Este primer año de gobierno del segundo periodo presidencial de Donald Trump ha marcado un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos (E.E.U.U) hacia América Latina, reactivando una lógica histórica en la política exterior de E.E.U.U la idea de que la estabilidad del hemisferio occidental puede o debe asegurarse mediante el uso directo de la fuerza cuando Washington identifica amenazas a su seguridad nacional. A diferencia de su primer mandato, en el que muchas de sus amenazas quedaron en el terreno discursivo, la nueva etapa se caracteriza por acciones militares concretas, una narrativa explícita de uso extraterritorial de la fuerza y una reinterpretación expansiva del concepto de seguridad nacional.
La operación militar estadounidense en Venezuela a inicios de 2026 —que culminó con la captura de Nicolás Maduro— ha reconfigurado el debate regional. Ya no se trata de hipótesis académicas o advertencias. En ese contexto, México aparece en el centro de una discusión incómoda, alimentada por las reiteradas declaraciones de Trump sobre la necesidad de “perseguir a los cárteles dondequiera que estén”, incluso mediante acciones “por tierra”.
La relación entre Estados Unidos y México atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia de seguridad. A la histórica cooperación bilateral —marcada por acuerdos, asistencias técnicas y tensiones recurrentes— se ha superpuesto un discurso político que vuelve a colocar sobre la mesa la posibilidad de acciones unilaterales de carácter militar contra organizaciones criminales mexicanas. El debate implica preguntas de fondo sobre soberanía, legalidad internacional, uso de la fuerza militar extraterritorial y el riesgo de una escalada política que fracture la cooperación bilateral y regional.
Este artículo analiza, desde una perspectiva jurídica y política, los hechos que sustentan esa amenaza, las respuestas institucionales del Estado mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum, y los límites que el derecho internacional impone —o debería imponer— al uso unilateral de la fuerza en la región.
Doctrina «Donroe»
El discurso actual de Trump se inscribe en la Doctrina Monroe (1823), sintetizada en la idea de “América para los americanos”, y que evolucionó con el corolario de Theodore Roosevelt a inicios del siglo XX. Bajo ese corolario, Estados Unidos se arrogó el derecho de intervenir en otros países cuando considerara que un Estado no cumplía con estándares mínimos de orden y estabilidad. Trump retoma esta tradición, pero la adapta al siglo XXI, lo que ha empezado a denominarse como Doctrina Donroe, ya no habla de “civilización” o “orden financiero”, sino de narcotráfico, terrorismo y salud pública. El fondo, sin embargo, es similar: si un Estado no controla una amenaza que [según el gobierno] afecta a Estados Unidos, la intervención se vuelve justificable.
En enero de 2026, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar directa en territorio venezolano, presentada oficialmente como parte de una estrategia contra el narcotráfico y las redes criminales transnacionales que amenazan laseguridad interna de E.E.U.U. La captura del jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, marcó un hecho sin precedentes recientes en la región. Más allá del debate sobre la legitimidad interna del régimen venezolano, el dato central es jurídico y geopolítico.
La acción contra Venezuela establece un precedente claro de intervención militar directa en un país soberano, bajo la lógica de “seguridad hemisférica”, que sirve de telón de fondo para las discusiones sobre México, pues demuestra que la administración Trump está dispuesta a trasladar el combate a amenazas criminales fuera de sus fronteras mediante fuerza armada. Adelgazando la línea entre cooperación internacional y acción militar extraterritorial, especialmente cuando la Casa Blanca considera que un Estado no controla eficazmente a actores que afectan la seguridad estadounidense.
La llamada Doctrina Donroe no rompe con la tradición histórica de Estados Unidos, sino que actualiza la Doctrina Monroe al siglo XXI bajo los conceptos de narcotráfico, terrorismo y seguridad nacional
México y la defensa de la soberanía
En distintas ocasiones, debido a las constantes amenazas de D. Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que “México no acepta ni aceptará intervenciones extranjeras. La cooperación existe, pero siempre bajo respeto a nuestra soberanía”. No obstante, esta defensa discursiva convive con una intensificación de la cooperación con autoridades estadounidenses y acciones que se perciben como advertencias, no obstante, la presencia e intervención del FBI (Federal Bureau of Investigation) no es nueva y forma parte, incluso, de acuerdos de seguridad entre ambos países se han mantenido vigentes a lo largo de los años. En recientes operativos se reconocido un aumento de operaciones y colaboración estrecha con la actual administración en México, incluyendo la captura de objetivos prioritarios y la entrega de miembros del crimen organizado a EE. UU.
México ha respondido a la presión estadounidense con extradiciones y capturas prioritarias, pero mantiene como línea política la defensa de su soberanía.
Posterior a lo ocurrido en Venezuela, Trump insistió en que, en México, los cárteles de la droga controlan gran parte del país y declaró “hemos retirado casi 100% de la droga que llega por el agua. En breve, comenzaremos a hacerlo con las que vienen por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen”.
Declarar a los a los cárteles como organizaciones terroristas no fue fortuito, Trump sabe que, jurídicamente, esa categoría amplía su margen de maniobra y desde entonces existe la preocupación latente de lo que puede suceder si decidiera hacer una operación no solo con agentes de la DEA, si no militar. Como respuesta el gobierno de México reformó los artículos 19 y 40 de la Constitución en defensa de la soberanía para impedir intromisiones y endurecer penas por delitos relacionados con armas.
- Artículo 40: Prohíbe intervenciones extranjeras en la investigación y persecución de delitos en México sin autorización del Estado.
- Artículo 19: Establece la prisión preventiva oficiosa y la pena más severa para extranjeros involucrados en actividades ilegales en el país, y para quien produzca o distribuya armas ilegalmente.
Aunado a esto, asegurando que es para fortalecer la estrategia de seguridad, se llevaron a cabo reformas a la Guardia Nacional para brindarle capacidades de inteligencia e investigación propias y para crear un Sistema Nacional de Inteligencia. Sin embargo, las acciones de seguridad que ha emprendido el gobierno han sido en parte por las presiones que ejerce su homólogo estadounidense.
Señales operativas
Si bien Sheinbaum ha sido firme reiterando que “la soberanía no se negocia; la seguridad se construye con coordinación, no con invasiones”, existen advertencias operativas que han despertado alertas sobre si el gobierno mexicano podrá mantener limites con Trump. Un ejemplo fue la emisión de avisos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre posibles riesgos en rutas que cruzan América Latina, ante “actividades militares potenciales”. Aunque no se refirieron explícitamente a México, estas advertencias muestran que escenarios de uso de fuerza están siendo considerados en la planeación institucional estadounidense.
Además, en el último año, México ha extraditado a 92 criminales, el último envío fue a mediados de enero cuando se extraditó a 37 operadores criminales de alto impacto a petición del departamento de justicia del país vecino pues enfrentan cargos en cortes de E.E.U.U por delincuencia organizada, narcotráfico, conspiración criminal, lavado de dinero, como parte del acuerdo ninguno de los trasladados será sometido a pena de muerte, en respeto al Tratado de Extradición vigente. La entrega fue justificada oficialmente como una decisión soberana enfocada en la seguridad nacional y no como resultado de negociaciones con el gobierno de Trump.
En este contexto, el aterrizaje de una aeronave militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca generó desconcierto al trascender que el Senado de la República no había autorizado su ingreso, sin embargo, la presidenta aseguró que no fue ilegal porque no hubo ingreso de tropas ni operaciones militares extranjeras, si no se trataba de actividades de capacitación y que éstas siempre han existido entre países y que la autorización de aterrizar en un aeropuerto no militar fue de la Secretaría de Defensa.
A estas señales se añadió, en los últimos días, el caso de Ryan Wedding, ex atleta olímpico y presunto narcotraficante canadiense; las versiones de su detención han mostrado contradicciones entre autoridades. En un inicio la presidenta Sheinbaum informó que el canadiense se entregó, coincidiendo con la declaración en redes sociales de la embajada de Estados Unidos en México; pero, en una entrevista para la revista Vanity Fair, Kash Patel, director del FBI, declaró que sí existió un operativo para detener a Wedding, versión que coincide con el abogado del ex atleta.
Según Patel, agentes “ejecutaron con precisión, disciplina y total profesionalismo, en conjunto con nuestros socios mexicanos, llevar a Wedding a enfrentar la justicia”. Ante estas declaraciones, Sheinbaum al negar operaciones de agentes extranjeros en el país, enfatizó “Los agentes de Estados Unidos, de la FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones, que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional (mexicanas). Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no operaciones conjuntas en el país. No lo permitiríamos. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump.” De igual forma, negó que exista un acuerdo para entregar a criminales y que son decisiones soberanas.
A la detención de Wedding, se sumó la de Alejandro Rosales Castillo, otro de los 10 fugitivos más buscados por el FBI por múltiples cargos, incluido asesinato en primer grado y secuestro en Carolina del Norte, Ambos coincidieron con la visita de Patel a México, lo que alimenta la contradicción en las versiones entre autoridades.
Pamela (Pam) Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, públicamente ha reconocido la cooperación de México, pero también ha afirmado que México fue incluido en una lista de adversarios junto con países como Irán, China y Rusia, vinculándolo al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha desmentido públicamente la noción de que el Estado mexicano esté “controlado por cárteles” y ha subrayado que las acciones recientes son resultado de coordinación con agencias estadounidenses, no de imposición externa.
Es necesario observar que incluso en episodios de colaboración formal, el relato público se convierte en un espacio de disputa política, en el que Washington busca proyectar alcance extraterritorial, mientras México insiste en subrayar el respeto a su soberanía y la inexistencia de acciones unilaterales en su territorio.
El envío de 92 criminales a Estados Unidos, la actuación creciente del FBI en territorio mexicano y la reestructura de mandos militares revelan una estrategia de contención frente al discurso de intervención
Reestructuración militar en México
En enero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció una reconfiguración en los mandos de alto nivel de las Fuerzas Armadas, que redefine posiciones clave tanto en la estructura interna como en la conducción operativa de la seguridad nacional. Los relevos, activos desde el primero de febrero, se dieron tras el retiro del general Enrique Covarrubias López de la Subsecretaría de la Defensa Nacional al cumplir 65 años, conforme a la normatividad vigente, y forman parte de los procesos ordinarios de rotación y ascenso dentro del Ejército mexicano, informó la Secretaría.
Entre los nombramientos más relevantes se encuentran:
- La designación del general de División de Estado Mayor Enrique Martínez López como nuevo subsecretario de Sedena, en sustitución de Covarrubias.
- El ascenso del general Hernán Cortés a Oficial Mayor de la dependencia, cargo en el que ahora coordinará funciones administrativas de alto impacto.
- La asignación de la comandancia de la Guardia Nacionalalgeneral Guillermo Briseño Lobera, quien hasta hace poco dirigía la Tercera Región Militar en una de las zonas prioritarias en materia de seguridad pública.
Reportes periodísticos revelarían que esta reestructura fue revisada y avalada por el Comando Norte y el Comando Sur de los Estados Unidos, lo que revela un mayor escrutinio internacional sobre las prioridades y perfiles en los altos mandos mexicanos, especialmente en un contexto de cooperación en seguridad y presión política por resultados operativos. No se trata de una subordinación formal, pero sí de un mecanismo de validación informal que refleja el nivel de interdependencia en materia de seguridad. En un momento en que la administración Trump ha endurecido su discurso sobre la intervención y la acción extraterritorial, México busca demostrar —mediante estructura, mando y despliegue— que mantiene control efectivo sobre su territorio.
Desde el punto de vista jurídico-político, este control es relevante: el principio de efectividad estatal ha sido históricamente utilizado para desactivar argumentos de intervención externa. Pese a todo, la ampliación del papel militar continúa generando debates sobre militarización, control civil y rendición de cuentas, cuestiones que adquieren mayor peso cuando la seguridad nacional se convierte también en un eje de política exterior.
“Estamos en plena ruptura, no en plena transición”
El debate ya no gira en torno a la capacidad militar de Estados Unidos, sino a si el derecho internacional resistirá la normalización del uso unilateral de la fuerza
El segundo mandato de Trump ha transformado la amenaza de intervención- en la región- en un escenario plausible. México enfrenta el desafío de sostener una defensa firme de su soberanía, más allá del discurso, mientras demuestra capacidad efectiva para enfrentar al crimen organizado. Durante décadas, Washington se presentó como garante del orden internacional liberal, pero la intervención en Venezuela, el endurecimiento del discurso contra México, la ampliación del margen de acción del FBI y otras agencias fuera de territorio estadounidense, así como la narrativa que equipara crimen organizado con terrorismo, forman parte de una doctrina de seguridad expansiva. En ella, la legalidad internacional deja de ser un límite estructural y se convierte en un factor secundario frente a la eficacia operativa.
Internacionalmente, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado, salvo en casos muy específicos como la legítima defensa. La persecución de organizaciones criminales, por devastadoras que sean, no encaja fácilmente en esas excepciones sin consentimiento expreso del Estado afectado. El riesgo es que se consolide una doctrina de hechos consumados, en la que la eficacia operativa se imponga sobre la legalidad internacional, como ya ha ocurrido en otras partes del mundo. Para México, aceptar —aunque sea tácitamente— esa lógica implicaría un precedente peligroso para su soberanía y para el sistema interamericano en su conjunto.
Ante este panorama, vale la pena retomar la parte esencial del mensaje del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que evidenció la ruptura conceptual dentro de América del Norte. En su reflexión planteó que el mundo enfrenta un punto de quiebre en el que la cooperación basada en reglas está siendo desplazada por decisiones unilaterales justificadas en la seguridad y la urgencia, los fuertes actúan según su voluntad y los débiles sufren las consecuencias, dijo. Reconoció que, durante muchos años, algunos países, se beneficiaron de las normas económicas- aunque reconoció la forma asimétrica de éstas- la integración económica es la misma que ahora se usa como arma para la subordinación.
El canadiense hizo visible la disminución de las instituciones multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y su ineficiencia ante las acciones abusivas de las hegemonías. Al mismo tiempo, Carney llamó a las potencias medias a construir un nuevo orden, una vía alterna, que integre nuestros valores, como el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
Desde esta perspectiva, Estados Unidos ya no actúa sólo como árbitro o líder del sistema, sino como actor dispuesto a reescribir reglas cuando las considera insuficientes. Esto genera un efecto dominó. La pregunta central no es si Estados Unidos tiene capacidad militar para intervenir, esa está más que comprobada, sino si el orden jurídico internacional debería normalizar ese tipo de acciones en perjuicio de la estabilidad regional y mundial. La agresiva política exterior de E.E.U.U apunta a una reconfiguración del orden mundial, en esa tensión se juega buena parte del futuro de la relación bilateral con México y del sistema de seguridad en América del Norte.
