“La independencia judicial se refiere a las garantías que deben existir para que el sistema judicial no sufra injerencias por parte de los otros Poderes o de cualquier otra persona o institución del Estado, y que asegura que los jueces no estén sometidos a ninguna voluntad distinta a la de la ley y que en su actuar no deben tener miedo a ningún tipo de represalia.”
La independencia judicial es un pilar del orden constitucional que garantiza a los ciudadanos un sistema de justicia imparcial y justo. Implica que los jueces deben tomar decisiones basadas en la ley y la equidad, sin interferencia externa o interna, como presiones políticas o económicas. En este contexto, la independencia judicial es una garantía que protege los derechos individuales y la división de Poderes en un Estado democrático de derecho, promoviendo la confianza en el sistema de impartición de justicia que asegura que todos, gobernados y gobernantes sean tratados por igual ante la ley.
En suma, la independencia judicial se refiere a las garantías que deben existir para que el sistema judicial no sufra injerencias por parte de los otros Poderes o de cualquier otra persona o institución del Estado, y que asegura que los jueces no estén sometidos a ninguna voluntad distinta a la de la ley y que en su actuar no deben tener miedo a ningún tipo de represalia. Cuando los ciudadanos tienen la certeza de que los jueces son independientes, aumenta la confianza en el sistema legal y es también esencial para que las personas respeten y cumplan las decisiones judiciales.
Para preservar la independencia judicial, se deben procurar cuando menos las siguientes medidas aceptadas internacionalmente:
1. Nombramientos Imparciales. Los jueces deben ser seleccionados basándose en sus méritos y capacidades, y no en afiliaciones políticas. Los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y objetivos.
2. Garantizar Seguridad Laboral. Es necesario proteger a los jueces de represalias por sus decisiones y opiniones. Esto incluye salvaguardar su independencia económica y laboral.
3. Revisión y Supervisión. Se debe mantener un sistema efectivo de revisión y supervisión de las decisiones judiciales, sin que interfieran en la toma de decisiones de los jueces.
4. Legislación Sólida. Hay que asegurarse de que las leyes protejan a los jueces y establezcan procedimientos claros para resolver conflictos legales.
5. Respeto a las Decisiones Judiciales. Se deben aceptar y cumplir las decisiones de los tribunales, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Esta condición es fundamental para mantener la integridad del sistema judicial.
Para resaltar la importancia de la independencia judicial como un principio esencial para que prevalezcan la democracia y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, resulta conveniente citar brevemente algunas de las reflexiones expresadas en 1748 por Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, en su célebre obra El Espíritu de las Leyes, donde asegura el filósofo francés que: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo, hasta que encuentre límites. y para que no se pueda abusar de este, es necesario que el poder detenga al poder”. Por ello los Poderes deben vigilarse entre ellos, para impedir que ninguno predomine sobre los demás.
Es en este esquema, asegura que al Poder Judicial le corresponde, al aplicar la ley, revisar los actos de los otros dos Poderes, para que se respete la Constitución y la ley, y se prevenga el abuso del poder. “Para que la libertad quede a salvo –decía Montesquieu–, es preciso que el poder este dividido, y que el poder limite al poder, concibiendo la independencia judicial como la garantía que asiste al juez para dictar sus resoluciones y ejercer sus atribuciones sin injerencia o presiones de ninguna clase”.
El Poder Judicial bajo la mira
A partir de estas ideas, me permito expresar una legítima preocupación en torno a la delicada situación que estamos viviendo en México, frente a los reiterados ataques al Poder Judicial Federal y la amenaza constante a la independencia de los jueces y a la división de Poderes, por parte del presidente de la República y de los legisladores de Morena y sus aliados.
Como nunca antes, hoy el Poder Judicial y el Estado Constitucional de Derecho están “bajo la mira” del presidente AMLO, quien frecuentemente, violando la Constitución y aplicando su conocido dicho de “que no me vengan con que la ley es la ley”, emprende acciones autoritarias y antidemocráticas que atentan, no solo contra la independencia judicial, sino también contra las libertades y los derechos humanos de muchos mexicanos.
“Como nunca antes, hoy el Poder Judicial y el Estado Constitucional de Derecho están ‘bajo la mira’ del presidente AMLO, quien frecuentemente, violando la Constitución y aplicando su conocido dicho de ‘que no me vengan con que la ley es la ley’, emprende acciones autoritarias y antidemocráticas que atentan contra la independencia judicial y contra las libertades y los derechos humanos de muchos mexicanos.”
Frente a este delicado escenario, es necesario que los abogados, que somos herederos de una profesión liberal, depositarios de una formación humanista y que hemos sido formados en la lógica de la Cultura de la Legalidad y de la salvaguarda de los valores más sagrados del hombre, como libertad, igualdad y defensa de la integridad y del patrimonio de las personas, cada vez que el Presidente AMLO insulte o amenace a jueces, magistrados o ministros, ¡DEBEMOS ALZAR LA VOZ! y recordarle que vivimos en una república y no en una monarquía. Que él es un servidor público electo por los ciudadanos y que su deber primario es respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan y gobernar para todos los mexicanos. Desde la trinchera en la que nos encontremos, los abogados, debemos asumir un gran compromiso por la defensa de nuestra ley suprema y la vigencia del Estado de Derecho.
“¡DEBEMOS ALZAR LA VOZ! y recordarle que vivimos en una república y no en una monarquía. Que él es un servidor público electo por los ciudadanos y que su deber primario es respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan y gobernar para todos los mexicanos. Desde la trinchera en la que nos encontremos, los abogados, debemos asumir un gran compromiso por la defensa de nuestra ley suprema y la vigencia del Estado de Derecho.”
Es por ello, que los principales colegios nacionales de abogados, como la Barra Mexicana de Abogados (BMA), el Ilustre Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y desde luego la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), hemos venido condenando públicamente el discurso beligerante del Presidente AMLO en contra de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), y el constante ataque a la división de Poderes, sin tomar en cuenta que es precisamente en el Poder Judicial en quien recae la salvaguarda del orden constitucional y legal, por lo que las amenazas y muestras de odio a sus integrantes generan intimidación, desconfianza en la ciudadanía y pueden provocar actos de violencia en contra de ellos.
Extinción de los fideicomisos del PJF
La última embestida del titular del Ejecutivo contra el PJF, quizá la más grave, ahora orquestada con sus serviles seguidores e incondicionales del Poder Legislativo, es el decreto que cancela 13 fideicomisos del PJF, que representa aproximadamente 15 mil mdp y la petición de una sustancial reducción de su presupuesto del año 2024, afectando directamente derechos laborales adquiridos de los trabajadores y funcionarios del PJF.
Por ello, aplaudimos el posicionamiento reciente de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, al afirmar que en relación con la propuesta del presupuesto del Poder Judicial Federal para el año 2024, que presentó al Poder Ejecutivo, lo hizo atendiendo al ejercicio de pesos y contrapesos que prevé la Constitución, enfatizando que: “debilitar las atribuciones esenciales de uno de los tres Poderes del Estado con una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino el rompimiento del Estado de Derecho”.
Estoy convencido que gracias a los miles de resoluciones que diariamente pronuncian los juzgadores de todo el país, aplicando la ley y observando la Constitución, es que en México gozamos de gobernabilidad y paz social, no obstante que hoy estas dos condiciones que garantizan la convivencia pacífica, se encuentran muy deterioradas. No hay que olvidar que son los jueces la última frontera de una sociedad libre y democrática, para combatir el autoritarismo, el abuso de poder, la corrupción y la ilegalidad.
La extinción de los 13 fideicomisos del PJF, la intención de transferir los fondos ahí depositados a la Tesorería de la Federación y la disminución de su presupuesto del 2024, que seguramente concretarán los diputados y senadores de Morena y de sus aliados del PVEM y del PT –leales al Presidente AMLO–, no solamente son un ataque a la independencia judicial y a la división de Poderes, sino también (lo que es más grave), una afectación directa a los derechos laborales adquiridos de los trabajadores y funcionarios que integran el PJF y del derecho de todos los mexicanos de acceso efectivo e igualitario a la justicia, ya que, la primordial atribución del PJF es garantizar el derecho humano de acceso a la justicia de toda la sociedad mexicana.
“La extinción de los 13 fideicomisos del PJF y la disminución de su presupuesto del 2024 son un ataque a la independencia judicial y a la división de Poderes y una afectación directa a los derechos laborales adquiridos de los trabajadores y funcionarios que integran el PJF y del derecho de todos los mexicanos de acceso efectivo e igualitario a la justicia.”
Habría que pedirles al Presidente AMLO y a sus legisladores afines que se coloquen en el sentido correcto de la historia en materia de independencia judicial y división de Poderes, y sigan el ejemplo de los diputados del Estado de Jalisco, quienes recientemente aprobaron una reforma a su Constitución estableciendo para el Poder Judicial del Estado de Jalisco un presupuesto anual fijo del 3% del total del presupuesto de egresos del Estado. Esta es una gran medida que garantiza una real y efectiva independencia judicial.
Culmino reconociendo en la mayoría de los ministros y ministras de la SCJN, la histórica defensa que han venido haciendo del orden constitucional, en contra del presidente y de sus aliados de la 4T, en sus intentos por vulnerar la independencia judicial y la división de poderes y con ello a nuestro Estado de Derecho, ya que con valentía, convicción y compromiso han venido defendiendo el orden constitucional, evitando que el gobierno avance en el desmantelamiento de algunas de las instituciones que tantos esfuerzos y sacrificios han costado a muchas generaciones de mexicanos.
“Reconocemos en la mayoría de los ministros y ministras de la SCJN, la histórica defensa que han venido haciendo del orden constitucional, en contra del presidente y de sus aliados de la 4T, en sus intentos por vulnerar la independencia judicial y la división de poderes y con ello a nuestro Estado de Derecho, ya que con valentía, convicción y compromiso han venido defendiendo el orden constitucional, evitando que el gobierno avance en el desmantelamiento de algunas de las instituciones que tantos esfuerzos y sacrificios han costado a muchas generaciones de mexicanos.”
Esperemos que en las acciones legales que habrán de venir en defensa de los fideicomisos y del presupuesto del PJF, esta mayoría de ministros del pleno de la SCJN continúen con esta histórica defensa y reviertan estas aberrantes e ilegales acciones legislativas.
Expresando nuestro reconocimiento y solidaridad con los miembros del PJF (trabajadores y funcionarios), pedimos una vez más respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal que ponga fin a la campaña de hostigamiento y descalificaciones sin sustento en contra del PJF.
¡No podemos permitir en México otro maximato ni otra dictadura!
*Mensaje pronunciado el 18 de octubre de 2023 en el Congreso Internacional “Los Retos de la Justicia”, organizado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, la Facultad de Derecho de la UNAM y el Tribunal Electoral del PJF.