El proceso penal acusatorio busca esclarecer los hechos mediante el análisis de la información presentada por las partes. Para ello, la etapa intermedia cumple una función esencial, pues permite determinar qué pruebas serán admitidas y cuáles quedarán excluidas del juicio, conforme al artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, no todos los mecanismos de admisión y exclusión de pruebas favorecen necesariamente el conocimiento de la verdad. Por ello, este trabajo analiza los filtros epistémicos, que mejoran la calidad de la información, y los contra- epistémicos, que pueden obstaculizar el esclarecimiento de los hechos cuando se aplican de manera formalista o excesiva.
I. La etapa intermedia como mecanismo de control epistemológico
Las pruebas permiten reconstruir lo ocurrido. Como el juez no presenció los hechos, debe analizarlos a partir de la información de las partes. Por ello, su decisión debe fundarse en las pruebas y en razones que justifiquen la conclusión.
La etapa intermedia establece las condiciones para analizar los hechos durante el juicio: identifica los puntos controvertidos y determina qué pruebas podrán utilizarse. Conforme al artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), comprende una fase escrita, integrada por las actuaciones previas a la audiencia intermedia, y una oral, que comienza con dicha audiencia y concluye con el auto de apertura a juicio.
Las decisiones de esta fase determinan qué información llegará al juicio. Excluir una prueba relevante reduce la posibilidad de contrastar versiones; admitir información irrelevante o repetitiva prolonga el debate. La depuración probatoria debe equilibrar ambos aspectos: permitir información útil para conocer los hechos y excluir la que carezca de justificación jurídica o procesal.
II. Los filtros epistémicos de la etapa intermedia
Los filtros epistémicos son criterios para seleccionar pruebas según la información que pueden aportar sobre los hechos discutidos. Buscan que el tribunal de enjuiciamiento cuente con elementos para analizar lo sucedido y resolver con base en las pruebas.
Uno es la pertinencia probatoria: una prueba es pertinente cuando se relaciona con los hechos investigados o con alguna circunstancia relevante para resolver el caso. No se exige que demuestre por sí sola la versión de quien la ofrece. Exigirlo en la audiencia intermedia adelantaría una valoración que corresponde al tribunal de enjuiciamiento, después de que las pruebas sean presentadas y debatidas.
Otro filtro es la utilidad probatoria, que permite determinar si el medio aporta información para resolver los puntos controvertidos. Puede ser útil, aunque no demuestre por sí misma un hecho pues confirma, debilita o cuestiona otras pruebas.
También debe evitarse la sobreabundancia. El artículo 346 del CNPP permite excluir pruebas excesivas o repetitivas, especialmente cuando se ofrecen numerosos medios del mismo tipo para demostrar un hecho. Se busca evitar que el juicio se prolongue con información que no aporta datos nuevos. Sin embargo, el criterio debe aplicarse con cuidado, pues dos pruebas aparentemente similares pueden aportar información distinta o servir para examinar la confiabilidad de una fuente.
La contradicción es igualmente fundamental. La información de una parte no debe aceptarse por el solo hecho de incorporarse al proceso; la contraparte debe poder cuestionarla, revisar su origen y contenido, y señalar errores o problemas de confiabilidad. El debate permite identificar contradicciones y otras explicaciones.
Estos filtros no garantizan una decisión correcta, pero favorecen el análisis y la justificación judicial.
III. Los filtros contra- epistémicos: restricciones al conocimiento de los hechos
Los filtros contra- epistémicos son reglas, interpretaciones o prácticas que pueden limitar injustificadamente la posibilidad de presentar, analizar o cuestionar información relevante. No toda exclusión constituye un obstáculo: deben excluirse las pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos fundamentales. El problema surge al descartar medios sin razón suficiente o aplicar las reglas con rigor innecesario.
Un primer problema es el exceso de formalismo. Las normas establecen requisitos para ofrecer pruebas y permitir que la contraparte conozca su contenido. Sin embargo, aplicarlos estrictamente puede excluir información importante por errores formales que no afectan el derecho de defensa ni la posibilidad de controvertirla.
El artículo 337 del CNPP regula el descubrimiento probatorio, mientras que los artículos 338 y 340 establecen actuaciones y facultades de las partes en la etapa intermedia. Estas disposiciones buscan que todas conozcan las pruebas que se discutirán en juicio. Su aplicación debe atender a esa finalidad y a las consecuencias del incumplimiento.
Un segundo problema es la preclusión procesal. Los plazos para ofrecer pruebas ordenan el procedimiento, garantizan la igualdad y permiten preparar el juicio. Pero si su incumplimiento produce consecuencias automáticas, sin considerar las circunstancias ni los derechos afectados, puede impedir que se conozca información importante. Los plazos no deben eliminarse, pero sí aplicarse respetando la defensa, la contradicción y el debido proceso.
Un tercer problema aparece cuando se interpreta la pertinencia de forma demasiado estricta y se exige que una prueba demuestre directamente el hecho. Así pueden excluirse datos que, aunque no acrediten por sí solos lo sucedido, ayudan a confirmar o cuestionar las versiones de las partes. Los hechos suelen conocerse mediante el análisis conjunto de distintas pruebas; por eso, no debe exigirse que cada medio demuestre definitivamente un hecho.
Debe distinguirse entre admitir y valorar una prueba. La admisión determina si puede presentarse en juicio; la valoración analiza su fuerza para demostrar o cuestionar los hechos. Confundir ambos momentos puede llevar al juez de control a valorar anticipadamente las pruebas, tarea del tribunal de enjuiciamiento.
Un cuarto aspecto son los acuerdos probatorios. El artículo 345 del CNPP permite que las partes acuerden hechos o circunstancias que ya no tendrán que discutirse en juicio, siempre que el juez de control los apruebe. Estos acuerdos simplifican el debate y concentran las pruebas en los hechos controvertidos, pero también hacen que ciertos aspectos dejen de ser objeto de prueba.
El riesgo aparece cuando se aprueban sin revisar su contenido y alcance. El juez debe verificar que los hechos sean claros y que el acuerdo no perjudique injustamente los derechos de la persona acusada. Los acuerdos ordenan el juicio, pero pueden limitar el análisis si no se revisan adecuadamente.
IV. La tensión entre verdad, garantías procesales y racionalidad probatoria
Las reglas que pueden dificultar el conocimiento de los hechos plantean una pregunta: ¿debe prevalecer la búsqueda de la verdad o el cumplimiento de las normas procesales?
La verdad no debe buscarse a cualquier costo. El proceso penal no puede permitir violaciones a derechos fundamentales con el argumento de esclarecer los hechos. La decisión judicial debe apoyarse en razones suficientes y respetar las garantías que limitan el poder del Estado para castigar.
La exclusión de pruebas ilícitas es un ejemplo, porque, aunque reduce la información disponible, se justifica si fueron obtenidas mediante violaciones a derechos fundamentales. El artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda prueba obtenida de esa manera será nula. El proceso penal busca esclarecer los hechos dentro de los límites constitucionales.
Debe distinguirse cuándo una restricción protege un derecho y cuándo limita innecesariamente el conocimiento. El juez de control debe explicar por qué admite o excluye cada medio de prueba. Al excluirlo, señalará la causa legal; al admitirlo, su relación con los hechos y posible aportación al juicio.
Finalmente, los artículos 346 y 347 del CNPP, relativos a la exclusión de pruebas y al auto de apertura a juicio, deben aplicarse conjuntamente. La revisión probatoria de la etapa intermedia no debe convertirse en una decisión anticipada sobre la culpabilidad o inocencia de la persona acusada.
En conclusión, el juez de control debe mantener un equilibrio: evitar pruebas innecesarias o repetitivas, pero impedir que se excluyan medios que puedan confirmar o cuestionar las versiones de los hechos presentadas por las partes.
V. Reflexiones finales
La etapa intermedia del proceso penal mexicano no solo sirve para organizar el juicio, sino también para decidir qué pruebas podrán utilizarse para conocer los hechos. Los filtros epistémicos ayudan a seleccionar pruebas útiles y relevantes, mientras que los filtros contra- epistémicos permiten identificar aquellas decisiones que pueden impedir injustificadamente que se conozca información importante.
Por ello, no basta con reducir el número de pruebas, sino que cada decisión de admitirlas o excluirlas debe tener una razón válida.
El juez de control debe evitar dos situaciones: admitir pruebas que no aportan información importante y excluir pruebas que pueden ayudar a conocer los hechos.
En conclusión, la etapa intermedia debe servir para que el juicio cuente con las pruebas necesarias, sin dejar de respetar los derechos de las partes. Su finalidad no es decidir anticipadamente si una persona es culpable o inocente, sino permitir que el tribunal de enjuiciamiento cuente con información suficiente para tomar una decisión debidamente justificada.








