I. Introducción
El 16 de octubre de 2025 se publicó en el DOF el decreto que reforma la Ley de Amparo (la Reforma).[1] Entre los cambios más trascendentes destaca el régimen de la suspensión del acto reclamado, principal mecanismo cautelar para evitar que la ejecución de actos de autoridad torne ilusoria la protección constitucional. La Reforma incorpora un estándar más exigente y amplía los supuestos en que la suspensión debe negarse, particularmente en actividades reguladas. Aunque la exposición de motivos[2] lo justifica en el fortalecimiento de la motivación judicial y la protección de...
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