El financiamiento público de los partidos políticos vuelve a ser tema en estos días, ya que se discute en la Cámara de Diputados la reducción del mismo en una mitad. Este asunto no ha dejado la discusión pública en varios años y las propuestas van desde su reducción hasta su supresión.
Mucha agua ha pasado bajo el puente. Veremos si ahora hay un cambio en la legislación.
Ya que se han barajado diversas opciones me permito plantear un cambio en la lógica para fijar el financiamiento de los partidos: aprovecharlo para incentivar conductas positivas o impulsar medidas necesarias para fortalecer nuestra democracia.
Tradicionalmente, las reformas electorales han tendido a ocuparse de las conductas no deseables que se presentan en unos comicios para prevenir que vuelvan a suceder; en el siguiente proceso surgen otras acciones reprobables y de nuevo se modifican las leyes, en un círculo inacabable. La razón de este modelo es inhibir conductas. No estoy seguro de que esa razón se sostenga.
Si en el financiamiento público se incluye un bono o premio al partido o partidos que alcancen ciertas cotas deseables, entonces el dinero se vuelve un incentivo positivo. ¿Cuáles pueden ser algunos objetivos medibles y premiables?
- Número de mujeres postuladas ganadoras o que alcancen el segundo lugar en su elección.
- Número de personas jóvenes postuladas y/o ganadoras.
- Número de personas en situación de discapacidad postuladas y/o ganadoras.
- Número de personas adultas mayores postuladas y/o ganadoras.
- Número de personas indígenas postuladas y/o ganadoras.
- Número de personas integrantes de la comunidad LGBTIQ postuladas y/o ganadoras.
- Menor número de denuncias en contra en materia de publicidad y propaganda con resoluciones condenatorias.
- Menor número de denuncias presentadas declaradas improcedentes.
Como puede observarse, los primeros objetivos atienden a conseguir una representación política más diversa y de mejor calidad; los últimos atienden a la búsqueda de un proceso electoral menos ríspido en el que las denuncias no se vuelvan armas arrojadizas en los medios en lugar de pleitos verdaderamente jurídicos.
Pongamos por ejemplo el caso de mujeres postuladas y ganadoras: el garantizarle a un partido una mejora en sus ingresos, tiene la finalidad de comprometerse verdaderamente con sus candidatas y las apoye tanto en la estrategia como en la propaganda y el financiamiento. Ya tenemos la paridad en las postulaciones, hay que ir por la paridad en la obtención de los cargos mediante el voto.
Esta propuesta no atiende al monto total a repartir, sino a los criterios de reparto de manera que existiría dentro del total a distribuir un extra que se asignaría con base en los objetivos anteriores, no conforme la fuerza electoral. Claro que en esta versión de la propuesta quedarían excluidos los partidos de nueva creación, pero puede idearse alguna forma en la que puedan participar en dicha bolsa.
Las ocho propuestas son mejorables o sustituibles atendiendo al principio constitucional u objetivo que se quiera fomentar. La idea es la misma, utilizar una parte atractiva de la bolsa total del financiamiento para premiar conductas que fortalecen la calidad de la democracia mexicana; en todo caso deberá buscarse que los objetivos a cubrir tengan una base constitucional, carezcan de una motivación ideológica que beneficie a un partido o perjudique a otro, y sea medible objetivamente.
Un cambio en la lógica del diseño legal, dejar de castigar al que incumple y premiar al que alcanza mejor que otros los objetivos deseables.
