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Consejo General de la Abogacía llama a ministras y ministros de la SCJN a declarar la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del PJF

El Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM) emitió un pronunciamiento en relación a la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que incluye la ampliación del mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.

Reiteran que el ordenamiento violenta los fundamentos del estado constitucional y democrático de derecho y establece un alarmante precedente en torno a la temporalidad, independencia y legalidad a las que debe sujetarse el ejercicio de los cargos públicos en nuestro sistema de gobierno, y muy particularmente, aquellos que son de especial trascendencia para el Estado mexicano, como es el caso de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura.

Además, retoman el argumento de ministro Artur Zaldívar con motivo de acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto que autorizaba las ampliaciones de los encargos de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se consideró que,

“[Lo] que al margen de las intenciones que haya podido tener el decreto, constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia. El proyecto expone con amplitud los precedentes tanto de este tribunal como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de independencia judicial, de los que deriva la exigencia de dotar de certidumbre a los procedimientos de designación y de proscribir la discrecionalidad de los órganos políticos en dichos procedimientos, lo que se logra mediante procesos de nombramiento objetivos, llevados a cabo conforme a normas preestablecidas no normas posteriores al perfeccionamiento del nombramiento. La independencia judicial exige que el Congreso no pueda desplegar su acción legislativa respecto de las condiciones de los nombramientos de titulares de un tribunal.”1

“Así, en términos de consistencia argumentativa y coherencia de las opiniones emitidas por los integrantes de un tribunal, se puede sostener que la intromisión del Congreso en las decisiones internas del Poder Judicial como es su composición y la duración de los encargos de sus integrantes, violenta expresamente el orden constitucional y socava la integridad e independencia con los que debe desahogarse la función jurisdiccional”, señala el CGAM.

El Consejo de la Abogacía concluye con “un enérgico rechazo a esta acción legislativa claramente inconstitucional y hacen un respetuoso llamado a las señoras ministras y a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en su oportunidad, como guardianes de nuestra Ley Fundamental y del orden constitucional, declaren la inconstitucionalidad de este precepto normativo.”

Por su parte, en el transcurso de la mañana, el ministro Zaldívar, en un comunicado expresó que estará atento de las acciones legales que se llegaran a presentar ante la SCJN, órgano que deberá analizar y resolver cualquier cuestión de inconstitucionalidad.

 

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