Hace más de una década que las organizaciones y defensores de los derechos de la niñez han propuesto a las autoridades mexicanas que se lleven a cabo acciones más contundentes contra el reclutamiento forzado de menores de edad por parte del crimen organizado.
Ante esta situación, entre otras, el Estado mexicano llevó a cabo la elaboración de una agenda de acciones en favor de la infancia, en el año 2021 quedó instalado el Consejo del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia organizada.
Otras acciones son las iniciativas de reforma que han enviado al Congreso los legisladores, la mayoría de éstas proponen reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, aunque solo una de ellas hace una tipificación explicita de este delito en el Código Penal como lo pide el Comité de los Derechos del Niños de la ONU y los otros dictámenes solo proponen modificar o adaptar el delito de trata de personas.
A continuación, tenemos las siguientes:
La senadora panista Josefina Vázquez Mota propuso reformar los artículos 16 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el artículo 201 del Código Penal Federal, para establecer que:
“…niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, a no ser reclutados de manera forzosa o voluntaria por alguna célula delictiva, a no ser utilizados en conflictos armados o violentos, a no participar en la comisión de hechos delictivos”.
También señala que: “comete el delito de corrupción de menores, quien reclute de manera forzosa o voluntaria, obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho”.
Por su parte, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, también propusotipificar como delito el reclutamiento de niñas, niños o adolescentes,para la comisión de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales, de tal manera que en el Código Penal Federal quede señalado que:
“…comete el ilícito de reclutamiento, la persona física o moral que aliste o utilice a niñas, niños o adolescentes para cometer cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial, o para formar parte de una asociación delictuosa. Por la comisión de estas conductas, el senador planteó una sanción penal de 10 a 20 años de prisión, que podría aumentar en una mitad cuando sea cometida por servidores públicos o cuando dicho reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad”.
La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, propone reformar el artículo 201 del Código Penal Federal, incluyendo como delito de corrupción contra menores, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y adicionando un inciso que prevé como conductas ilícitas, a saber: “…a quien obligue, induzca, reclute, facilite o procure a los menores a realizar conductas relacionados con grupos armados y/o de la delincuencia organizada”. Para este caso se impondrá una pena de prisión de 10 a 20 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa.
También propone modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para sancionar como miembros de la delincuencia organizada, quedando de la siguiente manera:
“…a quienes se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, el delito de corrupción de menores, que contemplaría el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos armados y/o grupos de la delincuencia organizada, previsto en el artículo 201 del Código Penal Federal”.
Así mismo, propone modificar la Ley General de Víctimas para reconocer con el carácter de víctima a las niñas, niños o adolescentes contra quienes se cometa el delito de corrupción de menores.
La diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, presentó una iniciativa para prevenir y evitar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, en la cual planteó modificaciones a laLey General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,para establecer que los menores tienen derecho a no ser reclutados, para su participación en la comisión de delitos o asociaciones delictuosas, obligando al Estado a garantizar el ejercicio de este derecho.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con motivo del Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado, en el mes de febrero del presente año, reiteró su preocupación ante el reclutamiento de personas menores de edad en grupos armados del crimen organizado.
Propone que las diversas autoridades locales y federales elaboren:
“…un plan de acciones integral y coordinado, condiciones propicias para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera que implementemos las acciones necesarias para velar por su seguridad e integridad física, tomando en consideración su autonomía progresiva, sus necesidades y características específicas, así como las medidas de prevención idóneas desde una perspectiva de derechos humanos atendiendo a su interés superior”.
En otra acción más reciente, el pasado lunes 29 de mayo, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se llevó a cabo el Primer Foro Internacional para la Prevención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Vinculados a la Delincuencia Organizada, en donde se dieron cita integrantes de la sociedad civil, de organizaciones internacionales, investigadores, académicas y servidores públicos de las dependencias Estatales y Federales.
En este foro, la UNICEF y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, invitaron a cuatro jóvenes de México, Colombia y Sierra Leona, quienes estuvieron vinculados a grupos delincuenciales armados, los cuales compartieron su experiencia de la forma en que se involucraron en el crimen organizado y cómo fue también que gracias a diferentes instituciones lograron desvincularse para reinsertarse a la sociedad y apoyar a los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley, con el fin de promover un cambio de perspectiva en los tres niveles de gobierno, ante la protección de niñas, niños y adolescentes que, por alguna razón cayeron en las manos de la delincuencia organizada.
De este evento, se llegó a diversas conclusiones y propuestas, de las cuales resalta la necesidad de seguir impulsando la tipificación de la conducta del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para vincularlos a la delincuencia organizada, como un delito que pueda castigar a todas aquellas personas que se dediquen a esta actividad, toda vez que la participación de los adolescentes en el crimen organizado va en aumento.
Para poder combatir el fenómeno del reclutamiento, es necesario atender los diferentes factores que inciden a que las niñas. Niños y adolescentes se vean con la imperiosa necesidad de involucrase en el crimen organizado, independientemente de que algunos casos son de manera forzada por presión de los integrantes de estas organizaciones criminales, dichos factores son: individual, familiar, comunitario, contextual, escolar, la marginación, pobreza, abandono familiar, falta de oportunidades, adicciones y poco desarrollo social, entre otros, lo cual considero que vulneran aún más a las mujeres y a los hombres en situación de riesgo.
Dicho lo anterior, también es necesario que el Estado mexicano desarrolle mejores políticas públicas para evitar que las niñas, niños y adolescentes no se vean involucrados en el doble rol que viven como víctimas del reclutamiento y como responsables de hechos delictivos y más cuando se tratan de delitos de alto impacto, por ello se les debe dar un tratamiento y una medida sancionadora acorde al contexto en el que se encuentre.
“Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo”. José Martí
