Ante la cuarta revolución industrial y el impulso de la era digital, el sector público enfrenta numerosos desafíos relacionados con su modelo de gobernanza, eficiencia normativa, obsolescencia en su gestión, protección de datos, la seguridad cibernética, gestión de riesgos y la desconfianza de los ciudadanos.
En el marco del “Segundo Seminario de Derecho Administrativo en la Cuarta Revolución Industrial” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se ha planteado con mucho entusiasmo, pero también, con una gran necesidad, la evolución que deben hacer las figuras del Estado para incorporarnos a la dinámica del cambio y, hacerlo en beneficio de todos los ciudadanos.
En este contexto, el cumplimiento normativo o «compliance» digital se ha convertido en una pieza clave para garantizar la transparencia, la eficiencia, la rendición de cuentas y la confiabilidad de los servicios que la administración pública brinda a los ciudadanos.
La coincidencia que tienen casos como el de “Segalmex” y la “Estafa Maestra” o la “Casa Blanca” y la “Casa Gris”, es precisamente la falta de estado de derecho, la consecuente impunidad, el modelo de gobernanza, la debilidad en la gestión de riesgos y la inefectiva fiscalización y control interno, lo que propicia que sigamos viendo casos de corrupción en todos los gobiernos y con todos los colores.
El engranaje del “Compliance” y la tecnología, es fundamental para la debida implementación del estándar, la estructura de datos que proporcionen estadística y alimenten las plataformas de gestión de la información.
Más allá del objetivo principal que tiene el estándar de cumplimiento normativo, está la mejora ineludible del funcionamiento de cualquier organización, como es la estructura, los procesos, la norma, los perfiles y, las herramientas que se tengan para el trabajo diario. El enfoque al cumplimiento y la cultura produce la vocación y ajusta el comportamiento a un marco ético.
Existen muchos ejemplos de cómo la implementación de tecnología ha impactado de forma favorable a la buena administración y se ponen a disposición del ciudadano, por lo que la apuesta es potenciar la tecnología para asegurar el cumplimiento a la finalidad pública.
El compliance digital también contribuye a mejorar la transparencia y la confianza en el sector público. Al establecer políticas claras y procesos de gestión de riesgos, se fomenta la rendición de cuentas y se reducen las oportunidades de corrupción y malversación de fondos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos y a confiar en que los recursos se gestionan de manera ética y eficiente. Al adoptar medidas de compliance digital, el sector público puede demostrar su compromiso con la transparencia y generar mayor confianza entre los ciudadanos.
El compliance digital también puede impulsar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos. Al adoptar soluciones tecnológicas innovadoras y garantizar su compatibilidad con los estándares digitales, el sector público puede simplificar los trámites y reducir la burocracia, lo que se traduce en una mejor experiencia para los ciudadanos. Además, el compliance digital puede ayudar a eliminar barreras de acceso al asegurar que los servicios y aplicaciones digitales sean accesibles para personas con discapacidades, lo que promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión.
Es inminente que las nuevas generaciones potenciarán el uso de tecnologías en la gestión pública y, con ello, veremos la adaptación de las administraciones a modelos más eficientes, ágiles, transparentes y con mecanismos de gestión que garanticen la buena administración.
