La cuestionada Reforma Judicial emprendida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo este pasado domingo 1º de junio su punto culminante al concretarse el objetivo del expresidente al impulsarla: cooptar al Poder Judicial, al mismo tiempo convertir a MORENA en un partido hegemónico y concentrar el poder en el Ejecutivo, anulando la división de poderes y la autonomía judicial, acabando en México con el principio democrático de los contrapesos institucionales, por ende debilitando aún más nuestro ya de por si fracturado Estado de Derecho.
“Esta elección del PJF pasará a la historia no solo por ser la primera sino por el voto corporativo, la intervención política, vicios que no se han podido erradicar de nuestra democracia y de manera inédita, la inducción por medio de los antidemocráticos e ilícitos ‘acordeones’.”
Esta elección del PJF pasará a la historia no solo por ser la primera sino por el voto corporativo, la intervención política, vicios que no se han podido erradicar de nuestra democracia y de manera inédita, la inducción por medio de los antidemocráticos e ilícitos “acordeones”. Trípticos perfectamente elaborados e impresos que mostraban los nombres y números de los y las candidatas, quizá decir elegidos por AMLO y Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) sería muy arriesgado, pero definitivamente cercanos a la 4T sí, quienes coincidentemente son ahora virtuales ganadores de la elección.
La distribución a nivel nacional de estos acordeones estuvo aparejada de una orden vertical emitida desde las altas instancias de poder, para promover esas candidaturas en todas las estructuras de MORENA- gobernadores, presidentes municipales, alcaldes y lideres nacionales y locales. Inclusive, trascendió a los medios que unos días antes de la elección, en Palacio Nacional se realizó una reunión con gobernadores morenistas en la que se dieron las órdenes y los nombres de las personas que deberían de impulsar en sus estados.
Personajes de la izquierda han defendido y justificado el uso de estos materiales aun siendo ilegales, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha asegurado que se están llevando a cabo las investigaciones conducentes, la esperanza no solo de que se llegue a los responsables sino de que esta elección se invalide es nula, sobre todo, crea espacio para que estas irregularidades se vuelvan parte de todos los procesos electorales futuros, ahora que no existen contrapesos y que las autoridades electorales favorecen al oficialismo.
En estas condiciones, el primer proceso electoral para elegir juzgadores, federales y locales, se ha caracterizado por improvisaciones, errores, ilegalidades y violaciones a reglas constitucionales y legales, así como principios democráticos elementales, como la equidad, la igualdad, el respeto a la libertad de expresión y de los derechos político-electorales de los participantes.
Confirmándose las anomalías que desde un inicio denunciaron analistas, académicos, juristas y especialistas en la materia, particularmente sobre la inconveniencia de elegir jueces mediante voto popular, quedando evidenciado que este procedimiento no es la solución a los problemas que hoy enfrentamos en materia de justicia, por el contrario, los va a agravar.
“Muchos de los pronósticos negativos se cumplieron, pues fue evidente que lo que caracterizó a una jornada electoral para ‘el olvido’, fue el abstencionismo, la movilización política y el fraude, con el uso indiscriminado de ‘acordeones’ y la presencia de ‘observadores’ del oficialismo en la mayoría de las casillas electorales. Aunque la primera elección judicial sea legal, su legitimidad está bajo la lupa.”
Muchos de los pronósticos negativos se cumplieron, pues fue evidente que lo que caracterizó a una jornada electoral para “el olvido”, fue el abstencionismo, la movilización política y el fraude, con el uso indiscriminado de “acordeones” y la presencia de “observadores” del oficialismo en la mayoría de las casillas electorales. Aunque la primera elección judicial sea legal, su legitimidad está bajo la lupa.
El Abstencionismo
La primera cifra decepcionante es la gran ausencia de votantes en las urnas. Según las últimas cifras oficiales, de un padrón de casi 100 millones de electores, votaron casi 13 millones de ciudadanos, es decir, solo el 13% ejerció el voto, por lo tanto, hubo un abstencionismo del 87%. En comparación, en las pasadas elecciones del 2024 votó un 60,9% de la lista nominal de electores. Del total de votos casi 23% fueron nulos o quedaron en blanco. Entre los factores se atribuye a lo complejo del método de votación (con 6 boletas federales y 3 locales en la mayoría de los casos), con cientos de candidatos, y a la decisión de protestar de muchas personas inconformes con esta elección.
En un tono optimista y alineado al discurso del gobierno, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, declaró un éxito la elección al presentar cifras que, según ella, representan la magnitud de este proceso: 458 millones 725 mil 216 votos emitidos –con hasta 39 votos por persona–, de los cuales 116 millones 690 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 170 mil observadores electorales en casilla y en cómputos –6 veces más que en las elecciones de 2024– y 25 millones de visitas al portal “Conóceles”.
Aunque es verdad que no se puede denostar el trabajo del Instituto, tal como ella lo señaló, las cifras exaltadas no son tan impactantes como el alto porcentaje de abstencionismo para una elección que, en palabras del gobierno anterior y el presente, todo el pueblo quería y mucho menos con el respaldo que tuvo la presidenta en la elección del 2024, tampoco como el más de 70% de aceptación de su gobierno.
Por lo que resulta extraño que incluso con la movilización política, el uso de viejos métodos de fraude electoral, del voto en bloque y el uso de recursos públicos solo se alcanzara el 13% de participación ciudadana. Sin embargo, el resultado fue el esperado, la coincidencia del triunfo de los candidatos y candidatas que aparecían en los acordeones, quienes ocuparán la cúpula judicial, abogados afines a la 4T, impulsados por el expresidente AMLO y la presidenta CSP, previamente seleccionados por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo o Legislativo, cumpliendo con el famoso Plan C que no es otro más que la concentración del poder.
En este contexto, varios líderes de opinión, entre ellos Lorenzo Córdoba Vianello, expresidente del INE, señaló que la elección se realizaría bajo reglas opacas: votos contados por órganos distritales y no por ciudadanos, ausencia de resultados preliminares y boletas sin inutilizar al cierre de casillas, creando un terreno fértil para la manipulación y el fraude. Peor aún, lo que debería ser un ejercicio de elección libre y consciente, ha sido convertido en una maquinaria de control político. El oficialismo y otros actores están impulsando el voto en bloque con recursos públicos, estructuras clientelares y mecanismos de coacción, vulnerando gravemente el principio de libertad del sufragio. Agregando que las campañas irregulares y la intromisión política se evidenció en los “acordeones” que estuvieron circulando semanas previas a la elección.
“La reforma judicial de López Obrador, hecha suya por Claudia Sheinbaum, nació torcida, producto de un capricho y una venganza. Su objetivo jamás fue mejorar la impartición de justicia, y ni siquiera democratizar el sistema, sino lo contrario: diseñar un modelo para que un mismo grupo, e cuáles eran los cargos en juego en la elección l suyo, pudiera al fin controlar todos los poderes”: Jorge Volpi.
En su columna del Reforma del pasado 7 de junio, refiriéndose a la elección judicial, Jorge Volpi, comenta: “La reforma judicial de López Obrador, hecha suya por Claudia Sheinbaum, nació torcida, producto de un capricho y una venganza. Su objetivo jamás fue mejorar la impartición de justicia, y ni siquiera democratizar el sistema, sino lo contrario: diseñar un modelo para que un mismo grupo, el suyo, pudiera al fin controlar todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, aduciendo que quien decidió fue el pueblo ¿13 por ciento del pueblo? Y eso es lo que se consiguió: los ganadores en todos los cargos relevantes, la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial o la Sala Superior del Tribunal Electoral, no por casualidad se corresponden con los nombres que aparecían en los acordeones repartidos por Morena y el gobierno: la demostración de la naturaleza autoritaria que siempre estuvo inscrita en el proyecto. El objetivo de AMLO, asumido por Sheinbaum, se ha logrado con creces: México ha vuelto a convertirse en un país con un partido hegemónico, como lo fue durante la larga noche del priismo”.
El senador del PAN y excandidato presidencial Ricardo Anaya, aseguró en la tribuna de la Comisión Permanente, que la mal llamada elección judicial fue un cochinero, un fraude y un desastre y que “hicieron pedazos al Poder Judicial”, insistiendo en que tienen videos que demuestran que, en casillas completamente vacías, cruzaron las boletas antes de que los ciudadanos llegaran y que fue una “feria vulgar de acordeones”. El corazón del fraude, afirmó, estuvo en el comité Evaluador del Poder Ejecutivo, que decidió quien aparecía en la lista y a quienes rasuraban. Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, dijo que la elección del domingo fue “la consumación de la cooptación del Poder Judicial en nuestro país”.
Conclusiones del Observatorio de la OEA
Un punto destacado de esta elección lo constituye sin duda el detallado informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos para las Elecciones del Poder Judicial en México (MOE/OEA), integrada por 16 expertos de 10 nacionalidades quienes analizaron distintos aspectos de los comicios tales como organización electoral, tecnología electoral, el proceso de evaluación y selección de las candidaturas judiciales, justicia electoral y la participación de las mujeres.
“La Misión de Observación Electoral de la OEA para las Elecciones del Poder Judicial en México concluyó que, pese a los esfuerzos de la autoridad electoral, la ciudadanía tenía poco conocimiento sobre cuáles eran los cargos en juego en la elección, las diferentes responsabilidades de estos y los perfiles de los postulantes.”
En general, la OEA recomienda efectuar las modificaciones legales, reglamentarias y normativas pertinentes, que regulen de manera clara, precisa y armónica cada una de las etapas de selección de las personas aspirantes. De la misma manera para el proceso electoral describiendo etapas, criterios, mecanismos de impugnación y responsabilidades de las autoridades involucradas para reducir la discrecionalidad y el número de normas reglamentarias emitidas para cada proceso.
Mientras que para las campañas recomienda:
- Introducir algún tipo de mecanismo de financiamiento público, considerar la posibilidad de ceder a las candidaturas espacios en radio y televisión y reforzar el presupuesto y estrategias de difusión de las candidaturas.
Aunque la OEA reconoce que se hizo un buen trabajo para garantizar la participación paritaria, la falta de normas claras sobre cómo confeccionar listas paritarias llevó a que solo un 42.4% de las candidaturas totales a nivel federal correspondiera a mujeres, por lo tanto, sugieren:
- Desde la legislación, exista un mecanismo especifico para que los comités integren listas paritarias en la definición de las candidaturas. Además de que existieron reclamos de grupos minoritarios que fueron subrepresentados o nulamente representados en las candidaturas.
A efectos de intentar preservar el carácter no partidario de las elecciones judiciales, la Misión recomienda:
- Cambio del diseño de las boletas para reducir su complejidad y la estrategia de educación cívica considerando la diversidad etaria, cultural y educativa de la población.
- Evitar la inclusión en las boletas de la referencia respecto a qué Poder de la Unión propone a las candidaturas a fin de prevenir cualquier posible influencia sobre la voluntad del electorado.
- Introducir las reformas legales necesarias para evitar la concurrencia de las elecciones presidenciales, legislativas, gubernamentales y locales con las judiciales.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional entre el INE y el Poder Judicial con miras a evaluar la geografía electoral y armonizar de forma más eficaz las distintas delimitaciones territoriales.
- Explorar mecanismos que permitan, de la manera lo más ágil posible, que los miembros de casilla puedan tornar inutilizables las papeletas sobrantes al cierre de la votación.
- Ampliar los plazos destinados al diseño, desarrollo e implementación del sistema de cómputos, a fin de garantizar una mayor robustez técnica y operativa.
- Incorporar mecanismos complementarios de digitalización de actas desde las casillas de votación, previo al traslado de los paquetes electorales a los Consejos Distritales.
En su capítulo de CONSIDERACIONES FINALES, la MOE concluye advirtiendo que:
“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial. Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo.
Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.
INE Valida Pese a Irregularidades
Hemos regresado al “paleolítico electoral” señalaron algunos consejeros durante la sesión en la que el Consejo General del INE validó la elección judicial con 5 votos a favor y uno en contra, pese a reconocer urnas “embarazadas” con participación superior al 10%, “casillas zapato”, boletas no dobladas, robo de paquetes, la existencia de acordeones que inducían el voto (37 modelos distintos distribuidos por el oficialismo en 15 entidades federativas), la exclusión de 818 de las 84 mil casillas instaladas, aún con esas consideraciones decidieron declarar la validez general de la elección.
Durante la sesión, el consejero Martín Faz brindó datos más concretos del impacto de los acordeones: en 19 mil 336 casillas (23% del total), resultaron ganadoras las nueve candidaturas promovidas por el acordeón más difundido por Morena, albergado en la página “Poder Judicial 4T”. En 15 estados, es decir en el 47% de las 32 entidades, el acordeón de la 4T obtuvo un triunfo absoluto. En 10 mil casillas (2%) ganaron 8 de las 9 candidaturas del acordeón, y en otras 9 mil casillas (11%) ganaron siete de las nueve.
En total, 61.74 de las casillas obtuvieron votos entre seis y nueve candidaturas del acordeón, “con lo que se consumó una operación que tira por la borda décadas de lucha ciudadana por la autenticidad del voto”, declaró Faz. A pesar de que la mayoría de los consejeros expresaron dudas sobre el proceso terminaron por validarla, mientras que la consejera presidenta prefirió defender el trabajo del Instituto y señaló que declarar inválida la elección sería denostar el trabajo del mismo y calificó el proceso electoral como excelente, cuando no se estaba calificando la labor del INE sino las características que dieron el triunfo a los que ahora conforman el PJF.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo propuso, por todas esas incidencias, no declarar la validez para que el Tribunal Electoral revisara a fondo esas consideraciones, aunque su conformación política tampoco se espera que se invalide, sí dejaría un precedente y una señal de resistencia para no legitimar los actos ilegales que se presentaron en esta primera elección que impactarán de una u otra forma los siguientes.
El posicionamiento de los consejeros provocó el enojo de la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que se extralimitaron y prevé enviar la iniciativa de reforma electoral, aunque asegura que el INE seguirá siendo autónomo, la base de su iniciativa será la enviada por López Obrador que fue, en su momento, declarada inconstitucional en la que se consideraba la elección de consejeros por voto popular, reducción del número de consejeros, cambio de denominación del Instituto, desaparición de los OPL y de los tribunales electorales locales, reducción de recursos a partidos políticos, eliminación de plurinominales, permitía a funcionarios públicos realizar propaganda.
Impugnaciones en Marcha
Dadas las anomalías que rodearon el proceso, candidaturas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil iniciaron procesos de impugnación de la elección judicial federal. Entre las irregularidades que denuncian están: evaluaciones deficientes a los aspirantes, inicio del proceso sin reglas claras, ausencia de mecanismos ciudadanos de vigilancia, diferencias en el peso del voto entre estados, inequidad entre candidatos y la inducción o coacción del voto a través de los “acordeones”.
Las organizaciones Defensorxs, Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, PROJUC, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Práctica Lab presentaron juicios de inconformidad, a fin de impugnar la elección judicial ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que se vulneraron principios fundamentales establecidos en la Constitución, afectando gravemente la legitimidad y legalidad del proceso comicial. En total interpusieron 9 demandas para impugnar la elección de ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina y del Tribunal Electoral.
Por su parte, el PRI impugnó la elección también considerando que los acordeones constituyeron “propaganda encubierta, vulneraron la equidad del voto, y de la contienda y la intención fue clara: inducir el voto y beneficiar a los candidatos de Morena”. Asimismo, el PAN solicitó tanto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nulidad total del proceso, debido al cúmulo de irregularidades detectadas desde la reforma hasta la jornada electoral. De igual manera, candidatos independientes y juzgadores federales anunciaron que presentarán una impugnación general de la elección judicial ante el TEPJF.
Con una semana de retraso, debido a que los consejeros revisaron la elegibilidad de candidaturas que no cumplían con el requisito de 8.0 en su licenciatura o 9.0 en la especialidad por la que compitieron, determinaron dejar vacantes 46 cargos: 22 para jueces de distrito y 24 para magistrados de circuito. Así el INE informó que concluyó la etapa de sumatoria nacional, asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos y declaración de validez de la elección de los diversos cargos que se disputaron en el PEEPJF 2024-2025.
Justo antes de la declaración de validez de los últimos cargos, el Tribunal Electoral desechó las impugnaciones contra la elección de magistrados y jueces promovidos hasta antes de la validez dictada por el INE, argumentando que los resultados controvertidos no eran actos definitivos. Antes de esta decisión, el TEPJF reportaba más de 170 medios de impugnación.
En esa misma sesión, la Sala Superior del TEPJF negó el interés jurídico de la ciudadanía en general para impugnar la elección porque no existe una afectación directa. La presidenta del Tribunal, Mónica Soto, advirtió que “abrir la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana pueda controvertir los resultados, desnaturalizaría por completo el modelo constitucional hasta ahora imperante en cuanto hace a los resultados de las elecciones. Me parece que podríamos, incluso, caer en una frivolidad y en una situación de colapsar la impartición de justicia”, desestimando a los ciudadanos que presentaron las quejas.
Por su parte, la SCJN admitió a trámite la primera impugnación contra la elección de magistrados del TEPJF, este juicio fue promovido por Iván Bravo Olivas, secretario de una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Durango, el proyecto se turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quien deberá tener el análisis en breve. Aunque no se augura mucho pues Bravo solo impugnó la elección en un Distrito de Durango, además no fue candidato para ese cargo. Cabe recordar que en este proceso la SCJN será la encargada de calificar la elección del Tribunal Electoral porque este no podría definir su propia validez.
“Tanto asociaciones como partidos de oposición han explicado que se debe analizar la validez de esta elección para blindar de vicios las futuras, ya que la permisión de las acciones mencionadas pone en riesgo no solo los procesos electorales en detrimento de la democracia pues sería validar acciones fraudulentas que alguna vez fueron denunciadas por los que ahora las justifican y minimizan.”
Tanto asociaciones como partidos de oposición han explicado que se debe analizar la validez de esta elección para blindar de vicios las futuras, ya que la permisión de las acciones mencionadas pone en riesgo no solo los procesos electorales en detrimento de la democracia pues sería validar acciones fraudulentas que alguna vez fueron denunciadas por los que ahora las justifican y minimizan.
La Nueva Corte
Durante varias décadas, con base en el artículo 95 de la Constitución que establecía que los nombramientos de los ministros deberían recaer preferentemente en personas que se hayan distinguido en la impartición de justicia, desde la academia y el foro se insistió en que, por el bien de la Republica y el respeto a la división de Poderes, no se debería politizar al máximo tribunal del país. La normalidad era que la mayoría de los ministros fueran reconocidos y experimentados funcionario de carrera del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, con las pretensiones autoritarias de AMLO y su intención de instaurar un nuevo Maximato en México, la aplanadora de la 4T le dio la vuelta a esta legítima y democrática aspiración.
Ahora, en la primera elección judicial por voto popular, la nueva SCJN estará integrada por las nueve personas que fueron impuestas en todo el país por la oficialidad a través de los “acordeones”, volantes y mensajes de Morena y sus aliados. Salvo Yasmín Esquivel, ninguno de los ministros/as triunfadores cuenta con carrera judicial. De manera señalada, quien será designado su nuevo presidente durante dos años (2025-2027), a partir del 1º de septiembre, el abogado indigenista de Oaxaca Hugo Aguilar López, funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de origen mixteco, quién se ganó la confianza y simpatía de AMLO por haberlo apoyado a calmar y convencer a varios grupos de indígenas sobre los beneficios de la construcción del Tren Maya. Es pues la llegada de un operador político a la Corte.
La segunda, tercera y cuarta presidenta de la Corte serán las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que originalmente llegaron al máximo tribunal impuestas por el expresidente López Obrador, así como María Estela Ríos González, quien fue su consejera Jurídica, como Jefe de Gobierno de la CDMX y como presidente de la República. La quinta ministra favorecida por los “acordeones” es Sara Herrerías Guerra, Fiscal de Derechos Humanos de la FGR, también con el sello 4T, cercana a la presidenta CSP.
Las otras tres posiciones de ministros también las ocuparan abogados ligados a la 4T, sin carrera judicial: Giovanni Figueroa Mejía, cercano al exministro Arturo Zaldívar; Irving Espinosa Betanzos, exdirector Jurídico de Ernestina Godoy; y Arístides Guerrero García, expresidente del INFO CDMX. Ninguno de ellos será presidente de la Corte, ya que sus nombramientos concluyen a más tardar en el año 2036.
En suma, estamos frente a una Suprema Corte Politizada, ya que ninguno de los nueve ministros y ministras recién electos cuenta con antecedentes de carrera judicial federal, por lo que termina la tradición de buscar un equilibrio entre magistrados de carrera dentro del Poder Judicial Federal y juristas externos, que estuvo vigente durante todo siglo XX, dando con ello el “estoque” final a la carrera judicial.
El Tribunal de Disciplina
Siguiendo la misma receta aplicada a la Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), no menos importante que el máximo tribunal, será integrado también por las personas indicadas en los “acordeones” de Morena, en el que tampoco se incluye a ningún juzgador de carrera judicial federal. Las cinco personas elegidas son igualmente funcionarios con reconocida cercanía a AMLO. Los tres primeros son los aún consejeros de la Judicatura Federal nombrados por el expresidente: Celia Maya García, Verónica de Gyves Pérez y Bernardo Bátiz Vázquez, su exprocurador de justicia de la CDMX. Se agregó a Rufino León Tovar, quien fue designado por AMLO magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Auditora Superior de Colima; Indira García Pérez, cercana a la Gobernadora de Colima de Morena, Indira Vizcaino Silva. Ellos serán los magistrados que integrarán este nuevo tribunal rector de los impartidores de justicia, incluidos los ministros de la Corte.
“Siguiendo la misma receta aplicada a la Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), no menos importante que el máximo tribunal, será integrado también por las personas indicadas en los ‘acordeones’ de Morena, en el que tampoco se incluye a ningún juzgador de carrera judicial federal. Las cinco personas elegidas son igualmente funcionarios con reconocida cercanía a AMLO.”
Entre sus relevantes atribuciones el TDJ podrá suspender y destituir a juzgadores por sentencias “contrarias a la administración de justicia”, investigar denuncias incluso contra ministros y ministras y sus resoluciones no podrán ser impugnadas, es decir, serán definitivas.
Reflexión Final
Independientemente de que existe la percepción en amplios sectores de la sociedad mexicana de que esta reforma no resuelve los graves problemas que existen en el sector justicia, sino que los agrava y que con este proceso no se fortalecerá la democracia, significando una regresión, y que aún están pendientes de resolverse los medios de impugnación, las pasadas elecciones del 1º de junio se realizaron conforme a las normas constitucionales y legales emitidas por el Poder Legislativo, por lo que se trata de una elección legal, y en consecuencia, todos estamos obligados a respetar las instituciones y a los servidores públicos surgidos de este proceso, confiando en que el nuevo Poder Judicial mexicano se guie por los principios de independencia, autonomía, legalidad, honestidad y objetividad.
