Hay algo peor para una democracia que perder una elección: que a la ciudadanía empiece a darle igual el sistema bajo el que vive y, en México, parece que estamos acercándonos peligrosamente a esa conversación.
Durante décadas, la democracia fue una conquista que había que defender. Nos acostumbramos a hablar de elecciones libres, alternancia y límites al poder. Reformamos leyes, creamos instituciones y construimos un sistema electoral cada vez más sofisticado. Pero, en algún punto, parece que dejamos de preguntarnos si todo eso estaba logrando que las personas se sintieran verdaderamente representadas.
Hoy, casi una de cada tres personas en México dice que le da lo mismo vivir en democracia que bajo un régimen no democrático y quizá lo más inquietante de ese dato no sea la respuesta, sino que todavía no tengamos muy claro por qué tanta gente ha dejado de encontrar una diferencia que le importe.
El Latinobarómetro 2026 ofrece un retrato incómodo de nuestra relación con la democracia. En México, el apoyo a este sistema de gobierno pasó del 49% en 2024 al 45% en 2026. Quienes consideran que, pese a sus problemas, sigue siendo la mejor forma de gobierno disminuyeron del 74% al 53%. Y la satisfacción con su funcionamiento cayó veinte puntos: del 50% al 30%.
Podríamos pensar que estamos frente a un repunte autoritario, pero los números cuentan una historia distinta. La preferencia explícita por un gobierno autoritario también disminuyó, del 24% al 17%. Lo que creció fue la indiferencia: en dos años, el porcentaje de personas a quienes les da lo mismo el tipo de régimen pasó del 22% al 30%.
Es cierto que 2024 fue un año electoral en el que algunos indicadores alcanzaron niveles particularmente altos. Por eso sería apresurado interpretar estas disminuciones como una tendencia irreversible. Pero el dato sigue ahí: tres de cada diez personas expresan indiferencia frente al régimen político en el que viven.
El mismo estudio revela que el 73% de las personas encuestadas en México no se siente representado por el Congreso y apenas el 18% confía en los partidos políticos. Más desconcertante aún: el 46% considera que la democracia puede funcionar sin partidos, el 40% sin Congreso y el 42% sin oposición. Al mismo tiempo, el 68% sostiene que sin elecciones no puede existir democracia.
Las respuestas provienen de preguntas distintas, pero juntas dibujan una relación peculiar con nuestras instituciones: reconocemos la importancia de elegir a quienes gobiernan, aunque una proporción considerable de la población considera prescindibles algunas de las instituciones que hacen posible la representación política.
Quizá hemos logrado explicar para qué sirve votar, pero nos ha costado mucho más mostrar para qué sirven los límites al poder. Durante años nos concentramos en construir instituciones capaces de organizar elecciones confiables, contar los votos y resolver disputas. Había buenas razones para hacerlo, veníamos de un sistema en el que las elecciones existían, aunque las condiciones de competencia estaban profundamente desequilibradas. La transición democrática mexicana consistió, en buena medida, en conseguir que los votos pudieran producir alternancia y que perder una elección fuera una posibilidad real para quienes gobernaban.
Lo conseguimos, pero una vez que aprendimos a contar los votos, llegó una pregunta bastante menos cómoda: ¿qué hacemos con el poder después de repartirlo?
Pensemos en las elecciones federales de 2024. Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde alcanzaron 364 diputaciones, equivalentes al 72.8% de la Cámara de Diputados. Uno de los votos particulares emitidos en la controversia sobre la asignación consignó que, conjuntamente, estos partidos habían obtenido el 58.39% de la votación nacional emitida, calculada para efectos de representación proporcional.
La diferencia abrió una discusión sobre los límites constitucionales de sobrerrepresentación. Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la asignación en la sentencia SUP-REC-3505/2024 y acumulados. El criterio aplicado tenía antecedentes claros: el artículo 54 constitucional establece el límite de sobrerrepresentación por partido político, y esa había sido la interpretación seguida en procesos anteriores.
Cambiar ese criterio después de celebrada la elección también habría planteado problemas de certeza jurídica. Pero la controversia dejó pendiente una discusión que va más allá de determinar quién tenía razón en aquel litigio: si las fórmulas vigentes producen la relación entre votos y escaños que buscamos en un sistema representativo.
Nuestro modelo combina diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional para permitir la formación de mayorías sin excluir a las fuerzas políticas que obtienen un respaldo electoral menor. Cuando tres partidos concentran casi tres cuartas partes de las curules con una votación conjunta considerablemente inferior, corresponde examinar los efectos del diseño institucional.
Que una asignación sea válida conforme a las normas aplicables no responde necesariamente a todas las preguntas sobre su proporcionalidad. Una regla puede aplicarse correctamente y producir resultados que ameriten revisar su diseño.
Además, sentirse representado implica algo distinto de tener representantes electos. Supone que las decisiones públicas respondan a las necesidades de la ciudadanía, que existan mecanismos de rendición de cuentas y que las minorías conserven espacios efectivos de participación.
No sabemos cuánto influye la distribución de escaños en ese 73% que declara no sentirse representado por el Congreso, la encuesta no permite establecerlo, pero la diferencia entre representación formal y representación percibida merece atención, especialmente cuando discutimos cómo se distribuye el poder.
La distancia entre las reglas y la realidad también aparece en otro terreno que conocemos bien: las campañas electorales. En 2023 vimos cómo los partidos encontraron una manera de iniciar la competencia presidencial meses antes de las precampañas. Morena organizó el proceso para elegir a quien coordinaría la defensa de la Cuarta Transformación y el Frente Amplio por México hizo lo propio con su mecanismo de selección. Cambiaron los nombres, pero hubo aspirantes, recorridos, actos públicos, encuestas y una exposición mediática que permitió a distintas figuras posicionarse ante la ciudadanía antes de convertirse oficialmente en candidatas.
Tres años después, la historia tiene una secuela, en septiembre de 2026 Morena concluyó la designación de las 17 Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, precisamente en las entidades que renovarán sus gubernaturas en 2027, formalmente, se trata de responsabilidades de organización territorial y trabajo partidista. Sin embargo, las designaciones también permiten identificar a quienes podrían encabezar las próximas candidaturas. El nombramiento no garantiza una postulación, pero ofrece una plataforma de exposición pública que puede resultar políticamente útil.
Aquí aparece una tensión entre la manera en que el derecho electoral analiza estas actividades y lo que efectivamente recibe la ciudadanía. Para determinar si existe un acto anticipado de precampaña o campaña, las autoridades deben acreditar los elementos personal, temporal y subjetivo de la infracción. Este último ha dado lugar a una construcción jurisprudencial cada vez más elaborada: llamados expresos al voto, manifestaciones inequívocas, equivalentes funcionales y análisis contextual de la trascendencia del mensaje.
El estándar tiene una justificación jurídica atendible, no podemos sancionar cualquier expresión de aspiraciones políticas ni presumir que toda actividad partidista persigue una finalidad electoral prohibida. La exigencia probatoria protege la libertad de expresión, la participación política y la certeza jurídica.
Pero mientras las autoridades discuten si una frase constituye un llamado explícito al voto o si su significado puede considerarse inequívocamente equivalente, la ciudadanía recibe fotografías, entrevistas, recorridos y actos públicos protagonizados por personas que buscan adquirir notoriedad política. Y la ciudadanía no tiene por qué saber qué diablos es un equivalente funcional para darse cuenta de quién está intentando posicionarse.
Una cosa es acreditar jurídicamente una infracción y otra identificar los efectos comunicativos de una estrategia de exposición pública. Que un mensaje no reúna los requisitos para ser sancionado no significa que carezca de utilidad política o que no contribuya al reconocimiento de una persona.
El posicionamiento electoral suele construirse de manera acumulativa. Una entrevista aislada difícilmente explica la notoriedad de una figura política, pero meses de recorridos, cobertura mediática y actividades territoriales pueden hacer que su nombre resulte familiar cuando finalmente comienzan las precampañas.
En este sentido, lo que merece revisarse es si hemos terminado por trasladar prácticamente toda la discusión sobre la equidad electoral a la posibilidad de acreditar infracciones individuales, mientras las estrategias de exposición política se desarrollan bajo condiciones que no siempre encajan fácilmente en las categorías legales, teniendo como resultado que mientras el derecho electoral perfecciona sus estándares probatorios, los partidos aprenden a desenvolverse dentro de los límites de ellos.
Ahora bien, hay otra realidad que suele quedar fuera de nuestras discusiones sobre interpretación constitucional y diseño institucional.
Según el Latinobarómetro, el 88% de las personas encuestadas en México considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder. El 77% desconfía de que los impuestos se gasten adecuadamente y apenas el 35% estima que el Estado ha hecho mucho o algo por ellas y sus familias durante los últimos tres años.
Son indicadores de percepción, desde luego, pero también hablan de la experiencia que las personas tienen con las instituciones. Para quien vive en una comunidad donde el crimen organizado condiciona la vida cotidiana, la discusión sobre los límites constitucionales de una mayoría puede parecer demasiado lejana. Para quien enfrenta obstáculos constantes para acceder a la justicia, la promesa de igualdad ante la ley probablemente tenga un significado muy distinto del que aparece en nuestros manuales de derecho. Y, para quien siente que su voto no modifica demasiado sus condiciones de vida, la democracia puede terminar pareciendo una sucesión de expectativas incumplidas.
Hay un último dato del Latinobarómetro que merece quedarse en nuestra conversación: el 53% de las personas encuestadas en México respondió que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si resolviera los problemas.
La respuesta es condicional y no significa necesariamente que esas personas prefieran un régimen autoritario. Pero sí plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto puede llegar a pesar la promesa de resultados frente a las reglas que limitan el ejercicio del poder?
Y es que tampoco podemos exigirle a la ciudadanía paciencia infinita. Nadie tendría por qué conformarse con vivir entre la inseguridad, la desigualdad o la falta de servicios públicos bajo el argumento de que, al menos, tenemos elecciones cada tres o seis años. La democracia también tiene que dar resultados. De otra manera, ¿qué razones encuentra la gente para seguir confiando en ella?
Pero hay algo que nuestra propia historia debería habernos enseñado: la eficacia de un gobierno no lo exime de respetar los derechos, rendir cuentas ni someterse a los límites constitucionales. Y esos límites importan especialmente cuando quienes ejercen el poder tienen suficiente respaldo popular para pensar que pueden prescindir de ellos.
Quizá ahí está la pregunta con la que deberíamos cerrar esta discusión. Si la democracia no está respondiendo a lo que esperamos de ella, ¿estamos dispuestos a renunciar a sus reglas con tal de que alguien nos prometa resultados? Porque una cosa es estar decepcionados de la democracia. Otra, muy distinta, es empezar a creer que podemos vivir mejor sin ella.
