Introducción
Cuando una persona fallece realizando labores en condiciones peligrosas sin la protección adecuada, la pregunta que surge es: ¿quién debe responder por esa pérdida? Esta cuestión fue resuelta recientemente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 5477/2024, bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
“El régimen de responsabilidad objetiva permite exigir una indemnización por los daños causados por actividades peligrosas, sin necesidad de demostrar que hubo culpa o negligencia por parte de la persona o empresa que las realiza.”
Este asunto no sólo aborda la posibilidad de reclamar daño moral por la muerte de un ser querido, sino que también examina si es legítimo que la ley exija diferentes requisitos según el tipo de responsabilidad civil. Por eso, su resolución es importante para entender cómo se protegen los derechos de las víctimas y sus familias en contextos donde el riesgo de la actividad hace innecesario probar la culpa del responsable. Además, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de garantizar condiciones seguras de trabajo y el papel que debe asumir el derecho civil en la reparación integral del daño.
Hechos del Caso
En 2013, varios trabajadores murieron asfixiados dentro de una cisterna industrial, en condiciones peligrosas y sin contar con el equipo ni la capacitación necesaria para realizar sus labores. Entre las víctimas se encontraba un trabajador de limpieza, cuyos hermanos decidieron demandar a la empresa responsable reclamando el pago de una indemnización por daño moral, al considerar que ésta debía responder bajo el régimen de responsabilidad objetiva.
Esta figura legal permite exigir una indemnización por los daños causados por actividades peligrosas, sin necesidad de demostrar que hubo culpa o negligencia por parte de la persona o empresa que las realiza. En este contexto, la actividad desarrollada en la cisterna representaba un riesgo evidente para la vida e integridad de quienes laboraban en ella, lo que activó la obligación de la empresa de responder por los daños ocasionados.
El Problema Jurídico
La empresa alegó que el artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México era inconstitucional porque exige diferentes requisitos para reclamar daño moral dependiendo del tipo de responsabilidad: subjetiva (cuando hay culpa) u objetiva (cuando basta con probar el riesgo y el daño). Según su argumento, esto violaba el principio de igualdad ante la ley.
La Corte tuvo que responder si esta distinción era legítima: ¿puede una norma exigir distintas pruebas según el tipo de responsabilidad, sin que ello sea discriminatorio? Este planteamiento tenía implicaciones más amplias: de aceptarse la inconstitucionalidad, podría alterarse la forma en que se exige la prueba en una amplia gama de casos de responsabilidad civil.
La Decisión de la Corte
La Primera Sala determinó que la diferencia es válida y está constitucionalmente justificada. Ambas formas de responsabilidad requieren demostrar que hubo un hecho, un daño y una relación causal entre ambos. La diferencia está en que en la responsabilidad subjetiva sí se exige probar la culpa, mientras que en la objetiva no.
La Corte explicó que este trato distinto no implica una violación al principio de igualdad, ya que no se está tratando igual a quienes se encuentran en situaciones distintas. La propia naturaleza de la responsabilidad objetiva hace que no tenga sentido exigir la prueba de culpa.
“La Corte explicó que este trato distinto no implica una violación al principio de igualdad, ya que no se está tratando igual a quienes se encuentran en situaciones distintas. La propia naturaleza de la responsabilidad objetiva hace que no tenga sentido exigir la prueba de culpa.”
También aclaró que el daño moral no se presume automáticamente, pero puede inferirse cuando se afecta un derecho fundamental como la vida o la integridad. En esos casos, basta con probar el hecho y el vínculo familiar para tener derecho a ser indemnizado. Esta postura garantiza un equilibrio entre el respeto al debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de las víctimas.
Impacto de la Sentencia
Este criterio confirma que las personas afectadas por actividades peligrosas tienen un camino claro para reclamar justicia, incluso sin necesidad de demostrar culpa. Esto protege especialmente a quienes trabajan o viven cerca de contextos de alto riesgo, donde es difícil comprobar cómo ocurrió el accidente.
Además, refuerza que el derecho al daño moral no está limitado a las relaciones directas con el causante, sino que también reconoce el sufrimiento de los familiares. En este sentido, la sentencia se alinea con una visión de justicia más humana y sensible.
Por último, el fallo valida la potestad del legislador local para regular de forma diferenciada los requisitos del daño moral según el tipo de responsabilidad, siempre que esa distinción tenga una justificación racional y no sea arbitraria. Esto representa un reconocimiento a la flexibilidad del legislador para adaptar las normas a la realidad social, sin perder de vista los principios de justicia e igualdad.
Este precedente también podría tener un efecto positivo en otros contextos, como el de las afectaciones ambientales, las actividades industriales o el transporte de materiales peligrosos, donde las personas afectadas suelen tener dificultades para probar negligencia específica.
Conclusión
La resolución en el Amparo Directo en Revisión 5477/2024, cuyo proyecto se elaboró por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, representa un avance importante en la comprensión y aplicación del daño moral en casos de responsabilidad civil objetiva.
La Corte reconoció que, frente a actividades peligrosas, lo relevante es el riesgo y el daño causado, no si hubo culpa. Esta visión permite a las víctimas y sus familias acceder a una reparación digna, sin enfrentarse a trabas probatorias injustificadas.
“La Corte reconoció que, frente a actividades peligrosas, lo relevante es el riesgo y el daño causado, no si hubo culpa. Esta visión permite a las víctimas y sus familias acceder a una reparación digna, sin enfrentarse a trabas probatorias injustificadas.”
El mensaje es claro: el derecho no debe ser un obstáculo para el acceso a la justicia, sino una herramienta para proteger la vida, la dignidad y el bienestar de las personas. En ese camino, esta sentencia marca un precedente que fortalece los derechos de quienes han perdido a un ser querido por la falta de prevención en contextos de riesgo.
Este tipo de decisiones judiciales contribuyen a la consolidación de un sistema legal más justo y sensible, que coloca a la persona en el centro y reconoce que el sufrimiento emocional también merece ser reparado.
