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Decisiones que le costarán a México muy caro. “Impacto por las expropiaciones y decisiones autoritarias”

El presidente Andrés Manuel López Obrador desde que inició su mandato, ha mandado señales muy preocupantes sobre la certidumbre jurídica en proyectos con contratos vigentes que, además de ahuyentar inversiones, nos costarán a los Mexicanos indemnizaciones importantes y, muchos pensarán que a nivel económico no vamos tan mal después de la pandemia comparado a otros países de América, sin embargo, algo que es muy cierto es la incidencia comercial que tenemos con Estados Unidos, lo que nos pone a manera de ejemplo el nearshoring como una oportunidad de impulsar  la competitividad de México fomentando la colaboración con los países cercanos, pero nada de esto se dará enviando señales claras de autoritarismo y arbitrariedad, porque ningún inversionista pondrá sus recursos donde el nivel de riesgo sea alto.

La inversión empresarial transnacional desempeña un papel crucial en la economía global, generando empleo, impulsando el crecimiento económico y fomentando la transferencia de conocimientos y tecnología, por lo que México debe estar en competencia con oferta de valor. Empero, para atraer empresas a invertir en otros países, es necesario crear condiciones favorables que incentiven nuestra participación, como son:

  • Estabilidad política y legal: Un entorno político estable y un marco legal transparente son elementos esenciales para atraer inversiones extranjeras. Las empresas buscan países que ofrezcan un clima de inversión predecible, con normas y regulaciones claras, protección de los derechos de propiedad y contratos seguros. La estabilidad política y la ausencia de conflictos sociales contribuyen a generar confianza en los inversionistas y aseguran la continuidad de las operaciones empresariales a largo plazo.
  • Incentivos y beneficios fiscales: Los incentivos y beneficios fiscales son herramientas efectivas para atraer inversiones empresariales. Los gobiernos pueden ofrecer exenciones fiscales, reducciones de impuestos, subsidios o deducciones específicas para atraer a empresas extranjeras. Estas medidas pueden ayudar a mejorar la rentabilidad de las inversiones y reducir los costos iniciales, lo que resulta atractivo para las empresas que consideran expandirse a otros países.
  • Infraestructura desarrollada: Un adecuado nivel de infraestructura es otro factor crucial para atraer inversiones extranjeras. Las empresas necesitan contar con una infraestructura sólida que facilite el transporte de mercancías, el acceso a servicios básicos como electricidad y agua, y una conexión confiable a las redes de comunicación. Un sistema de transporte eficiente, puertos modernos, aeropuertos bien conectados y una red de telecomunicaciones desarrollada son aspectos que influyen en la decisión de inversión de las empresas.
  • Fuerza laboral capacitada: Las empresas buscan países que cuenten con una fuerza laboral capacitada y competente. La disponibilidad de trabajadores calificados y talentosos es un factor determinante para atraer inversiones. Los gobiernos pueden fomentar la educación y la formación técnica, así como establecer alianzas con empresas y universidades para garantizar una oferta de mano de obra adecuada a las necesidades del sector empresarial.
  • Acceso a mercados y acuerdos comerciales: El acceso a mercados locales y regionales, así como la participación en acuerdos comerciales preferenciales, puede ser un factor decisivo para atraer inversiones empresariales. Los países que ofrecen un amplio mercado interno, así como ventajas comerciales y arancelarias con otros países, tienen mayores posibilidades de atraer empresas extranjeras interesadas en expandir sus operaciones y acceder a nuevos clientes.

En un mundo cada vez más interconectado, la estabilidad jurídica y el respeto a los contratos y las concesiones son elementos fundamentales para fomentar la inversión y el crecimiento empresarial, sin embargo, cuando un gobierno autoritario como la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador decide cancelar contratos formalizados o expropiar concesiones legalmente asignadas, se generan impactos significativos a nivel empresarial y se socava la confianza de los inversionistas.

La cancelación de contratos y la expropiación de concesiones como es la ferrocarrilera en el itsmo a nombre de Grupo México -como ejemplo- tienen un impacto negativo directo y se refleja en toda su cadena de suministros. Aquellas que habían realizado inversiones significativas basadas en la seguridad jurídica y contractual se ven perjudicadas al perder sus derechos y propiedades. Esta incertidumbre jurídica afecta negativamente la confianza de los empresarios y puede desalentar futuras inversiones, así como al presupuesto público, dadas las decisiones arbitrarias y sin fundamento jurídico, que se tendrán que cubrir vía indemnizaciones, gastos no recuperables y cualquier derecho pecuniario derivado.

La repercusión para México se verá reflejada a nivel económico porque hoy -debemos reconocer- nuestro país es de alto riesgo para inversiones, causando un clima de inseguridad y desconfianza en los mercados, lo que puede llevar a una disminución de la inversión extranjera directa y una fuga de capitales como lo hemos testificado. La falta de certeza legal y la intervención arbitraria del gobierno crean un ambiente poco propicio para el desarrollo empresarial y la generación de empleo.

La forma en que gobierno de México ha manejado la cancelación de los megaproyectos (Ej. Aeropuerto de Texcoco, la planta cervecera de Constellation Brands o la Concesión Ferroviaria de Grupo México), sin duda, manda una señal a nivel global que invertir en nuestro país es de alto riesgo y que, en cualquier momento por capricho de una persona con poder, te pueden dejar sin efectos las obligaciones contractuales que el propio gobierno estableció con algún orden económico. Estas acciones son vistas como una violación de los principios de seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada, lo que genera preocupaciones sobre la estabilidad política y la continuidad de las políticas económicas en el país.

En el ocaso de este gobierno, ya vemos el efecto de la primera decisión, que fue cancelar el Aeropuerto Internacional de Texcoco en México (NAIM) tuvo una pérdida económica al erario -según la Auditoría Superior de la Federación con corte al 2019-, por más de 331 mil 996 millones de pesos. Se habían invertido grandes sumas de dinero en la construcción y desarrollo del proyecto, y la cancelación resultó en la pérdida de esos recursos. Esto sin considerar el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por más de 120 millones de pesos, más los costos de operación que sigue subsidiando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por tratarse de un proyecto inviable. Está por demás decir que la oportunidad perdida, fue el tener a más de 125 millones de viajeros y contar con un hub internacional como fue planeado.

El daño reputacional de México es profundo y las decisiones arbitrarias son vistas por muchos, como un golpe a la certidumbre jurídica y a la estabilidad política y económica del país, afectando la gravemente nuestro potencial como destino confiable para la inversión.

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