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Regularización de Mercancías. Suspensión de Plazos y Cómputo de los Mismos

La figura de la regularización debería de ser clara y sin lagunas jurídicas, a efecto de que quien necesite acogerse a este beneficio pueda corregir su situación sin necesidad de entrar en litigios costosos, en donde como en otros tantos casos todos pierden (importador, la autoridad aduanera y los tribunales), lo cual no sucede encontrando que no existe disposición en el cómputo de los plazos dentro de este procedimiento.

En tres trabajos previos al presente hemos hablado del procedimiento de regularización de mercancías de procedencia extranjera que se lleguen a detectar, por parte del propio contribuyente o por de la autoridad, que no cumplen con la normatividad para acreditar que se sometieron a los trámites previstos en las disposiciones jurídicas para su legal importación, estancia o tenencia. En el caso de detección por parte de la autoridad, la normatividad no es clara para algunas de las autoridades, lo cual genera una cantidad importante de situaciones que limitan el uso correcto de dicho beneficio, cuando la esencia de las normas sobre dicho procedimiento consiste en solucionar una situación de forma inmediata y sin derivar en juicios ante los Tribunales.

En el presente trabajo nuevamente tomaremos el tema de la regularización cuando derive de un acto de fiscalización por parte de la autoridad derivado del cual se han presentado tres situaciones de forma reiterada, cuya consecuencia es que no se consiga llegar a la regularización de los bienes, aunque exista la intención del particular de acogerse a dicho beneficio, los cuales procedemos a establecer con los siguientes cuestionamientos:

  1. ¿El cómputo del plazo de los 20 días que establece la regla 2.5.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior debe ser en días hábiles o naturales?
  2. ¿La autoridad debe de indicar al particular de forma fundada y motivada las razones del porque con la documentación que se le llegue a presentar no se acredita la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía a efecto de que este cuente con elementos para solicitar la regularización o esperar la resolución definitiva?
  3. ¿Una vez presentada la solicitud de regularización a la que alude la regla 2.5.1 de las reglas Generales de Comercio Exterior se debe de suspender el cómputo del plazo del procedimiento administrativo en materia aduanera?

Es importante recordar que el artículo 101 de la Ley Aduanera establece la opción de regularizar las mercancías extranjeras que se tengan por cualquier título y por diversas razones no se cuente con la documentación correspondiente o no se encuentre debidamente emitida. Por consecuencia, se considere que se hubieran introducido al país sin haberse sometido a las formalidades de la ley, incluyéndose en dicho beneficio a las mercancías que hubieran excedido del plazo de retorno en el caso de importaciones temporales.

“El artículo 101 de la Ley Aduanera establece la opción de regularizar las mercancías extranjeras que se tengan por cualquier título y por diversas razones no se cuente con la documentación correspondiente o no se encuentre debidamente emitida.”

¿El cómputo del plazo de los 20 días que establece la regla 2.5.1 de las reglas Generales de Comercio Exterior debe ser en días hábiles o naturales?

La primera interrogante consiste en determinar si el cómputo debe de realizarse en días hábiles o naturales, lo cual parte de que algunas autoridades estatales en funciones de autoridades coordinadas han determinado que los 20 días estipulados la regla 2.5.1 de las reglas Generales de Comercio Exterior debe ser en días naturales, pues la citada regla no señala de forma específica lo contrario.

Sin embargo, dicho criterio es erróneo por diversas razones, por ejemplo, dentro del Glosario de las Reglas Generales de Comercio Exterior en la fracción III. Definiciones, en su punto 13, se establece que se entenderá por días a los días hábiles de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal, de lo cual es claro que si bien la regla específica, es decir, la 2.5.1., no indica cómo se computará el plazo de los 20 días, la norma General, en este caso las Reglas Generales de Comercio Exterior si establecen que para cualquier referencia en dicha normatividad a días se entenderá como días hábiles, por lo cual la autoridad no puede limitar el plazo con que se cuenta so pena de que su actuación sea contraria a derecho.

¿La autoridad debe de indicar al particular, de forma fundada y motivada las razones del por qué con la documentación que se le llegue a presentar no se acredita la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía a efecto de que este cuente con elementos para solicitar la regularización o esperar la resolución definitiva?

Como segundo tema a tratar en el presente tenemos que cuando se está en presencia de un procedimiento administrativo en materia aduanera derivado de bienes que se han embargado precautoriamente por no contar al momento de las facultades de fiscalización con la documentación que acredite su legal importación, estancia o tenencia se generan dos tipos de situaciones dependiendo de cada autoridad, partiendo de los casos en los cuales el particular si presenta documentación con la cual se considera suficiente para acreditar la legal importación, estancia o tenencia, aunque esto parta de un análisis poco profundo de las normas o de criterios subjetivos y mal encausados.

Entendiendo que cuando no se presentó documentación por no contar con la misma, su única salida será solicitar la regularización, sin pasar por alto que en otro trabajo ya hemos hablado de la base gravable que servirá para tal fin, por lo cual no lo abordaremos en este momento.

  1. En el primer supuesto, la autoridad no le indica al particular qué valoración está dando a la documentación presentada para acreditar la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía; tampoco le informa sobre la posibilidad de llevar a cabo la regularización, por lo tanto, este no sabe con exactitud si debe o no de proceder a solicitar tal beneficio, si es que su asesor se lo indica, en donde una mala asesoría en algunos casos y en otros una indebida valoración puede derivar en un crédito fiscal que bien pudo reducirse sustancialmente de haber accedido al multicitado procedimiento.

Sin embargo, ante la falta de comunicación al respecto, escudándose en el plazo de cuatro meses con que se cuenta en términos de la Ley Aduanera para valorar y emitir resolución definitiva, no se informa al particular su derecho ni la conveniencia de acogerse a tal beneficio, máxime cuando no es tan claro si la documentación presentada no acreditará la importación, estancia o tenencia, dejando de observarse en este caso lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente donde se establece el derecho de los contribuyentes a que las autoridades les informen sobre sus derechos para regularizarse o corregir su situación, para lo cual debe existir una comunicación clara sobre lo que se debe corregir y porqué los documentos presentados no le favorecen para acreditar su extremo, quedando a salvo el derecho del contribuyente de controvertir, en su momento, la resolución definitiva, o de proceder a la multicitada regularización.

  • En la segunda situación encontramos los casos en los cuales las autoridades de forma verbal le indican al contribuyente que la documentación presentada no acredita la legal importación, estancia o tenencia y de regularizarla pagando determinada cantidad de contribuciones y multas, tomando la base gravable que ella determina e indicando que en caso contrario el crédito será mayor y los bienes pasarán a propiedad del fisco federal, lo cual prácticamente se convierte en una extorsión, pues no fundamentan porqué la documentación presentada no era suficiente para acreditar su extremo.

Es decir, prácticamente en estos casos la autoridad dice “quieres pagar menos, accede a mi propuesta, crees que tienes la razón pues no te regularices, pero te fincare un crédito mayor”.

“Lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece el derecho de los contribuyentes a que las autoridades les informen sobre sus derechos para regularizarse o corregir su situación, para lo cual debe existir una comunicación clara sobre lo que se debe corregir y porqué los documentos presentados no le favorecen para acreditar su extremo.”

La autoridad, en los casos en los que se le presenten documentos con los cuales se busca acreditar la legal importación, estancia o tenencia, debería de indicar si con los mismos se acredita tal extremo, fundando y motivando su resolución para que el particular considere las acciones a tomar y no se le deje en estado de indefensión. De otra forma está presionando al particular a tomar una decisión económica importante con la idea de que no llegue a ser mayor el problema, sin que por ello se justifique tal proceder.

¿Una vez presentada la solicitud de regularización aludida en la regla 2.5.1 de las reglas Generales de Comercio Exterior, se debe suspender el cómputo del plazo del procedimiento administrativo en materia aduanera?

Por último, para efectos de este trabajo, consideramos que el plazo del PAMA debe suspenderse a efecto de que no exista una antinomia entre lo señalado en la regla 2.5.1 de las reglas Generales de Comercio Exterior y el artículo 153 de la Ley Aduanera; la suspensión se considera actualizada por el propio alcance del beneficio otorgado por la regla.

Se señala que puede llegar a existir una antinomia[1] cuando la citada regla establece que hasta antes de que se dicte resolución definitiva el particular podrá solicitar la regularización de la mercancía sujeta a embargo precautorio, pero sin que de forma expresa en dicha disposición se contemple o indique que en ese caso el cómputo del plazo establecido en el artículo 153 de la Ley Aduanera se verá interrumpido, y recordando que la autoridad tendrá un plazo de cuatro meses contados a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado. Como consecuencia, en la práctica las autoridades otorgan un plazo menor al de los 20 días para presentar el pedimento de regularización, cuando el plazo que medie entre uno y otro exceda los cuatro meses, por considerar que al excederse el mismo, todo lo actuado quedaría sin efecto.

Sobre el particular, uno de los criterios que pueden ser aplicables para resolver cuando exista una antinomia consiste en elegir la norma que tutele mejor los intereses protegidos, de este modo se aplicará la que maximice la tutela de los intereses en juego. Esto se realiza mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica la existencia de valores o principios en colisión, y, por tanto, requiere que las normas en conflicto tutelen o favorezcan al cumplimiento de valores o principios distintos. Lo cual en la especie se traduce en la posibilidad de poder llevar a cabo la regularización de los bienes embargados, por lo que con independencia de que el plazo de 4 meses este corriendo no se puede limitar dicho beneficio.

Si bien ni la Ley Aduanera ni las Reglas Generales de Comercio Exterior contemplan la figura de la suspensión para el caso en estudio, toda vez que el artículo 201 del reglamento de la Ley Aduanera no lo señala para este supuesto, también lo es que de otra forma no podrían coexistir las dos disposiciones legales, generando una situación en donde a pesar de que el Estado tendría derecho a cobrar un determinado crédito fiscal, el mismo se perdería ante la posibilidad de que el particular controvierta porque no se respetó el procedimiento contemplado en la regla señalada y, como consecuencia, la resolución definitiva se encontrará viciada. Por lo tanto, la suspensión es una figura valida que de la propia interpretación de las normas permite su aplicación, lo cual claramente sería mejor establecer de forma clara en las Reglas de Comercio Exterior para evitar que las autoridades deban ponderar qué les conviene llevar a cabo en cada caso, máxime en el caso de autoridades estatales, las cuales llegan a tener criterios muy diferentes al de las autoridades federales.

Conclusiones

La figura de la regularización es un mecanismo que en esencia busca corregir una situación anómala de la mejor manera posible, tanto para el contribuyente como para el Estado, sin embargo, al no existir criterios claros en varios puntos, se termina desaprovechando la figura y generando problemas que terminarán en un juicio contencioso.

Ejemplos de lo anterior lo tenemos en el cómputo del plazo de los 20 días señalado en la regla 2.5.1., en la falta de información sobre la valoración otorgada a la documentación presentada dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, a efecto de conocer las razones del posible rechazo de la misma y en consecuencia de la viabilidad de llevar a cabo la regularización, además de la posible antinomia entre la citada regla el artículo 153 de la Ley Aduanera si no existe una suspensión del plazo en el cómputo de los cuatro meses si dentro del mismo se solicita la regularización.

“Uno de los criterios que pueden ser aplicables para resolver cuando exista una antinomia consiste en elegir la norma que tutele mejor los intereses protegidos, de este modo se aplicará la que maximice la tutela de los intereses en juego.”


[1] De la Tesis: I.4o.C.220 C publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 165344,  17 de 33,  Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXI, febrero de 2010, pag. 2788, Tesis Aislada(Civil) tenemos que “La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea”.

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