de 2026 , para respetar la veda electoral de 90 días antes del inicio del proceso.
