De manera cotidiana las personas se encuentran expuestas a ser víctimas de sucesos delictivos o situaciones que conllevan una emergencia; ante ello, es común solicitar el auxilio de la policía quien funge como primer respondiente.
“Probablemente el policía es el servidor público de quien esperamos y exigimos más, porque de su función se desprenden múltiples actuaciones determinantes para una sociedad más segura, bajo un proceder adecuado con énfasis en la proximidad y atención ciudadana.”
El policía es el servidor público en quien recae esa función por demás relevante y es de quien siempre se espera una mayor capacidad de respuesta y atención oportuna.
En el quehacer cotidiano, es más común encontrar a un policía atendiendo faltas administrativas establecidas en bandos municipales o reglamentos, como el de tránsito, los cuales representan distintos desafíos que pueden terminar en remisiones al oficial calificador, o quizás fungiendo como mediador de una controversia, ya que también actúa como policía orientado a la solución de problemas para una justicia cívica en nuestro país.
Sin embargo, la materia penal es la rama del derecho con la cual la sociedad asocia más la función policial, sin advertir el gran abanico de actividades para las que debe estar capacitado y preparado con el fin de atender cualquier eventualidad, privilegiando la vida y la seguridad de la comunidad, incluso por encima de su propia integridad.
Probablemente el policía es el servidor público de quien esperamos y exigimos más, porque de su función se desprenden múltiples actuaciones determinantes para una sociedad más segura, bajo un proceder adecuado con énfasis en la proximidad y atención ciudadana.
Bajo este orden de ideas, se estableció el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, documento que homologa el procedimiento que debe seguir cualquier policía en México, quien debe salvaguardar a las personas que se encuentran en el lugar de los hechos, privilegiar siempre la vida como un bien superior, resguardar los indicios que posteriormente puedan ser elementos probatorios en juicio y realizar detenciones en caso de flagrancia, estableciendo los niveles de contacto correspondientes.
De dicho protocolo deriva también el Informe Policial Homologado (IPH), en el cual se establecen las acciones realizadas y, si es el caso, la puesta a disposición de personas y objetos, con el fin de brindar mayor certeza jurídica, estandarizar el actuar de las policías que desempeñan funciones de seguridad pública, garantizar el debido proceso y fomentar el uso de la información recabada para acciones de inteligencia, persecución del delito y prevención del mismo principalmente.
Además, el IPH es un documento compuesto de diversos anexos que debe llenar el primer respondiente que realizó las actuaciones y quien debe tener conocimientos vastos sobre leyes, reglamentos, protocolos, derechos humanos, perspectiva de género, así como de otros instrumentos normativos que regulan su actuar.
Sin duda alguna, el contenido de estos informes provee datos cualitativos y cuantitativos que posibilitan un análisis del contexto y una mejor integración de las carpetas de investigación.
“El contenido del Protocolo Nacional del Primer Respondiente y del Informe Policial Homologado provee datos cualitativos y cuantitativos que posibilitan un análisis del contexto y una mejor integración de las carpetas de investigación.”
Dicho informe cobra gran relevancia para quienes intervienen en el proceso, pues la información recabada sustenta la investigación en torno al mismo, es por esto por lo cual, el policía – primer respondiente – debe tener capacidad amplia para cumplir el protocolo de inicio a fin, dado que del informe y actuación se desprenden actos que ponen en riesgo derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad, la justicia, la seguridad y el patrimonio de la víctima o imputado, según sea el caso.
El protocolo describe el procedimiento básicamente en los siguientes momentos: denuncia, flagrancia, localización y descubrimiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo.
Suena sencillo, pero en realidad cada intervención presenta retos y situaciones adversas a resolver por el primer respondiente y que en la práctica conlleva horas desde que toma conocimiento hasta concluir su intervención en la Carpeta de Investigación, aunado a que puede ser llamado a juicio para ahondar en torno a los hechos que dieron pie a su actuar.
Cabe preguntarnos a modo de reflexión y análisis, cuál sería el papel que juegan las fuerzas armadas en este sentido, es decir, ¿desempeñan funciones de seguridad pública o de seguridad nacional?, ¿actúan como primer respondiente o como autoridad coadyuvante? Son cuestiones no menores por el impacto que conlleva en las actividades desplegadas en territorio nacional y que brindan certidumbre jurídica y social en torno a su actuar.
La sociedad y los gobiernos deben visualizar y apostar para que el policía se consolide como un servidor público de élite, por su función como primer respondiente y todo lo que conlleva el asumir tal responsabilidad, pero también y no menos importante, es identificarlo como una pieza sustancial para el acceso a una justicia adecuada para las víctimas, su protección y como agente de estabilidad en cualquier comunidad.
El policía, visto como el primer representante de una autoridad, se convierte en la imagen de cualquier gobierno; por lo tanto, y sumado a todo lo anteriormente expuesto y mucho más, invertir en un policía es invertir en la construcción de un futuro con mayor seguridad y estabilidad en beneficio de la sociedad.
