Aunque los debates se han centrado en la reforma judicial, la Comisión de Puntos Constitucionales ya tiene listo un proyecto relativo a la “simplificación orgánica” que busca desaparecer los organismos autónomos. La Comisión informó que el 15 de agosto definirán la fecha para su discusión, aunque legisladores de oposición se han quejado de que no los dejan presentar reservas. Ésta es parte de las iniciativas que el Ejecutivo presentó el pasado 5 de febrero que incluye eliminar de organismos autónomos para regresar sus funciones al Poder Ejecutivo.
Los órganos constitucionales autónomos que desaparecerán son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Aunque la propuesta fue enviada desde el inicio del año, la razón para dictaminarla hasta ahora es el cambio de Legislatura que será de mayoría oficialista, lo que facilitará su aprobación. El argumento central es que “en México los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática [y] no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino que han garantizado intereses privados”, la duplicidad de funciones y la austeridad.
A pesar de que México ha firmado compromisos que involucran la permanencia de estas instituciones con carácter autónomo, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la iniciativa señala que la extinción de estos órganos no transgrede las obligaciones de México establecidas en el T-MEC, toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones
El riesgo latente es perder progresivamente competitividad en materia económica, administrativa y de derechos humanos. Los órganos autónomos son entes complementarios al Estado con capacidad técnica en áreas en las que las ideologías o pugnas de poder no tienen cabida; algunos, como el INAI, fueron impulsados por la misma sociedad civil. Como bien han señalado especialistas y los organismos se deben evaluar y reformar con base en diagnósticos fidedignos, pues su absorción por el gobierno supone una mayor concentración de poder del Ejecutivo.
La historia no miente, el efecto ya lo conocemos, la centralización de funciones genera discrecionalidad en las decisiones del gobierno, debilita la transparencia pública, la certeza jurídica y vulnerará los derechos de acceso a la información y a de protección de datos personales, de ahí venimos y AMLO lo sabe bien.
Solo basta observar toda la información que bajo el argumento de seguridad nacional ha sido reservada, como los gastos en la construcción de sus obras emblemáticas, el ocultamiento de información en las fuerzas armadas o la investigación por corrupción en Segalmex y las licitaciones de Pemex y CFE. Pese a que se consideran el gobierno más transparente, el mismo INAI ha documentado el incremento en la negativa a proporcionar información por ser “clasificada”, superando a las administraciones de Peña Nieto y Calderón.
La obligación de los legisladores para hacer un análisis crítico y profundo en estas materias se vuelve fundamental para el avance del país en todo sentido. El costo de una equivocación sería altísimo. Eso también ya lo hemos experimentado. Los legisladores que terminan su periodo dejarán una gran responsabilidad a la nueva conformación del Congreso que marcará la línea de, al menos, los primeros tres años de gobierno de Claudia Sheinbaum y el futuro institucional de México.
Lo único que podría frenar este y otros intentos antidemocráticos y regresivos en nuestro país, es que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúen con responsabilidad y congruencia histórica y no le den la mayoría calificada a los diputados de Morena y sus aliados con una indebida sobrerrepresentación, es decir, que respeten la Constitución asignando los diputados plurinominales que legalmente les corresponden de acuerdo al 54% de los votos que obtuvieron y cumpliendo con el artículo 54 de la Constitución que solo autoriza el 8% de sobrerrepresentación.
