La confirmación del “retiro” del primer fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, tres años antes de que terminara el periodo (2019–2028) para el que fue designado, tomó por sorpresa incluso al Senado de la República que tuvo que convocar a sesión urgente con un fuerte hermetismo, mientras que en pasillos se hablaba de una carta de renuncia y de negociaciones internas sobre su salida y su relevo.
La “salida” de Gertz Manero ha dejado más dudas que certezas, entre informaciones cruzadas y desconcierto. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum negaba saber la decisión de renunciar del exfiscal, cuidaba el tono hacia él, pero introdujo la narrativa de que el sistema de procuración de justicia requería ajustes estructurales al subrayar la necesidad de “mucha más coordinación” entre fiscalías estatales y la FGR. Posteriormente, ya que la noticia había sido confirmada, reconoció que ella misma ofreció al fiscal incorporarse como representante de México en una embajada, y que él aceptó la propuesta, tal como lo afirmó Gertz en la carta que dirigió a la presidencia del Senado de la República.
En el documento, el exfical anunció que “a partir de esta fecha [27 de noviembre] y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República” y pidió al Senado iniciar el proceso para la ratificación de su nombramiento diplomático. La propuesta de su nombramiento como embajador fue calificado como “causa grave” por la mayoría del Senado y aceptó su dimisión. “Salvaguardando el interés nacional, la mayoría del pueblo aceptamos y aprobamos la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República”, enfatizando que el trámite se hizo con “apego total a la Constitución”.
No obstante, grupos parlamentarios de oposición cuestionaron que la invitación a una embajada constituya realmente una “causa grave”, sugiriendo que se trató de un acuerdo político y no de una valoración técnica de desempeño. Razonablemente, esta acción no puede verse más que como un precedente político y constitucional relevante sobre la figura del fiscal “autónomo”.
Trascendió, sin confirmación, que el país al que se retirará será Alemania que no tiene un tratado de extradición con México. En ese sentido, Alejandra Cuevas Morán, ex presa en el caso del hermano de Gertz, publicó que no es casual que el exfiscal apunte a ese país, “sabe cómo funciona esa protección: Alemania no entregó a una figura clave del caso Lozoya cuando él quiso traerla”.
La “renuncia” ocurre en medio de tensiones entre la Presidencia y la FGR por filtraciones de investigaciones que afectaban a figuras cercanas al oficialismo, incluyendo a los hijos del expresidente López Obrador. Así como casos no resueltos como Ayotzinapa, Odebrecht, Teuchitlan, Segalmex y el más reciente el del co propietario de Miss Universo. Y es que la gestión de Gertz Manero ha estado señalada de actuaciones irregulares y por el uso de su encargo para priorizar asuntos personales.
Muchos coinciden en que, pese a la narrativa oficial de combate a la corrupción, la FGR bajo Gertz dejó pocos resultados sólidos en sentencias y muchas dudas sobre su independencia, por lo que el cuestionamiento ahora es si este “retiro” ¿es un premio diplomático o una salida que reduce riesgos jurídicos futuros para un fiscal cuestionado?
Toca esperar a que se realice el proceso que indica la Constitución para nombrar al nuevo o nueva titular de la FGR. Mientras tanto, Ernestina Godoy Ramos, designada por el propio Gertz, estará como encargada de despacho, asegurando continuidad institucional. También se espera que sea ella una de las personas propuestas por presidencia para encabezar la institución, lo que liga la salida de Gertz con una reconfiguración del aparato de justicia federal, coherente con el proyecto político de la 4T y con la trayectoria de cercanía entre Sheinbaum y Godoy.
La figura del fiscal general fue diseñada para garantizar continuidad más allá del sexenio, pero el hecho de que el titular salga anticipadamente por una oferta de embajada hecha por la propia presidenta deja la impresión de que la autonomía es, en el mejor de los casos, relativa. Además, es notorio que para realizar todos estos movimientos se han manipulado los textos constitucionales, por ejemplo, calificar como “causa grave” algo que, en los hechos, parece más bien un ascenso político, abriendo un debate sobre el uso flexible —e incluso utilitario— del texto constitucional, y sobre el mensaje que se envía a futuros fiscales: la salida puede negociarse.
Que su salida se produzca sin rendición de cuentas clara, acompañada de elogios de algunos actores y de un premio diplomático, refuerza la idea de que la rendición de cuentas en la cúspide del sistema de justicia sigue siendo más política que jurídica. Ahora viene una prueba de fuego para Sheinbaum pues la elección de la siguiente fiscal definirá si el relevo será para fortalecer el Estado de derecho o si reproduce lógicas de lealtad política antes que independencia institucional.
