La inclusión también se traduce: Escasez de intérpretes y derechos lingüísticos

Coautora: Antonia Rodríguez

El acceso a la justicia1[1] es un derecho fundamental que se relaciona con todos los derechos, pues se erige como instrumento para su protección y garantía. Su tutela requiere el desarrollo de mecanismos que vayan más allá de la mera previsión de vías procesales en las leyes de diversas materias y que garanticen que todas las personas que lo requieran puedan acceder a ellas de manera adecuada, a fin de obtener una resolución que atienda integralmente sus pretensiones.

En México existen diversas barreras que dificultan que la población indígena pueda acceder a los servicios estatales y ejercer sus derechos. Esta problemática es aún más severa para quienes sólo hablan lenguas originarias. A pesar de los tratados y declaraciones internacionales que respaldan los derechos de los Pueblos Indígenas y señalan la obligación del Estado para garantizar este derecho, la realidad sigue marcada por la discriminación, la marginación social y la falta de acceso a la justicia.

A nivel internacional, el Objetivo 16 de la Agenda 2030, Paz, justicia e instituciones sólida, subraya la necesidad de asegurar el acceso universal a la justicia y para lograr que sea una realidad para las comunidades originarias, es fundamental que se garanticen intérpretes y traductores en los procesos judiciales, se fortalezca el pluralismo jurídico mediante el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, se capacite a las personas operadoras judiciales en derechos indígenas y diversidad lingüística y promover políticas lingüísticas que aseguren el uso de lenguas indígenas en la administración de justicia.

Incluso, a nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya ha sentado jurisprudencia en cuanto al derecho de los pueblos indígenas a expresarse en su propia lengua, en 2006 en el caso López Álvarez vs. Honduras[2], reconoció el derecho de las personas a utilizar el idioma de su elección en la expresión de su pensamiento en instancias judiciales y penales, y que la prohibición del uso de una lengua que representa un elemento de identidad afecta la dignidad personal.

Sin embargo, en México, las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo un obstáculo significativo para que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos. En 2007, la Oficina Mexicana del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) realizó un diagnóstico en Oaxaca3[3] en el que se evidenciaron serias deficiencias en la garantía del derecho a contar con un traductor o intérprete. Aunque el 91% de los indígenas encuestados hablaban un idioma originario, sólo el 16% informó haber tenido acceso a un traductor o intérprete durante un juicio.

Con este contexto, desde 2018 la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales (REDIN)[4], organización que surge ante la inquietud de jóvenes universitarios hablantes de lenguas indígenas, quienes teniendo la experiencia empírica como intérpretes de familiares sujetos a un proceso judicial, se percatan de la ausencia de intérpretes de lenguas indígenas, por lo que deciden comenzar a generar mecanismos de profesionalización para intérpretes y traductores. Campamento de Formación de Intérpretes de Lenguas Indígenas de Oaxaca, en materia Jurídica y Médica.

Desde esa fecha han sumado a más de 250 jóvenes indígenas a los que han profesionalizado como traductores e intérpretes en lenguas indígenas para los ámbitos jurídico, médico y social en México y Estados Unidos. Uno de los medios que utilizan para realizar su labor es el Campamento de Formación de Intérpretes de Lenguas Indígenas de Oaxaca, en materia Jurídica y Médica, el cual tiene como objetivo principal capacitar a intérpretes en lenguas indígenas de Oaxaca para que puedan desempeñar un papel crucial en dichos ámbitos. El último se realizó presencialmente del jueves 8 al domingo 11 de mayo de 2025 en el Centro Ecoturístico Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México.

Reunieron a aproximadamente 50 jóvenes de ocho regiones de Oaxaca (Costa, Istmo de Tehuantepec, Papaloapan, Cañada, Mixteca, Sierra Sur, Valles centrales y Sierra Norte). Las personas participantes cumplieron los requisitos de tener entre 18 y 30 años de edad, ser hablante de alguna lengua indígena de Oaxaca y la disponibilidad para dedicarse a esta formación.

En el campamento se realizaron diversas charlas, conferencias y actividades que podríamos dividir en cuatro grandes rubros:

• Identidad y pertenencia.
• Racismo estructural contra la diversidad lingüística.
• Justicia lingüística y derechos colectivos.
• Profesionalización decolonial.

Estos temas son fundamentales para garantizar que los intérpretes puedan proporcionar servicios de alta calidad que sean culturalmente sensibles y adecuados para las necesidades de las comunidades indígenas. Se recalcó la importancia de que existan las personas intérpretes como un puente de comunicación entre el Estado, a través de sus diferentes órganos de gobierno y las personas pertenecientes a comunidades que no hablan otra lengua más que alguna originaria.

Las participantes aprendieron a identificar sus pares lingüísticos, la importancia de conocer su comunidad y las que están cercanas, es decir, reconocer su territorio. Se buscó dar un sentido de pertenencia y de revaloración al mundo que se conoce a través de enunciarlo mediante diferentes lenguas. En cuanto a la discriminación se realizaron actividades encaminadas a manifestar circunstancias que hubieran vivido, su sentir, su dolor y la forma en que estas se manifiestan, la respuesta era esperada, varias personas tuvieron vivencias para compartir, con lo cual se pudo identificar que nos son hechos aislados, sino que devienen de una discriminación estructural que viven las personas hablantes de lenguas originarias.

En cuanto a la profesionalización, se les explicó la diferencia entre la interpretación simultánea y consecutiva, se les habló de la ética con la que debe guiarse la persona intérprete, las técnicas de interpretación y se realizaron ejercicios de simulación en interpretación en materia jurídica y médica. Además, se realizó una audiencia con juez, abogado y víctima, sin que quien actuaba de intérprete supiera que iba a pasar, en el mismo sentido se hizo la consulta médica en donde se encontraba el médico, la paciente y el intérprete, en este caso se encontraron con las dificultades de que no todos los términos técnico-profesionales se encuentran en lenguas originarias.

Después de todas estas actividades y las redes que se crearon entre las personas asistentes, se llevaron la tarea de aprender más palabras en su lengua y platicar más con los “ancianos” de su comunidad y buscar más diálogos con las comunidades cercanas. Todas estas actividades, no sólo buscan acercar el acceso a la justicia a las personas que no hablan el español y visibilizar el valor que tienen dentro de los espacios de los cuales han sido despojadas, sino también lograr que se preserven las lenguas por generaciones, y evitar que se pierdan y mueran, porque cuando una lo hace, también se pierde una forma de ver y habitar el mundo.

Desde Abogadas MX reconocemos la labor de la Red de Intérpretes y promotores Culturales A. C. y a sus directivos quienes realizan una labor importante en la materialización de estos derechos, generando una cultura jurídica más diversa e inclusiva, como lo decía James Anaya, exrelator de derechos de los pueblos indígenas de la ONU “Es insoslayable que las lenguas indígenas se incorporen a la educación de los agentes del Estado”.

[1] Centro de Estudios Constitucionales. Acceso a la Justicia. SCJN. Disponible en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/programas-investigacion/accesoalaJusticia

[2] Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de

febrero de 2006. Serie C No. 141

[3] ONU-DH. Informe del diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México. Disponible en:

[4] Red de Intérpretes y Promotores interculturales. Disponible en: https://redinterprete.org/