¿Está cerrado el Congreso de la Unión?

Reconozco que el tema a desarrollar en estos momentos de incertidumbre sanitaria, igual y no es de interés individual, pero aunque se dude, tiene vinculación con las acciones y reacciones de los Gobiernos Federal, estatales y municipales.

Asumo correr el riesgo de informar en plena pandemia del Coronavirus porque algunas de las decisiones que se tomen desde Palacio Nacional, deberán ser conocidas, observadas y aprobadas -por mandato constitucional-, por el Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente que, ante la finalización del periodo ordinario de sesiones, entrará en funciones.

En esta etapa de alerta sanitaria, en la que por decreto gubernamental, se han suspendido todas las actividades públicas y privadas no esenciales, es oportuno preguntarse si existe un vacío en el Poder Legislativo, como instancia representativa de las y los mexicanos.

Cuerpos colegiados de deliberación plural (500 en la Cámara de Diputados y 128 en el Senado de la República), que tienen responsabilidades específicas para atender, revisar y dar seguimiento a la dinámica nacional y al ejercicio de los otros 2 poderes de la Unión: Ejecutivo y Judicial, lo que se llama Control Parlamentario.

El congreso, un Poder del Estado con mecanismos de control y contrapeso para evitar -en teoría-, excesos públicos y privados, ¿está cerrada? ¿Los legisladores pusieron candados a sus oficinas y regresaron a sus casas para evitar los riesgos de la virulencia sanitaria?

La respuesta es no. El trabajo legislativo continúa porque el Poder Legislativo Federal tiene atribuciones y facultades establecidas por la Constitución Política que le señalan con claridad la ruta a seguir.

Sí, son muchos los asuntos pendientes que demandan el análisis legislativo pero me quiero referir a 2 que inquietan de forma particular a los habitantes del país:

 

  1. El relativo a la suspensión de derechos ante la emergencia, tal es el caso de la invitación de #QuédateEnCasa, que de momento no es restrictiva, solo voluntaria. Sin embargo, es pública la información relativa al confinamiento obligatorio en otros países ante la gravedad de la enfermedad, por la rapidez del contagio y el colapso de los sistemas de salud, que han impactado hasta los servicios funerarios.

En este sentido, si las cosas en el ámbito nacional se salen de control (esperemos que no sea así) y se pone en riesgo mayor a la población, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de restringir el derecho al libre tránsito en todo el territorio o determinadas regiones, siempre y cuando sea aprobado por el Congreso de la Unión que sería convocado de manera inmediata. En pocas palabras, esa decisión no la tomaría solamente el presidente.

Por cierto, es facultad del Congreso dictar leyes sobre la salubridad del país y eso deriva en el conocimiento sobre las acciones del Consejo de Salubridad General (CGS), integrado por especialistas en salud, que, aunque tardía su convocatoria, ya se encuentra en la revisión de las directrices en la Administración Pública. No es casualidad que en cuestión de días pasamos del «no pasa nada…», con abrazos y besos presidenciales a la declaración de emergencia sanitaria por epidemia que durará hasta el 30 de abril. Es claro que entró en funciones el CGS.

  1. El asunto relacionado con parar actividades que, ni hablar, significa no generar ingresos en el giro que sea (formal e informal). Por ello, existe una gran incertidumbre jurídica porque, por ley, la emergencia sanitaria indica que deben pagarse salarios mínimos y el decreto publicado, señala el respeto a los salarios normales.

Se solicita, por parte del sector empresarial (macro, medianos, pequeños y microempresarios) que se revise la situación porque, para cuidar empleos, pagar salarios y generar riqueza, de deben cumplir ciclos productivos específicos regulados por ley.

Las crisis sanitaria y económica que ya llegaron demanda la reorientación de recursos públicos de programas y proyectos que, igual y no son esenciales para las circunstancias actuales. En este caso, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de hacerlo. No se puede por decisión presidencial canalizar dinero de un rubro determinado a otro.

El reto del Congreso de la Unión será asumir responsabilidades sin la intromisión o línea directa del Ejecutivo. Hago votos porque así sea, sin embargo, no me engaño, ni quiero engañarlos, las evidencias parlamentarias en esta legislatura demuestran lo contrario; no se olvide que el gobierno y sus aliados cuentan con la posibilidad de imponer mayorías legislativas y albazos.

 

 

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