Los Diputados han hecho la propuesta de reforma al artículo 19 Constitucional, en la que se destaca ampliar la prisión preventiva oficiosa a tres delitos, a saber, el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos, los cuales al parecer para los legisladores son más importantes que los seis que eliminaron de la minuta presentada por los Senadores, es decir, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos (como transporte o portación de armas).
Sin duda alguna, es aplaudible la tarea de los legisladores para castigar con mayor severidad a las personas que por muchos años han cometido conductas que dañan a la sociedad y que actualmente no se contemplan como graves, sin embargo, es totalmente reprochable el pretender premiar a todos aquellos que le causan un grave daño a otro ser humano y más tratándose de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres en general.
Por ello, en este caso solamente vamos a señalar tres de los seis delitos antes mencionados, ya que consideramos que son los que más afectan a la sociedad, como son: el feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores y desaparición forzada.
En el caso del feminicidio, la sociedad dio un paso agigantado cuando se logró que en lugar de castigar únicamente el homicidio de una mujer, se llevara a cabo una investigación por muerte violenta en contra de una mujer, además de que sigue la lucha de las diferentes organizaciones de la sociedad civil para que se realice una reforma integral que permita homologar a nivel nacional este delito, así se podrá contar con protocolos especiales y que sean relativos a la perspectiva de género con la firme intención de tener una mejor investigación y judicialización de este delito, es decir, para evitar que todos los feminicidios se queden en la impunidad.
Por lo que respecta al abuso o violencia sexual contra menores, no debemos olvidar que son los seres humanos más vulnerables y su protección no solamente corresponde a los padres y familiares, sino a toda la sociedad en general, pero más aún al Estado, a través de las diferentes Instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es el caso que los niños cuando por desgracia crecen en un medio con agresiones físicas o psicológicas, ya sea por los padres, maestros, autoridades e inclusive por la violencia que se vive en el medio o lugar donde habitan, provocan que el menor se desarrolle y crezca con una imagen distorsionada de lo que es la convivencia y, sobre todo, el respeto.
Derivado de este problema por el que pasa el menor, inevitablemente lo llevará a vivir y reproducir relaciones de maltrato y violencia el resto de su vida y propiciará de manera importante que cada día más de ellos se integren a las familias de niños de la calle o adolescentes en conflicto con la ley (menores delincuentes), en donde su perspectiva de vida no es mejor, ya que su maltrato será de orden social.
Ahora bien, en relación al delito de desaparición forzada, recordemos que México, ha sufrido este flagelo con el alarmante número de treinta y seis mil casos de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, de a cuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED.
Es por ello que el Estado reaccionó ante esta situación con el decreto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sin embargo, no podemos dar marcha atrás con las estrategias de combatir este delito, ya que se ser así, el número de personas desaparecidas seguirá incrementándose.
Como conclusión diremos que el Poder Legislativo, principalmente en este caso que nos ocupa, los Diputados, deben entender que la sociedad merece tener mayor certeza jurídica para evitar que la delincuencia siga creciendo y los delitos sigan con la impunidad que nos tienen en total estado de indefensión y como consecuencia, vulneran los derechos humanos de los mexicanos.
