Un delito baja, otro ocupa su lugar
La disminución de los secuestros en México, especialmente en las principales ciudades, obliga a preguntarnos si esta baja se debe únicamente a la persecución e inteligencia policial o si existen otros factores que también están influyendo, considerando que la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 contempla cuatro ejes para combatir delitos de alto impacto:
- Atender las causas de la violencia;
- Consolidar la Guardia Nacional;
- Fortalecer la inteligencia e investigación y;
- Mejorar la coordinación interinstitucional.
En particular, el “fortalecimiento de la inteligencia e investigación” ha permitido interceptar comunicaciones, rastrear ubicaciones y actuar con mayor eficacia contra el secuestro. Sin embargo, estas disminuciones sobre todo en lugares donde la inseguridad no es tan alta como en otros estados donde se presentan casos recurrentes, se relacionan con factores sociales como la denuncia y el uso de cámaras en los celulares, aunque también considero que desafortunadamente existen conductas delictivas que están contribuyendo a que el secuestro disminuya. ¿Por qué digo “desafortunadamente”? por los casos de extorsión, sí, si se considera que la pena máxima por secuestro puede llegar a 70 años de prisión cuando la víctima muere o existen agravantes como la participación de servidores públicos, mientras que la extorsión implica sanciones menores, es comprensible que quienes se dedicaban al secuestro migren hacia la extorsión, ya que ofrece ventajas como menor riesgo legal, menor visibilidad, costos operativos reducidos, duración corta del delito, alta rentabilidad y mayor impunidad debido al miedo de las víctimas a denunciar, difícilmente deja huella y se termina de inmediato. Pero, sobre todo, que la carga probatoria en casos de denuncias es nula, la evidencia es muy difícil de recopilar y por tanto más compleja de perseguir.
La migración del secuestro hacia la extorsión responde a una lógica de costo-beneficio: mientras el primero conlleva hasta 70 años de prisión, la extorsión ofrece penas menores, una carga probatoria casi nula y una ejecución inmediata que dificulta su persecución penal
Por estas razones y sobre todo por la inmediatez y el bajo riesgo que implica, muchas bandas criminales han decidido cambiar del secuestro a la extorsión, aunque este delito no solo es cometido por grupos organizados, sino que es multifactorial y puede ser realizado por casi cualquier persona. Su materia prima es la amenaza y el miedo, lo que permite que incluso casos que inician como posibles fraudes se conviertan rápidamente en extorsión sin necesidad de retener a la víctima.
Ante este panorama, y ya teniéndose una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de noviembre de 2025, sería deseable que los legisladores definieran con mayor precisión qué debe considerarse extorsión y evitar que se utilice este término para cualquier tipo de presión violenta destinada a obtener un beneficio, esta amplitud conceptual dificulta la investigación y la comprensión de los factores sociales que están generando estas conductas.
Pero ¿Cuáles son las ventajas entre extorsionar a diferencia de secuestrar?
La extorsión se ha consolidado como un ingreso constante y rentable para el crimen organizado, funcionando como un impuesto que asfixia al comercio y al transporte sin dejar huella física
Por estas razones, pero sobre todo por la inmediatez y el bajo riesgo que conlleva la extorsión a diferencia del secuestro, muchas bandas criminales han decidido mutar hacia allá. Grupos delictivos bien organizados que trabajan de manera jerárquica y reiterada, que conocen bien el negocio de obtener dinero por medio de la amenaza y las consecuencias en caso de incumplimiento. Por esto y más, se deben reforzar las medidas de inteligencia y de seguridad intrusiva, por ejemplo: Aumentar el número de cámaras en zonas comerciales y turísticas como las que maneja el C5 que están directamente interconectadas con los gobiernos locales, así como reforzar la obligación que tienen los locales comerciales de tener cámaras de seguridad funcionando con mayor nitidez para poder identificar a los infractores. Este delito que ahora se persigue de oficio debe definirse con mayor precisión, no es lo mismo una persona que llama para engañar amenazando, sin restar la importancia que esto merece, que los que se presentan de manera presencial y reiterada con información personal de la víctima y su familia como medio comisivo para llevar a cabo el cumplimiento del pago. En estos casos, el riesgo puede ser mayor e inminente, se atenta no sólo con la persona amenazada, sino también con su familia y su patrimonio, además de los empleos de los que dependan de ese negocio o ingreso, así como la estabilidad comercial de la zona en caso de que el negocio cierre sus puertas.
Actualmente por la similitud del tipo de delitos, las unidades encargadas de secuestros son las que están atendiendo también gran parte de las denuncias de extorsión, además de las policías. Ellos deberán ir midiendo por zona a los grupos identificados como posibles secuestradores, pero ahora de manera extorsiva, ya sea por la región o perfil de las víctimas, el modus operandi, y hasta el tipo y hora de actuar, al final existirán diversas similitudes.
Para frenar el auge de la extorsión, es urgente que las unidades antisecuestro y la UIF colaboren con las policías preventivas, enfocándose en la generación de evidencia sólida que permita judicializar los casos y evitar que se pierdan en la estadística
En conclusión, aunque la extorsión representa una alternativa más cómoda y, en ciertos casos, favorable para los secuestradores, no debe desatenderse ni saturar a las unidades antisecuestro. Por el contrario, estas deben colaborar estrechamente con las policías preventivas, ya que en muchos casos estos últimos son los primeros respondientes ante este tipo de denuncias. La evidencia es fundamental: como señalé en párrafos anteriores, este delito es más difícil de acreditar, por lo que las autoridades encargadas de la persecución penal y de la inteligencia —como las unidades antisecuestro y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— deben trabajar de manera exhaustiva para que, al momento de la denuncia, los casos puedan judicializarse y no queden únicamente en una estadística al alza.
