La recién aprobada “reforma a la reforma judicial”, incluyo una reserva tramposa de última hora, que abrió de par en par las puertas a la reelección de los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con miras a 2028. Este viraje representa una preocupante contradicción política y una peligrosa concesión institucional.
La discusión y aprobación mostró la evidente fractura al interior de Morena en la Cámara de Diputados. Mientras Sergio Gutiérrez Luna, el promovente, trató de usar palabras que parecieran congruentes, la crítica más demoledora provino del propio oficialismo, del vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quién no dudó en calificar en tribuna el hecho como una «vergüenza nacional». El legislador hizo un trazó entre periodos originales, prórrogas previas y la posibilidad de una reelección, ya que algunos magistrados, los más allegados al poder -aquellos que le dieron a Morena la sobre representanción- , podrían perpetuarse hasta 18 años en el cargo. Una anomalía que, en palabras del propio Cuéllar, significa prácticamente “la mitad de lo que duró el porfiriato”.
Este beneficio a modo —bautizado legítimamente por la crónica periodística como un «regalazo» al TEPJF— dinamita el discurso de renovación y democratización que supuestamente inspiraba la gran reforma al aparato de justicia. Resulta paradójico que el mismo bloque político que ha fustigado históricamente a las autoridades electorales, acusándolas de opacidad y sumisión a viejos intereses, hoy les extienda un cheque en blanco para su continuidad.
De los 254 diputados de Morena, solo 22 se abstuvieron de votar, solo 22 mostraron congruencia con los “ideales” de los líderes del partido. Tanto AMLO, como Sheinbaum Pardo, han repetido en innumerables ocasiones que no debe haber reelección; incluso se hizo una reforma para eliminar esa posibilidad en 2025.
Incluso, la Dip. Xóchitl Zagal apeló al “sentido ético” de los magistrados, para que no aceptaran el “regalazo”, pero también se dirigió a la ciudadanía para realizar un voto crítico, aunque la responsabilidad de que exista esa posibilidad recae completamente en el oficialismo, no hay otra forma de ponerlo por más que se le quiera maquillar.
Pero para Monreal, la abstención de sus 22 compañeros no significa una ruptura, es libertad. Curioso que en otras ocasiones él mismo ha llamado a la unidad al tratarse de unificar el discurso o “hacer consenso” para temas de interés del Ejecutivo. En esta ocasión se le olvidó y se separó de las convicciones del mismo partido.
No se debe soslayar que el Dip. Gutiérrez Luna que introdujo el albazo, es cercano a Monreal, quien ha fungido como operador político del partido, pero se ubica más cercano a AMLO que a Sheinbaum.
Las declaraciones de la presidenta son también un permiso de facto: “fue una decisión que toma el Congreso, no quisiera yo opinar al respecto”, dijo en su conferencia matutina al ser cuestionada. Tras malabarear, volvió a responsabilizar al electorado, “es importante que la gente sepa que es que no es que se quedan 17 años, sino que van a participar en la siguiente elección. Y la gente ya tomará la decisión si los eligen o no”. La misma presidenta que defendió con vehemencia su iniciativa para prohibir la reelección, y que habla de cualquier tema en su conferencia matutina, ahora, curiosamente, prefiere no opinar.
Nuevamente la reforma judicial se convierte en un bodrio. Lo que trataba de corregirse se convirtió en un hito a la incongruencia. “El propósito de la reforma judicial era terminar con las castas que permanecían durante largos periodos en tribunales colegiados, juzgados de distrito y órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el propio Tribunal Electoral”, dijo Ramírez Cuéllar al pedirles retirar la reserva para no convertirse en un ridículo nacional y como bien mencionó, más allá de ser una burla, es una violación flagrante a la Constitución.
Si el Tribunal Electoral pretende mantener un ápice de legitimidad frente a los ojos de la ciudadanía y autonomía ante los otros poderes, sus integrantes están obligados a actuar con rectitud moral. No se puede apelar a la legalidad técnica de una reserva de última hora para justificar la prolongación desmedida en el ejercicio de algunos integrantes del poder judicial. La línea entre dar certeza institucional y pactar cuotas de permanencia es sumamente delgada, y hoy parece haberse desdibujado en el Congreso.
