Cualquier Estado democrático debe consolidar institucionalidad en sus tres Poderes de gobierno. La destrucción, persecución política y linchamiento mediático bajo un discurso de odio de dos Poderes hacia el otro es lo opuesto a una construcción democrática y puede constituir un golpe de Estado basado en una supuesta legalidad para atentar contra la división de Poderes.
Lo que ha sucedido con la reforma judicial recientemente aprobada es una destrucción de todo un sistema judicial -niveles federal y locales-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su órgano de autogobernanza administrativa -el Consejo de la Judicatura Federal- sin meditación, análisis serio y reflexión de lo que es dable conservar y qué no, ello hace que resulte peligroso ser implementado. No comprendí las premuras o las prisas para materializarlo, lo que conlleva a diversas violaciones procesales en el procedimiento de reforma constitucional. La sociedad merece y merecía más ante una reforma de esta magnitud.
“La reforma recientemente aprobada debió buscar la consolidación de poderes judiciales profesionales e independientes, lo que no se hizo y no se logrará con la reforma judicial en los términos que fue aprobada.”
Para fortalecer a los Poderes Judiciales de cualquier país debe buscarse mantener su independencia, imparcialidad y profesionalismo, eso se logra bajo la transparencia del sistema de carrera judicial, méritos y concursos de oposición como ocurre con el sistema que detenta o detentaba el Poder Judicial de la Federación, no vía política, partidos o elección popular como lo establece la reciente reforma judicial aprobada.
La reforma judicial aprobada, al no eliminar la elección popular de juzgadores(as), destruirá el señalado profesionalismo, calidad e independencia del Poder Judicial de la Federación donde existe carrera judicial y concursos de oposición para ascensos y accesos a distintas categorías. Los malos elementos bajo este sistema son y eran excepción y se atacan y atacaban por vías disciplinarias internas, derivando en sanciones. La elección popular que ahora sustituye el sistema de selección solo politizará y generará abusos de factores de poder en el control de la Judicatura Federal y locales.
Es un retroceso para México y para la Judicatura Federal que tanto ha avanzado en carrera y profesionalización, no solo el desmantelarla sin conservar lo positivo (que es mucho), sino además buscar apropiarse bajo el poder político de los jueces(zas) como operadores(as) jurídicos. Los Poderes Judiciales tienen una función social que atender, ese es su propósito, no temas políticos o de popularidad, la reforma recientemente aprobada debió centrarse en ello, se debió buscar la consolidación de poderes judiciales profesionales e independientes, lo que no se hizo y no se logrará con la reforma judicial en los términos que fue aprobada. La carrera judicial (concursos de oposición) era la vía que debía replicarse en las judicaturas locales, no la elección popular que demerita la calidad y ensucia la independencia e imparcialidad por factores de poder de diversa índole.
Lo que sucedió recientemente no es propio de un Estado democrático, pues si dos de los tres Poderes buscan someter al restante con fines políticos y bajo falacias argumentativas, no queda sino la defensa de ese poder, debiendo ser ejercida por la sociedad porque atenta contra las libertades básicas de los ciudadanos(as). De ahí que sociedad civil, estudiantado, universidades y diversos sectores se sumaran a la base trabajadora y a los juzgadores federales en su reclamo y protesta. Lo anterior, pues si partimos de la base de que un poder judicial debe estar unido, ser profesional e independiente y que detenta la función de atender a la ciudadanía de forma rápida, gratuita, imparcial y eficaz, entonces es tarea del Poder Judicial de la Federación (ámbito federal) defender su autonomía como único contrapeso del poder en beneficio de la sociedad, de otro modo, como ocurre con la reforma aprobada, se destruye la división de Poderes.
Por todo ello es que al Poder Judicial de la Federación lo obligaron a realizar, ante la intención de una destrucción democrática de un poder público bajo propósitos políticos, una resistencia (paro) indefinida en defensa de la ciudadanía y generaciones futuras. El diálogo se buscó pero nunca se suscitó de manera real y seria, es decir, no le dejaron más opción que el paro nacional. No fue por la defensa de privilegios o permanencia en un cargo, es en defensa del Estado mexicano, de sus bases constitucionales y sobre todo de la sociedad misma; la reforma judicial debió ser ajustada para que tenga eficacia real o al menos debió ser discutida con mayor seriedad.
El apoyo del sector estudiantil fue vital y dio noticia de que cuando el poder se excede y afecta principios de un Estado democrático, los estudiantes siempre están de lado correcto de la historia. La reforma judicial era necesaria para mejorar la justicia, no para contaminarla; reitero que las universidades y estudiantes que mostraron su apoyo al paro nacional aludido y su preocupación por la esencia de la reforma judicial (juzgadores(as) vía elección popular) fue señal de que las nuevas generaciones alzan la voz de lo que no quieren en su futuro. Esa solidaridad con el paro nacional provino también del ámbito internacional, de los colegios, barras de abogados y universidades, a más de otros sectores. Cobra relevancia el apoyo de los estudiantes de Derecho, quienes son el futuro de nuevas generaciones en los temas de las judicaturas.
El paro nacional del Poder Judicial de la Federación fue consecuencia de la falta de un diálogo real y del análisis eficaz de una reforma judicial, además de la brutal transgresión de derechos humanos-laborales de juzgadores(as) y de personas que aspiran a serlo en un sistema de carrera que busca destruirse. Es lamentable que en uso del poder político y desde los otros dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) se desinforme masivamente a la sociedad sobre lo que es y lo que hace este Poder público y sus juzgadores(as) federales; debió haber un debate serio, no mentiras a la ciudadanía.
“El paro nacional del Poder Judicial de la Federación fue consecuencia de la falta de un diálogo real y del análisis eficaz de una reforma judicial, además de la brutal transgresión de derechos humanos-laborales de juzgadores(as) y de personas que aspiran a serlo en un sistema de carrera que busca destruirse.”
Por ejemplo, se debió debatir con mayor análisis y rigor el tema del rezago en las judicaturas locales y federal, pues para mejorar rapidez de sentencias, abatir rezagos y elevar calidad de justicia, se debe invertir todo lo que se gastará en elección popular de jueces(zas) en crear más y más juzgados, capacitar personal, mejorar infraestructura y tener sistemas de carrera judicial en judicaturas locales. También se debe simplificar, vía los Poderes Legislativos federal y locales, los procedimientos jurisdiccionales, acortemos plazos y términos, lo que tampoco se hizo.
La justicia federal mexicana, con la actual reforma aprobada, esta destruida o al menos en riesgo en los temas de pensar en una justicia imparcial, objetiva, independiente, profesional y de carrera y lamentablemente quien lo padecerá es la sociedad que no tiene la culpa de la desinformación y el discurso falso en torno al Poder Judicial de la Federación, generado desde el poder político. Lo que se vivió y estamos viviendo en torno a la reforma judicial aprobada tiene notas distintivas (en su justa proporción comparativa) de un golpe de Estado disfrazado de legalidad (electoral), sostenido por un discurso de odio y populismo pero sin argumentos reales en el mejoramiento de la justicia.
Lo que se buscó defender y se está defendiendo fue un Poder Judicial de la Federación independiente y profesional, una reforma era sin duda necesaria, pero no sacrificando la calidad existente de los juzgadores(as) ni un sistema de carrera para quienes aspiran a ese honroso cargo, los verdaderos problemas no se atacaron con la reforma que se aprobó.
Actualmente existen aún muchas dudas en cómo operaría la reforma judicial, sobre todo en la elección popular de juzgadores(as); ello debido a las referidas premuras en su discusión y aprobación, y por ende la falta de reflexión sobre ejes que no están analizados suficientemente (en logística y metodología), la mayor afectación será para la calidad de la justicia.
La sociedad quiere resultados de sus instituciones, el Poder Judicial de la Federación se centra en rapidez de fallos (productividad) y calidad en trato y de resoluciones; la elección popular de juzgadores(as), eje toral de la reforma aprobada, destruyendo la carrera judicial, no aporta en nada en los resultados que la sociedad espera de la justicia, por ello más allá de que las fiscalías y policías dependan de los Poderes Ejecutivos federal y locales, la reforma judicial debió incluir el análisis del mejoramiento en estos sectores al impactar en la impartición de justicia. Hay un vínculo innegable, esa problemática no se incluyó ni se atacó desde la raíz.
Finalmente, la reforma judicial aprobada con todas sus irregularidades en contenido y sistema de aprobación vía vicios en los procedimientos, con lo incierto de su viabilidad en la implementación, se coronó, ahora también, con el reciente desacato por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales de las suspensiones que en juicios de amparo se habían decretado para detenerla o al menos para evitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación -lo que tiene que ver con su vigencia-. No acatar por parte del Ejecutivo y Legislativo las indicadas suspensiones en juicios de amparo por el simple dicho de carencia de facultades del Poder Judicial de la Federación, sería tanto como que éste, a su vez, no acatara, decretos o leyes firmes (no impugnadas o impugnadas y ya validadas) por conveniencia o a criterio, o excusándose en la carencia de facultades de aquellos Poderes, sería un absurdo y un contrasentido jurídico.
“No acatar por parte del Ejecutivo y Legislativo las suspensiones en juicios de amparo por el simple dicho de carencia de facultades del Poder Judicial de la Federación, sería tanto como que éste, a su vez, no acatara, decretos o leyes firmes por conveniencia o a criterio.”
Concluyo diciendo que es un orgullo estar en una institución como el Poder Judicial de la Federación, que se consolidó y se consolida hoy como el último bastión de la defensa de un Estado de derecho. Una reforma judicial era necesaria pero no con ejes centrales de politizar la judicatura, someterla y destruirla. Una reforma judicial que beneficie a la ciudadanía debió analizar, como dije, muchos otros temas que sí eran relevantes en la calidad de la justicia para la gente, como la mejora de judicaturas locales y la capacitación de fiscalías y policías, dotar allí, como en el Poder Judicial de la Federación, un sistema de carrera para designaciones y ascensos, mayor preparación, salarios dignos y vocación de servicio para la mejor atención a los justiciables y, desde luego, buscar los medios de los abatimientos de rezagos, la elección popular de jueces y juezas en nada abona a ninguno de esos temas.
