La Inteligencia Artificial (IA) es una realidad en nuestras vidas. Ya sea para ayudarnos a encontrar videos que nos gusten, asesorarnos en la forma de una chatbot, resolvernos dudas, elaborar documentos o generar imágenes.
No se trata de un tema de futuro sino de una realidad.
Pero esto se presenta también en las elecciones. En poco tiempo su uso se ha generalizado, tal vez por el fácil acceso y los costos bajos o, en apariencia, inexistentes.
Se han presentado algunos casos que francamente dejan qué pensar. Por ejemplo, en Nueva York un candidato a la alcaldía hace llegar por mensajería un audio en el que, en idiomas que no domina como el español o el chino, presenta sus propuestas. Si no domina estas lenguas, ¿cómo lo hace? Desde luego la respuesta es mediante IA.
También casos en que videos o fotografías se han alterado a fin de que personajes públicos, presuntamente, apoyen una candidatura o partido político. Son realidades a las que nos enfrentamos.
Desde luego también la IA puede usarse para fines positivos, como la identificación de violencia política de género en redes, apoyo en los trámites de registro de candidaturas, aclarar dudas de la ciudadanía, entre otras.
En la impartición de justicia también encontramos uso de la IA. Para el análisis de documentos, la identificación de precedentes, la revisión preliminar de pruebas, entre otras. Claro, sin que deba sustituir a la decisión humana.
Junto con el juicio en línea y otras tecnologías, la IA en la justicia puede potenciar derechos como el acceso a la jurisdicción, así como una justicia pronta y expedita.
Reconociendo esta realidad, la Escuela Judicial Electoral cuenta con un novedoso posgrado, la Especialidad en Ciberdemocracia y Justicia Electoral. Este programa académico innovador no sólo se ocupa de los temas más bien técnicos, sino que explora la potencialidades de la IA así como sus riesgos, y brinda elementos para su uso ético y acorde con los derechos humanos.
En una primera edición dirigido para el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego se abrirá al público interesado.
No podemos negar el avance tecnológico, y sería un error negarnos a usarlos. Pero esto debe realizarse con una finalidad muy clara: la tutela y extensión de los derechos.
Nuestra democracia y la justicia así lo requieren.
