El pasado 23 de junio se sumó a las impugnaciones contra la elección judicial un juicio de inconformidad ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentado por las personas juzgadoras federales en funciones que participaron en el proceso electoral. Los juzgadores piden “la nulidad total por tratarse de violaciones demostradas cuantitativa y cualitativamente”.
Los juzgadores todavía en funciones señalan las “graves violaciones a los principios constitucionales y convencionales de legalidad, imparcialidad, libertad de sufragio, transparencia, certeza y objetividad” y solicitan a la Sala Superior “resolver conforme a principios constitucionales y convencionales, pero no con base en ‘votos perversos individuales e intereses ocultos’”. De igual forma, apelaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer lo conducente en su competencia y así evitar que sean tribunales internacionales los que se pronuncien.
Afirman que, aunque el juicio lo presentan bajo su legítimo interés, la sociedad y partidos políticos también tienen un interés legítimo y social, exigir el respeto a la libertad de sufragio, la imparcialidad y transparencia en los procesos electorales, específicamente la recién ocurrida elección judicial.
Prácticamente está en manos del TEPJF resolver cada recurso, sin embargo, la esperanza de que exista una resolución contra la elección se ve muy lejana. Podría ser que los magistrados, dos de ellos por salir y tres de corte oficialista, hagan una reflexión objetiva y reconozcan los vicios, aun así, tal como lo hizo el Consejo General del INE, desechen las impugnaciones y la validen.
El último escalón sería el análisis de la SCJN sobre la integración del Tribunal de Disciplina y deberán alcanzar al menos seis votos para validar la elección de los dos magistrados electos; quizá se aproveche la ocasión para dar una opinión o reflexión final sobre todo el proceso antes de que ocho de los once actuales ministras y ministros dejen el cargo, a sabiendas de que el escrutinio público estará sobre ellos y que los embates seguirán siendo crudos.
Probablemente, por la presión política, a la Corte no le quede más que dar una opinión, seguramente en el mismo sentido en el que la hicieron los Consejeros del INE, y opte por dejar intacto este proceso que ya ha sido bastante cuestionado y cuestionable y aunque el oficialismo lo tome como una victoria, la realidad es que la elección es el inicio, los resultados ni siquiera serán tan tangibles para la mayoría de la sociedad, sin embargo, será el tiempo el que manifieste las consecuencias de un proceso tan desaseado, en el que se validaron acciones por las que se ha luchado tanto por desaparecer, con el riesgo de que se contagien otros procesos electorales.
Otra consecuencia de esta elección judicial fue el anuncio de la reforma electoral en puerta. Claudia Sheinbaum anunció que retomará la reforma electoral, no obstante, no son los vicios presenciados los que motiven a una reforma electoral, sino las conclusiones de los consejeros del INE que hicieron en la sesión en la que se validó la elección –por una precaria mayoría–, que justamente retoman los argumentos de los juzgadores y asociaciones civiles que han presentado las impugnaciones para tratar de invalidar la elección del pasado 1º de junio.
La mandataria declaró que “el INE se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final (de la elección del 1º de junio). “Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE”; aseguró que los consejeros que hicieron las críticas están en contra de la 4T, descartando las pruebas ampliamente señaladas de los vicios de la elección, de los “acordeones” y de la reforma en sí.
Recordó que en sus cien puntos de gobierno se contempla la reforma electoral que presentará, sin precisar cuándo. Añadió que también se deben revisar los recursos que tiene el INE y el costo de las elecciones, así como los recursos que se reparten a partidos políticos y, desde luego, el delicado tema de los plurinominales.
Aunque ya desde el sexenio pasado se intentó hacer una reforma electoral y fue declarada inconstitucional por la SCJN, en esta ocasión la diferencia es que el Congreso está dominado por el partido de la presidenta y, con los resultados de la elección judicial y la integración de la nueva Corte, no habrá trabas para que se concrete en los términos que el oficialismo plantee. Finalmente, este escenario era parte del famoso Plan C: que el partido en el poder tuviera el control de los tres Poderes de la Unión y con eso tener la facultad de manipular la democracia, fortaleciéndola o debilitándola.
