La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en las empresas avanza a un ritmo que desafía los marcos jurídicos tradicionales. Aunque Argentina todavía no cuenta con una ley nacional integral que regule específicamente esta tecnología, su utilización no se desarrolla en un espacio ajeno al derecho. La protección de datos personales, los derechos de los consumidores, las relaciones laborales y las reglas generales de responsabilidad ya imponen obligaciones que deben ser consideradas. El desafío consiste en comprender cómo se aplican estas normas a escenarios tecnológicos nuevos y qué medidas deberían adoptar las organizaciones para prevenir riesgos jurídicos.
La ausencia de una ley específica no significa ausencia de regulación
La inteligencia artificial se incorporó a numerosas actividades empresariales: atención al cliente, selección de personal, análisis de información comercial, evaluación crediticia y automatización de procesos internos, entre otras.
Frente a esta realidad, cabe preguntar: ¿puede una empresa incorporar estas herramientas sin revisar previamente sus implicancias jurídicas?
La respuesta es negativa.
En Argentina, aunque no existe una ley nacional integral sobre inteligencia artificial, hay normas aplicables a su uso. Entre ellas, se destacan la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, su decreto reglamentario 1558/2001 y las recomendaciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
Esto permite advertir que el problema jurídico no comienza cuando se sancione una futura ley de inteligencia artificial. Comienza cuando una organización utiliza estas herramientas y, como consecuencia, procesa información, evalúa personas o interviene en decisiones que pueden afectar derechos.
Los datos personales: el primer límite jurídico
Uno de los principales riesgos aparece cuando las empresas incorporan información de clientes, proveedores o trabajadores en plataformas de inteligencia artificial.
La Ley 25.326 establece, en su art. 4, el principio de calidad de los datos. Exige que la información sea adecuada, pertinente y no excesiva en relación con la finalidad para la cual fue obtenida. También dispone que no puede utilizarse para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su recolección.
Por lo tanto, que una herramienta permita cargar grandes cantidades de información no significa que la empresa esté jurídicamente habilitada para hacerlo.
Pensemos en una situación habitual: un empleado incorpora en una plataforma externa una base de clientes para obtener un análisis comercial automatizado. Aunque la finalidad sea mejorar la productividad, esa operación requiere examinar previamente qué información se comparte, con qué finalidad, quién tendrá acceso a ella y bajo qué condiciones será tratada.
También deben considerarse las transferencias internacionales de datos. Si el proveedor tecnológico almacena o procesa información en otro país, corresponde analizar las exigencias del art. 12 de la Ley 25.326 y los mecanismos jurídicos que permiten realizar esa transferencia.
La utilización de herramientas tecnológicas no desplaza las obligaciones del responsable del tratamiento.
El consentimiento y los derechos de las personas
Otro aspecto fundamental es que los derechos de los titulares de datos personales continúan vigentes aunque la información sea procesada mediante algoritmos.
Los arts. 5 y 6 de la Ley 25.326 regulan el consentimiento y el deber de información. En consecuencia, cuando corresponda obtener consentimiento, este debe ser libre, expreso e informado. Además, las personas deben conocer la finalidad del tratamiento y los derechos que pueden ejercer.
La ley también reconoce los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de datos personales.
Esto plantea un desafío práctico: ¿cómo puede una empresa responder adecuadamente a un pedido de acceso o rectificación si desconoce qué información utiliza su sistema de inteligencia artificial, dónde se encuentra almacenada o qué proveedores intervienen en su tratamiento?
La respuesta exige organización y trazabilidad. No alcanza con contratar una herramienta y delegarle el procesamiento de información. Es necesario conocer su funcionamiento, identificar a los responsables y establecer procedimientos internos que permitan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas.
Las decisiones automatizadas y la responsabilidad empresarial
La utilización de inteligencia artificial también plantea interrogantes cuando sus resultados intervienen en decisiones que afectan a las personas.
Por ejemplo, una empresa puede utilizar algoritmos para evaluar solicitudes de crédito, seleccionar candidatos para un puesto o analizar el rendimiento de sus empleados.
En este punto es importante realizar una precisión jurídica: el art. 20 de la Ley 25.326 establece límites respecto de decisiones judiciales y actos administrativos que impliquen valoración de conductas humanas y tengan como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos personales. No establece, por sí mismo, una prohibición general aplicable a todas las decisiones automatizadas de empresas privadas.
Sin embargo, ello no significa que estas organizaciones puedan utilizar cualquier sistema sin considerar sus consecuencias.
Los principios de protección de datos, la prohibición de prácticas discriminatorias y las obligaciones generales de responsabilidad constituyen parámetros relevantes para evaluar estas implementaciones.
Una decisión empresarial no debería quedar exenta de revisión por el solo hecho de haber sido producida o recomendada por un algoritmo.
Inteligencia artificial y relaciones laborales
La incorporación de sistemas de inteligencia artificial puede modificar los procesos de selección, evaluación y supervisión del personal. También puede permitir monitorear tiempos de conexión, medir productividad o generar evaluaciones automatizadas sobre el desempeño.
La Ley de Contrato de Trabajo reconoce facultades de organización y dirección del empleador, pero establece límites para su ejercicio. Sus arts. 65, 70 y 71 contemplan, respectivamente, la preservación de los derechos personales y patrimoniales del trabajador, la protección de su dignidad frente a determinados controles y el conocimiento de los sistemas de control relativos a su actividad.
Por ello, cuando una empresa incorpora herramientas de inteligencia artificial para supervisar a sus trabajadores, debe analizar no solamente su utilidad operativa, sino también su impacto sobre los derechos laborales y la protección de datos personales.
La eficiencia tecnológica no puede convertirse en una justificación automática para desconocer los derechos de quienes integran la organización.
La prevención como parte de la responsabilidad empresarial
Frente a este escenario, las empresas necesitan incorporar criterios de gobernanza y uso responsable de la inteligencia artificial.
En septiembre de 2024, la AAIP publicó una guía dirigida a entidades públicas y privadas en materia de transparencia y protección de datos personales para una inteligencia artificial responsable, posteriormente consolidada en su versión final.
Entre sus recomendaciones se destacan la evaluación de impacto, la transparencia algorítmica, la explicabilidad, la protección de datos y el análisis de los sistemas durante todo su ciclo de vida.
A partir de estos lineamientos, algunas medidas concretas que las organizaciones deberían considerar son:
- Identificar las herramientas de inteligencia artificial utilizadas y los datos personales que procesan.
- Revisar las condiciones de contratación y las políticas de privacidad de los proveedores tecnológicos.
- Establecer protocolos internos sobre el uso de estas herramientas y la información que puede incorporarse.
- Evaluar los riesgos de los sistemas que intervienen en decisiones relevantes.
- Implementar mecanismos de supervisión humana y revisión de resultados.
- Capacitar al personal sobre las obligaciones legales vinculadas con el uso de inteligencia artificial.
Consideraciones finales
La inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar los procesos empresariales, mejorar la productividad y desarrollar nuevas formas de organización. Sin embargo, su incorporación también exige revisar las prácticas tradicionales desde una perspectiva jurídica actualizada.
Esperar una legislación específica para comenzar a adoptar medidas de prevención sería desconocer que buena parte de las obligaciones ya se encuentran contempladas en nuestro ordenamiento jurídico.
El verdadero desafío no consiste únicamente en determinar qué puede hacer la tecnología, sino en establecer bajo qué condiciones puede utilizarse sin comprometer derechos.
La innovación y el cumplimiento normativo no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, una empresa que conoce los riesgos, establece controles y asume sus responsabilidades se encuentra en mejores condiciones para incorporar inteligencia artificial de manera sostenible.
Referencias bibliográficas
- Argentina. Constitución de la Nación Argentina, art. 43.
- Argentina. Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000).
- Argentina. Decreto 1558/2001, reglamentario de la Ley 25.326.
- Argentina. Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, texto actualizado.
- Agencia de Acceso a la Información Pública (2023). Resolución 161/2023. Programa Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la Inteligencia Artificial.
- Agencia de Acceso a la Información Pública (2025). Guía para entidades públicas y privadas en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales para una Inteligencia Artificial responsable.
