Adiós a la prisión de las Islas Marías.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina anunció el día de ayer lunes 18 de febrero del 2019, que la prisión de las Islas Marías dejará de albergar a delincuentes para transformarlas en un centro para la cultura y el estudio del medio ambiente.

Las Islas denominadas María Madre, María Magdalena y María Cleófas, ubicadas en el océano pacífico frente al territorio de Tepic, Nayarit, tienen una extensión de 273 kilómetros cuadrados y por decreto emitido por el Presidente Porfirio Díaz, la Isla Madre fue destinada a servir como colonia penitenciaria, a partir del 12 de mayo de 1905.

Derivado de los desajustes sociales y las desigualdades económicas que se presentaron a principios del siglo XX se incrementó la actividad delictiva y como consecuencia la sobrepoblación en las cárceles. En un principio enviaron a los peores criminales y a los presos que le generaron problemas al gobierno.

Posteriormente, el 30 de diciembre de 1939 por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas, se autoriza que los sentenciados lleven a vivir a la Isla a su familia, los presos fueron llamados Colonos, trabajaron la hortaliza para tener autosuficiencia y el Director tenía la facultad de fungir como Juez del Registro Civil.

Para 1970, el Presidente Luis Echeverría, viajó a la Isla donde recibió quejas sobre maltrato, explotación y mala alimentación, por lo que a partir de entonces se cambió el perfil de los sentenciados para convertirlo en un buen modelo de readaptación.

En los años ochentas los prisioneros que llegaban a la Isla eran de baja y media peligrosidad, de la edad entre los 20 y 50 años, con buena salud física y mental, los ubicaban en los diferentes campamentos de acuerdo a la clasificación que emitía el personal técnico con base en los estudios criminológicos.

Para lograr la readaptación social, los sentenciados recibían un tratamiento progresivo-técnico mediante una jornada laboral, la capacitación para el trabajo, la educación y la disciplina, respetando siempre los derechos humanos con forme a lo establecido en el artículo 18 Constitucional.

El trabajo penitenciario que se llevaba a cabo con los colonos era mediante el régimen All Aperto, es decir, al aire libre. El trabajo al aire libre permitió la ejecución de labores agrícolas, lo cual dio lugar a una individualización del tratamiento, una mayor disciplina y un control de la conducta de los internos.

Como un dato importante, es necesario mencionar que el archipiélago de las Islas Marías fue declarado como Área Natural Protegida en el año 2000, con la categoría Reserva de la Biósfera y también cuentan con declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad que otorgó la UNESCO en el año 2005.

No obstante lo anterior, durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, se modificó el régimen al aire libre para construir cinco Centros Penitenciarios con la participación de la iniciativa privada a través de contratos de prestación de servicios, por lo que se les denominó CPS y fueron nombrados como Balleto, Bugambilias, Aserradero, Morelos, Laguna del Toro y Rehilete, con una capacidad instalada de 1280, 850, 800, 1500, 1500 y 350 respectivamente, cantidad que suma un total de 6,280 internos entre mujeres y hombres procesados y sentenciados.

Es importante señalar que con estas construcciones ignoraron las políticas internacionales de protección a la biósfera y lo peor de todo es que no se fincó responsabilidad alguna a ningún funcionario público que participó en esta catástrofe contra el área natural ya protegida.

De esta manera las Islas Marías pasaron a ser de una Colonia Penal a un Complejo Penitenciario para adoptar un sistema de control basado y certificado en el sistema americano, con esto llegaron a tener una población hasta de 8,000 internos a los que no se les respetaron sus derecho humanos en algún tiempo, motivo por el cual provocó un motín que desencadeno una serie de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como consecuencia una recomendación emitida por la primera y el desahogo de la audiencia pública en las instalaciones de la segunda para que el Estado Mexicano respondiera por estas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en dicho Complejo.

La administración de las Islas Marías estuvo durante años a cargo de la Secretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y actualmente de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Es el caso que el Presidente López Obrador, ha decidido cerrar esta prisión para convertirla en un centro para la cultura y el estudio del medio ambiente, además de que los presos puedan cumplir su pena como lo establece el párrafo octavo del artículo 18 de nuestra Carta Magna, el cual dice: “…Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social”.

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