México vive una nueva coyuntura en temas de movilidad humana: la llegada casi sorpresiva de población de Venezuela, que fueron deportados desde Estados Unidos, por la política migratoria de ese país. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de México? ¿Cuál ha sido su estrategia? ¿Cuáles han sido las líneas de acción para atender a esta población? Consideramos que, nuevamente, el Estado mexicano no ha respondió acorde los retos presentes. En la presente reflexión queremos plantear estas inquietudes.
En el año 2021, la llegada de personas migrantes de Haití sorprendió al Estado mexicano. De unas pocas semanas, la ciudad fronteriza de Tapachula comenzó a recibir un número importante de personas proveniente de Haití. De acuerdo con aproximaciones de las autoridades, unas dos mil personas migrantes de Haití ingresaron por la frontera sur de México, ¿qué hicieron las autoridades en ese momento?
Diversas organizaciones como la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana han señalado que la política migratoria del Estado mexicano se ha basado en la contención y militarización, realmente, México se ha constituido como el muro para frenar la migración hacia los Estados Unidos.
Con la población migrante de Haití se aplicó esa política migratoria: contener a la población migrante y concentrarla en Tapachula, impedirle a cualquier costo su tránsito por México para llegar a Estados Unidos.
¿Qué ocurrió? La llegada de dos mil o tres mil personas migrantes aun país como México, en donde la población nacional llega a más de 130 millones de personas, no debería impactar en la vida social, jurídica, económica o laboral. Sin embargo, concentrar esa misa población de dos mil o tres mil personas en una ciudad, en unos pocos días, sin opciones de acceso a regularización migratoria, empleo, salud o vivienda, entonces, desde luego que genera consecuencias negativas, tanto para la población local como para la migrante.
A finales del 2021 y comienzos del 2022, las opciones para la población de Haití eran cada vez más escazas: hacinamiento, enfermedad, dormir en las calles, víctimas de extorsión, conflictos con la población local, brotes de violencia y desesperación, por mencionar algunos. En el caso de la población de Haití, hasta que la situación de tornó insostenible, el Estado mexicano accedió a permitir el tránsito de las personas migrantes de Haití por territorio mexicano, desearan o no, establecerse en México.
Nuevamente, en el último trimestre del año 2022, como un movimiento cíclico de la migración, las personas de Venezuela se encuentran en la misma situación: debido a la política migratoria de Estados Unidos, han tenido que concentrarse en diversos puntos del territorio mexicano, como Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez o Matamoros.
Lo anterior ocasiona que la historia se repita: no existe claridad en la estrategia del Estado mexicano para atender estos flujos migratorios. Únicamente se busca contener y concentrar a las personas migrantes, ahora proveniente de Venezuela, en lugares específicos, pero sin una política humanitaria articulada con los gobiernos locales o la sociedad civil.
Las personas migrantes de Venezuela, se encuentra varadas, nadando en un limbo jurídico, entre que no es posible acceder al sistema de asilo en Estados Unidos, la mayoría no quiere regresar a su país, y se tienen que quedar en un país que no tiene oportunidad para una estancia segura, ordenada y regular.
Las problemáticas se repiten: hacinamiento, dormir en la calle, falta de empleo, etcétera. Todo esto, como consecuencia de que el Estado mexicano carece de una estrategia para atender a la población venezolana, o al menos no es clara su visión o política migratoria.
Ante ello, como siempre ha sido, y seguirá, la sociedad civil organizada y las instituciones religiosas han respondido a través de las Casas del Migrante, albergues y ayuda humanitaria.
