El 26 de julio de 2018 se llevó a cabo en la CDMX un Foro sobre Justicia Penal y Seguridad Pública, organizado por la asociación “Alto al Secuestro” y el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM), y otras instituciones académicas y de la sociedad civil, presentado propuestas sobre los grandes problemas que enfrentan los sistemas de justicia penal y de seguridad pública en México y sobre algunas soluciones para superarlos.
Los graves problemas en materia de delincuencia, inseguridad, impunidad y corrupción y la evidente falta de funcionalidad de las medidas para combatirlos, hace que las instituciones sigan perdiendo credibilidad y que la sociedad reclame con mayor fuerza la efectiva protección de sus bienes jurídicos frente a la violencia, para poder vivir en paz y tranquilidad. Los participantes consideran urgente que el nuevo Gobierno asuma, con mayor decisión y responsabilidad, nuevas y más funcionales estrategias contra el fenómeno delictivo en sus diversas manifestaciones, sobre todo la de mayor violencia e impacto social, como la delincuencia organizada, y garantizar a la sociedad mexicana la debida protección de sus bienes jurídicos frente al delito.
Se cuestionó que las estrategias que el nuevo gobierno federal se propone implementar, no dan aún la idea de una visión integral del problema y de la solución. Si bien detrás de ellas puede haber buenos propósitos, la nueva política con sus medidas, como la amnistía, la despenalización de drogas, la reducción de penas, la reparación del daño y las comisiones de la verdad, que en su conjunto darían contenido a la llamada “política de pacificación”, “para cerrar el ciclo de la guerra y la violencia”, por estar aún en ciernes, despierta dudas sobre sus alcances y viabilidades.
Por ello, las propuestas que aquí se hacen parten de una visión de integralidad del problema de la delincuencia e inseguridad y de las estrategias de solución.
Las propuestas se agrupan en cinco grandes temas:
I. Reorientación de la política criminal del Estado mexicano;
II. Fortalecimiento del sistema de justicia penal y del Estado de derecho;
III. Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
IV. Secuestro, y
V. Derechos humanos de las víctimas del delito.
Entre las que destacan:
1. Reorientación de la política criminal del Estado mexicano:
a) Diseñar un nuevo modelo integral de política criminal, en el que haya “más prevención y menos represión”, que sea coherente y funcional y responda a las expectativas de la sociedad; lo que puede compaginarse con algunas de las propuestas de la llamada “política de pacificación”.
b) Crear un Sistema Nacional de Prevención del Delito, que fomente la educación, la cultura de la legalidad, la salud, el trabajo, la cohesión social, el combate a la pobreza y a la corrupción, y supere la visión meramente “policíaca” de la seguridad pública.
c) Separar de la Secretaría de Gobernación la función de seguridad pública y crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia, que se encargue de Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de cuestiones de justicia de carácter no penal.
d) Establecer nuevas estrategias frente a las drogas y la delincuencia organizada, a partir de una visión integral, y debatir sobre la viabilidad de una política criminal permisiva frente a drogas como la mariguana.
2. Fortalecimiento del sistema de justicia penal y del Estado de derecho:
Fortalecer las instituciones del sistema de justicia penal –como el MP y el Poder Judicial Federal (PJF)-, sugiriéndose:
a) Crear la Fiscalía General de la República, que además de ser “autónoma”, debe ser eficiente, imparcial y ajustarse a los criterios y principios del sistema de justicia penal del Estado de derecho.
b) Fortalecer la autonomía y eficiencia del PJF; revisar la naturaleza y función de la SCJN, debatir sobre la conveniencia de un auténtico Tribunal Constitucional, y de un poder judicial único para México; revisar la estructura orgánica y funcional del Consejo de la Judicatura Federal y que su Presidente no sea el mismo que el de la SCJN.
3. Reconstrucción del sistema nacional de seguridad pública (SNSP):
a) Revisar las bases constitucionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la participación que los tres niveles de gobierno han tenido, que a sus 22 años de existencia no ha dado los resultados previstos, para emprender su reorientación y reconstrucción.
b) Transitar hacia un Sistema Nacional de Prevención del Delito y superar la visión meramente policíaca de la seguridad pública.
c) Reforzar la capacitación y profesionalización del policía, según sus diversas competencias y especialidades, y procurar unificar las políticas de desarrollo policial en los tres niveles de gobierno.
