En esta Guerra de Poderes, el enfrentamiento abierto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Ejecutivo Federal, era cuestión de tiempo. Diversos signos a lo largo de esta nueva administración federal fueron dejando, como en el cuento escrito por los Hermanos Grimm, migas en el camino que anunciaban que el equilibrio entre ambos poderes era Frágil y podía fracturarse en cualquier momento.
La primera turbulencia estruendosa surgió cuando el Presidente, inspirado en su visión de cambiar y desterrar la corrupción del sistema político, así como de frenar el exceso de recursos públicos en manos de terceros, emitió entre otras, la orden para que nadie en el país tuviese un sueldo mayor al suyo, sueldo que por cierto se lo redujo apenas tomó posesión del cargo.
Esta obsesión por poner orden en el manejo del dinero del pueblo, como el Presidente López Obrador lo llama, comenzó por institucionalizar lo que la llamada Cuarta Transformación denomina “austeridad republicana”, una visión que tiene como justificante el terrible y descomunal derroche de recursos públicos realizado en administraciones pasadas, que de forma histórica dejaron evidencia en el México contemporáneo, donde la política era la mejor academia de millonarios de nuestro país, y sólo bastaba ocupar un cargo público para que de inmediato la prosperidad, los negocios, los buenos arreglos, las franquicias, los contratos eternos, llegasen a manos del presidente en turno, a su familia y cercanos, y dejando definitivamente un profundo cambio en los mandatarios, que al llegar a la política tenían una posición económica, y al salir de sus cargos tenían otra notoriamente superior a la inicial.
Ese ejemplo se replicaba en todos los escalafones del servicio público, y mientras más cercano al presidente, mayores recursos y beneficios se obtenían, acciones que se hace innecesario detallar con nombres y ejemplos porque no daría este espacio para ello, y porque durante los últimos 94 años, desde la fundación del PNR, son hechos públicos y notorios de nuestra historia contemporánea.
La Corte Mexicana, de forma discreta, logró hacer los ajustes interpretativos necesarios para que sus ministros pudieran conservar un sueldo mayor al del presidente. Sin escándalos, sin declaraciones mediáticas, sin gritos en las redes sociales, supo la Corte mantener, lo que entonces ya es una excepción a la norma, y escapar de esa visión de austeridad consagrada en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, junto con los once ministros, el Fiscal General de la República, la Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el entonces titular del Instituto Nacional Electoral. El enfrentamiento se ha vuelto abierto, al menos así sucedió con el INE y ahora con la SCJN, cuyas discusiones han saltado a la palestra pública y todos tienen una opinión a favor o en contra de sus posturas.
Pero en la búsqueda de la verdad, existe un hecho que es innegable. Tanto el INE como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su correcto y debido funcionamiento, lograron generar importantes ahorros en su gasto público, es decir, lograron durante mucho tiempo, operar sin gastar todo el dinero público que se les ha destinado, lo cual de primera mano puede ser una situación para aplaudirse. Ese exceso de dinero decidieron ahorrarlo, para hacerlo crearon fideicomisos que lograron albergar cantidades millonarias de dinero, que fueron destinados para el beneficio de quienes ostentan esos cargos públicos, pensiones, seguros de vida, así como para otras acciones.
Ha sido el manejo de esos excesos de dinero la manzana de la discordia. ¿deberían todos los funcionarios del país ganar menos que el presidente?, ¿deberían las instituciones públicas devolver el dinero no ejercido?, ¿es legal crear ahorros en la operatividad de las instituciones para usar ese dinero discrecionalmente? ¿Quién decide si el uso de esos excedentes de dinero debe ser a favor de los funcionarios o a favor de cualquier otra causa?, ¿tiene razón de ser este enfrentamiento entre Poderes?, ¿en verdad existe razones políticas para justificar el enfrentamiento entre la Suprema Corte y el Ejecutivo?, ¿es la Corte un freno a excesos del Ejecutivo o es un baluarte de defensa de otra visión política diferente a la que actualmente rige a nuestro país? Todas esas cuestiones son las que ahora se ventilan públicamente en noticieros y redes, y las que acaparan la atención del país, incluso inciden a nivel internacional, pues no todos los días se ve esta lucha de gigantes.
Lo innegable es que ese enfrentamiento ha convertido el aire en gas natural, generando una reacción explosiva, donde el duelo salvaje se hace evidente, y bajo el cual todos los ciudadanos sentimos realmente nuestra fragilidad. Como guante embona la canción compuesta por Antonio Vega Tallés en esa lejana década de los ochentas, a esta situación que parece no tiene retorno, pues el Presidente definitivamente va a intentar revolucionar desde sus entrañas a la Corte y esta última hará uso de todas sus facultades para que no suceda. Eliminar privilegios, corrupción y excesos acusa uno, frenar abusos revira el otro.
En esa fragilidad ciudadana, parece que estará también la decisión final de este tema, o al menos así lo ha sugerido el ejecutivo con su plan C, donde pide el voto masivo para Morena y así tener mayoría parlamentaria que le facilite los cambios estructurales para cambiar las entrañas de la Corte a como la conocemos ahora.
No sabemos si Montesquieu al plantear su idea moderna de división de Poderes, la cual se inserta en nuestra Constitución de Cádiz desde 1812, pudo prever esta situación, de ser así, ¿cuál es el mecanismo para desatorarlo? Al ejecutivo lo juzga la Corte y a la Corte ¿quién la juzga? Innegable es que a todos los juzgará la historia y el pueblo.
Lucha de Gigantes, vaya pesadilla, dime que todo es mentira, un sueño tonto, ¿o es que acaso no hay nadie mas aquí?, en este mundo descomunal, siento la fragilidad. Genio Toño Vega.