La insultante noticia de Latinus sobre el tráfico de influencias en los contratos públicos de “los amigos de Andy” del caso Banobras, nos deja muy claro el sobrecosto que representa la manipulación y el favoritismo, al adjudicar a la propuesta más elevada, inclusive, rebasando el monto de una de las consultoras más reconocidas en el mundo como es Deloitte, en más del 21%.
La manipulación de contratos públicos y los sobrecostos son prácticas que socavan la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Este tipo de conductas perjudican la confianza ciudadana en las instituciones y obstaculizan el desarrollo equitativo y sostenible. Sin duda es uno de los principales retos en la contratación pública, porque seguimos sin dar resultados en la gestión de riesgos que disminuyan la corrupción, es decir, es una radiografía muy clara de que este Gobierno, está muy cómodo con los mecanismos comunes que llevan a materializar malas prácticas a través del gasto público, propiciando efectos negativos:
- La manipulación de contratos públicos implica alterar el proceso de selección para favorecer a ciertos proveedores o empresas, afectando la verdadera competencia y sesgando el mercado.
- El direccionamiento de licitaciones, la inclusión de cláusulas restrictivas y la falta de competencia real.
- Sobrecostos: Las empresas beneficiadas por la manipulación suelen inflar los precios, generando un gasto excesivo para el Estado, como es el caso de AZ Gerencia de Proyectos que, sin ser una empresa equivalente a Deloitte, rebasa de forma considerable el monto y se adjudica siendo la propuesta más elevada.
- Menor calidad y retrasos: Al privilegiar a proveedores poco capacitados o poco idóneos, se compromete la calidad de los bienes y servicios contratados, además de ocasionar retrasos en su entrega.
- Corrupción y falta de transparencia: La manipulación de contratos es una manifestación de corrupción, erosionando la confianza en las instituciones y el manejo adecuado de los recursos públicos.
Para ser claros, deberíamos de notar medidas contundentes que frenen la corrupción a través de los contratos administrativos, como son:
- Fortalecer los marcos legales: Es necesario contar con leyes claras y sanciones efectivas para prevenir estas prácticas.
- Fomentar la transparencia: Mayor acceso a la información sobre los procesos de contratación y la rendición de cuentas contribuye a la detección temprana de irregularidades.
- Promover la competencia: Estimular la participación de múltiples proveedores y garantizar una evaluación imparcial de las ofertas ayudará a evitar la manipulación.
- Promover el uso de tecnologías de la información, innovación, inteligencia artificial y blockchain, en el proceso de la contratación pública que evite la manipulación y transparente todo el flujo.
- Incrementar los procedimientos abiertamente competitivos y emitir reglas claras a los procedimientos de excepción.
- Dar apertura al mercado a través de mecanismos de participación, así como la representación permanente e imparcial de las Cámaras Empresariales.
- Capacitar a los servidores públicos.
- Promover la contratación pública estratégica y dar más valor por el dinero.
- Gestionar riesgos de la contratación pública, para prevenir, evitar y mitigar casos como el que se explica.
- Mejorar la gobernanza de la administración pública, para tener procesos más simples y ágiles, sobre todo aquellos que tienen relación directa con el gasto público.
La manipulación de contratos públicos y los sobrecostos representan un obstáculo para el desarrollo justo y sostenible de México. La implementación de medidas efectivas, como una legislación sólida, mayor transparencia y fomento de la competencia, son fundamentales para combatir esta práctica dañina y promover una gestión pública más responsable y honesta. Solo a través de la erradicación de estos males podremos recuperar la confianza ciudadana y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.
La competencia en las licitaciones públicas desempeña un papel fundamental en la promoción de la eficiencia, la transparencia y la maximización del valor para el dinero de los contribuyentes.
La competencia en los procesos de contratación nos permite:
1. Estimulación de la eficiencia:
- La competencia obliga a los proveedores a presentar las mejores ofertas en términos de calidad, precio y tiempo de entrega.
- La búsqueda de ventajas competitivas fomenta la innovación y la mejora continua en la prestación de bienes y servicios.
2. Obtención de mejores precios:
- La competencia genera un entorno en el que los proveedores compiten por ofrecer los precios más competitivos.
- Los precios más bajos permiten al sector público obtener un mayor valor por su inversión y aprovechar al máximo los recursos limitados.
3. Calidad y excelencia:
- La competencia incita a los proveedores a elevar los estándares de calidad para destacar frente a sus competidores.
- La búsqueda de la satisfacción del cliente se traduce en productos y servicios de mayor calidad para el sector público y los ciudadanos.
4. Transparencia y prevención de la corrupción:
- La competencia abierta y justa en las licitaciones públicas promueve la transparencia en la selección de proveedores.
- La participación de múltiples actores reduce el riesgo de favoritismos, nepotismo y manipulación de contratos.
5. Estímulo a la participación de empresas locales:
- La competencia en las licitaciones permite que las empresas locales compitan en igualdad de condiciones con las empresas nacionales o extranjeras.
- Esto contribuye al desarrollo económico local, generando empleo y fortaleciendo la economía regional.
La competencia en las licitaciones públicas es un elemento clave para promover la eficiencia, la transparencia y la maximización del valor en la contratación pública. Fomentar la competencia en estos procesos no solo garantiza mejores precios y mayor calidad, sino que también previene la corrupción y promueve el desarrollo económico local. Es responsabilidad de las instituciones públicas crear un entorno propicio para la competencia justa y abierta, beneficiando así tanto al sector público como a la sociedad en general.
Por ello, puedo afirmar que estamos muy lejos de las buenas prácticas internacionales y adolecemos de voluntad política para que dejemos de ver a la contratación pública como ejemplo y vía de la corrupción. No importa si es adjudicación directa, invitación a cuando menos tres proveedores coludidos o licitación pública dirigida, porque evitar la competencia causa un daño considerable al erario y al mercado nacional e internacional.
El tráfico de influencias busca obtener contratos públicos sin competencia y asumiendo compromisos que propician un conflicto de interés, que causa impacto incremental al presupuesto público y, además, fractura las verdaderas necesidades del Estado para cumplir con su finalidad. No es casualidad que las políticas públicas estén rezagadas y los problemas sociales tengan un aumento. Es fácil, el dinero mal aplicado da exactamente ese resultado.
