Con motivo de la polémica revocación de mandato promovida por Andrés Manuel López Obrador, que más bien es un ejercicio mañoso de ratificación de mandato, el Presidente de la República impulsó en el Congreso una reforma que le da la vuelta a la prohibición de promover desde las instancias políticas y públicas este ejercicio de democracia participativa.
En un inusual procedimiento fast track, en menos de un mes, con su mayoría Morena y sus aliados, aprobaron la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Revocación de Mandato, en sus artículos 449, numeral 1, incisos b, c, d y e de la LGIPE y 33 párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la LFRM, respectivamente.
Así, de un plumazo eliminaron la prohibición o veda para promover la revocación de mandato, sin importarle a los legisladores que se violan algunos artículos de la Constitución, como el 105 que ordena la imposibilidad de realizar reformas legislativas durante los 90 días previos al inicio de un proceso electoral.
Se trata de una nueva acción que viola nuestra Ley Suprema, aprobada por los senadores y diputados de Morena y sus aliados, concretando un “fraude a la Constitución y a la ley”, violando además el principio de retroactividad previsto en el artículo 14 Federal, al momento de la aprobación de esta ley, ya que a escasos días a que tenga lugar la votación para la Revocación de Mandato, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado jueves 17 de marzo.
No hay que olvidar que los diputados tardaron casi 500 días en aprobar la ley secundaria de la revocación de mandato y ahora la mayoría de los morenistas que participaron en ella y que aprobaron la misma, están haciendo un cambio que viola el Estado de Derecho, y cambiando la interpretación a los que ellos mismos aprobaron cuando aprobaron la presente ley.
Como era de esperarse, las dirigencias de los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, promovieron rápidamente una acción de inconstitucionalidad conjunta contra este decreto interpretativo sobre propaganda gubernamental y solicitaron que sea decretada su suspensión antes del 3 de abril en que inician campañas políticas en seis entidades en las que habrá cambio de gobernadores para impedir que la 4T realice prácticas electorales inequitativas.
Argumentan los partidos de oposición en su recurso que el decreto aprobado viola varios artículos constitucionales, entre ellos el 41 y el 134, relativos a la equidad en las contiendas y la imparcialidad con la que deben conducirse los servidores públicos, además de que el decreto “pretende cambiar las reglas a la mitad del juego, esto es absolutamente inaceptable, ya que estamos en medio de una consulta tergiversada de la revocación de mandato que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó, que ellos mismos aprobaron pero que ahora, al ver el desinterés de la sociedad en participar en esta gran farsa, están cambiando las reglas para que los funcionarios de gobierno destinen su tiempo en promoverla”. Esperemos que la Corte actúe en consecuencia y conceda la suspensión solicitada.
