La carpeta de investigación en el proceso penal acusatorio

Sin duda alguna todo acto material de investigación debe ser registrado en actas y agregado a la carpeta de investigación (anteriormente llamada averiguación previa) lo cual es una bitácora con el contenido de actividades ordenadas realizadas por el fiscal auxiliado por los oficiales y peritos así como el asesor jurídico y defensor. El cual permite al órgano acusador construir la teoría del caso que tendrá que determinar el cierre de la investigación, por lo tanto la información que se recopile en la integración de dicha carpeta debe ser sustentada dicha información en una audiencia, de esta manera el sistema penal que data del 2008 se deja de lado la concepción de que el material probatorio se incorpora automáticamente al proceso por el solo hecho de agregarse al expediente y correspondiente pliego de consignación, y en lugar de ello se preve el registro de las actuaciones realizadas por las partes para la investigación del hecho denunciado de donde se desprenden los antecedentes de la investigación.

Algunas características de la carpeta de investigación son:

  • Contiene dato de prueba (lo que esta dentro de la carpeta de investigación ya sea la entrevista de un testigo, la inspección de un vehículo y no se desahoga). Y comienza con la presentación de la denuncia o querella.
  • Imparcial y objetiva.
  • Debe ser registrado en actas y agregado a una
  • Se utiliza para la determinación de actos procesales en la fase preliminar.
  • Como sustento de convicción en la audiencia de juicio oral.
  • Participa el fiscal, polícia y perito (s).
  • Permite construir y determinar la teoría del caso.

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En el código nacional de procedimientos penales no  hay una descripción que deba de entenderse de lo que es  la carpeta de investigación, sin embargo se hace referencia en el numeral 260 del CNPP y establece que el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación y sirve de sustento para aportar datos de prueba. El cual en el numeral 117 del CNPP en la fracción IV establece que es obligación del defensor analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa; así mismo en el artículo 141 establece que al momento de solicitar una orden de comparecencia o de aprehensión el juez de control deberá de  resolver cuando los datos invocados por el fiscal que obran en la carpeta de investigación existan datos suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que una persona en particular lo cometió o participo en su comisión, estas series de referencias aunadas a lo que establece el artículo 217 del mismo ordenamiento legal que establece que el fiscal y la policía están obligadas a registrar y agregar en una carpeta de investigación todas las actuaciones que se realicen con la finalidad de garantizar que la información obtenida es completa, integra y exacta  y permite concluir que la carpeta de investigación es ese legajo o  expediente donde  deben de obrar todos los actos de investigación registrados que realiza el representante social o los oficiales como un auxiliar en dicha investigación.

De acuerdo al artículo 219 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial tendrán derecho a consultar los registros de la investigación  y obtener copia de los registros de la carpeta con la oportunidad debida para preparar la defensa y  en caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente.

Cuando se inicia la carpeta de investigación con detenido desde ese momento se tiene acceso a la carpeta de investigación de conformidad con el numeral 20 constitucional apartado B fracción VI y en la hipótesis sin detenido cuando el fiscal cita al individuo en cede ministerial y ante su primer comparecencia ante el juez de control.

Excepciones para el acceso a la información

El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al Juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. Y si el Juez de control considera procedente la solicitud, así lo resolverá y determinará el plazo de la reserva, siempre que la información que se solicita sea reservada, sea oportunamente revelada para no afectar el derecho de defensa de conformidad a lo estipulado en el numeral 220 de la ley adjetiva.

Indudablemente el acceso a la carpeta de investigación permite al imputado  hacer valer las garantías de legalidad y defensa, ya que lo pone al tanto de todas las investigaciones causadas por el análisis del ilícito que presuntamente lo vinculan como responsable penal.

Cabe aclarar que, en virtud del derecho a la no autoincriminación, el fiscal no tiene la facultad de conocer la información que haya recabado la defensa, pues ello podría traer como resultado que ésta se utilice en su perjuicio y contribuya a la condena del imputado. Esto es particularmente relevante en aquellas entidades que, como Guanajuato, han incorporado la figura del investigador de la defensa. Esta es la misma situación que se presenta cuando el ministerio público identifica medios de prueba que favorecen al imputado y tiene la obligación de hacerlos del conocimiento del imputado y del juez, mientras que si la defensa identifica medios probatorios que lo incriminan, no está obligado a aportarlos.

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La investigación Inicial inicia con la denuncia o querella de acuerdo al numeral 211 del CNPP, cuando el imputado queda a disposición del juez de control para formularle imputación, y en la investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación es decir desde el momento en que el fiscal hace del conocimiento del imputado en presencia del justiciable y debidamente asesorado por su defensor ya sea público o particular los hechos por los cuales se le sigue una investigación y termina cuando se a cerrado la investigación. Una vez que se dicta el auto de vinculación a proceso tiene el fiscal hasta dos meses para investigar cuando la pena de prisión no exceda de dos años, y si la pena  excede de dos años  de prisión tendrá hasta seis meses para investigar y  cuando se agotan esos términos termina la fase de investigación de conformidad al artículo 321 del código nacional de procedimientos penales.

Indudablemente la carpeta de investigación se utiliza en todo el proceso penal, en la etapa intermedia sirve porque es objeto de descubrimiento probatorio (es la obligación que tienen las partes, de descubrir aquellos antecedentes que obren en los registros de los medios de prueba que pretenden ofrecer para su desahogo en audiencia de debate) permite a las partes preparar esa etapa, y en la audiencia de juicio oral las partes también tienen una herramienta de litigación y es cierto que nada de lo que obre dentro de  la carpeta de investigación se puede considerar como prueba salvo excepciones, sin embargo es  una herramienta  para hacer patentes las técnicas de litigación como es apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones por ejemplo; si un testigo llegado el momento del desahogo de su testimonio en la audiencia de debate en  razón de que ya paso algún tiempo desde el momento en que aprecio el hecho no recuerda alguna circunstancia en particular si el fiscal habiendo ofrecido ese testigo y considera necesario obtener esa información el ministerio público puede apoyarse para ayudar a recordar al testigo en una breve lectura.  ya que desde la investigación inicial y complementaria, dicha carpeta le sirve no nada mas al fiscal, también a la víctima ya que puede complementar esa acusación a través de su asesor jurídico y es de utilidad para la defensa a efecto de ir preparando precisamente su teoría del caso y su postura defensiva.

Así, la denuncia o querella con la que da inicio la fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Y en consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados.

Todo proceso penal debe de ajustarse a la norma, y todas las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos deben de actuar conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución federal y en los tratados internaciones.

Estimado lector saludos cordiales.

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