La reforma electoral que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende presentar al Congreso en este mes de febrero está argumentada como un ejercicio de racionalidad institucional. No obstante, otra lectura es la intención del poder, que busca reformar las reglas desde el poder mismo. No se trata de un dilema nuevo, pero sí de uno particularmente sensible en un contexto en el que el gobierno en turno cuenta con mayoría legislativa y ha impulsado una profunda reconfiguración del Poder Judicial.
En este nuevo intento de la 4T por llevar a cabo una reforma político-electoral se argumenta que el objetivo no es debilitar ni desmantelar al árbitro, sino corregir excesos presupuestales y fortalecer mecanismos de participación ciudadana, como las consultas y el voto desde el extranjero. En su narrativa, la legitimidad obtenida en las urnas habilita una revisión del modelo electoral sin que ello implique una regresión democrática. Sin embargo, la realidad es otra.
El sistema electoral mexicano es costoso [se debe observar con proporcionalidad el tamaño del país y el número de votantes], complejo y altamente burocratizado. Los desafíos logísticos que dejó la reciente experiencia de elecciones concurrentes y ejercicios inéditos evidencian áreas de mejora reales. Ignorar estos problemas por una defensa acrítica del statu quo tampoco es una posición responsable.
Sin embargo, cada ajuste en materia de financiamiento, representación o diseño institucional redistribuye el poder político. Y es ahí donde comienzan las fricciones, incluso dentro del propio bloque del gobierno. No es casual que aliados del oficialismo, como el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, hayan comenzado a marcar distancia de la propuesta, una forma de reconocer que el rediseño impactaría directamente en su representación, en su margen de negociación política y, en última instancia, en su viabilidad electoral.
“Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ganamos, por la vía de la elección, el Poder Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma?”, cuestionó abiertamente el dirigente del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, quien ha sido enfático que “la 4T depende de lo que resuelva el PT y el PVEM”. En el mismo sentido se han pronunciado algunos legisladores del Verde. Estas afirmaciones en la antesala de la reforma van más allá de la retórica, son cínica expresión de la concentración de poder y muestra de la fragilidad de los contrapesos, cuando las reglas del juego se modifican desde una posición hegemónica.
En ese contexto, son especialmente sensibles las declaraciones de Pablo Gómez, encargado presidencial de elaborar la propuesta, al señalar que la autonomía del INE no es un principio intocable. Estas afirmaciones han generado alarma. En nuestro sistema constitucional la autonomía del órgano electoral no es un lujo administrativo, es una garantía construida históricamente para asegurar imparcialidad, certeza y confianza pública. Relativizarla, incluso en el plano discursivo, tiene efectos políticos inmediatos.
Mientras que la presidenta rechaza la etiqueta de “autoritarismo” y afirma que no se pretende quitar autonomía al INE, insistiendo en que el planteamiento busca “fortalecer la democracia” y mantener garantías de representación. El problema es que, en materia electoral, la confianza pública es un insumo tan importante como el presupuesto. Y cuando se reforma el sistema desde el poder, el estándar democrático exige una pregunta incómoda: ¿se está corrigiendo un exceso de gasto o se está rediseñando el campo de juego? Y ¿en beneficio de quién?
Especialistas, exconsejeros y académicos han advertido que reducir financiamiento público o debilitar la representación proporcional no es neutro. Estas medidas impactarán de manera desproporcionada a partidos minoritarios y tienden a reforzar mayorías ya consolidadas. En un país con una historia marcada por la desconfianza electoral, cualquier reforma que no se construya con amplios consensos corre el riesgo de erosionar la legitimidad del sistema que pretende mejorar. Incluso, desde el ámbito legislativo, Ricardo Monreal ha reconocido que, sin acuerdos con los aliados, una reforma constitucional en la materia simplemente no es viable.
En este contexto no se pueden soslayar opiniones de expertos como José Woldenberg, que acuso a Morena de tener “una mayoría espuria en el congreso” y que a pesar de que junto con sus aliados obtuvieron el 54% de los votos, y con el aval de tres magistrados electorales, obtuvieron ilegalmente el 74% de asientos en la Cámara de Diputados, y la del constitucionalista Diego Valadez quien asegura que el bloque gobiernista realizo un atropello con su súper mayoría en el congreso, por “la asignación de diputados plurinominales que no les correspondía a Morena, PT y PVM”
La reforma electoral puede ser una oportunidad para corregir excesos reales, pero también puede convertirse en un punto de inflexión si se utiliza para concentrar más poder y debilitar contrapesos. La diferencia no estará en los discursos, sino en el diseño final, en el nivel de consenso alcanzado y en la disposición del poder a autolimitarse.
Más que un ajuste normativo, esta reforma debería ser una prueba de madurez democrática. Y como toda prueba de este calibre, exige menos consignas y más responsabilidad histórica.
