La experiencia internacional ha demostrado que los sistemas efectivos de protección a denunciantes son una herramienta fundamental para combatir la corrupción. La Unión Europea, Estados Unidos y organismos multilaterales como la OCDE han establecido marcos legales que ofrecen garantías reales a quienes deciden revelar prácticas ilícitas dentro de empresas o instituciones. El objetivo es claro: incentivar la denuncia, blindar al denunciante y asegurar que la información sirva para sancionar al responsable y no para castigar a quien la formula. Dicho de otra manera, “ayúdame a abrir la cloaca y te protejo”.
En México, sin embargo, el caso de Carlos Treviño Medina y las acusaciones de Emilio Lozoya Austin son un recordatorio de que la falta de garantías convierte esta figura en letra muerta y, nos enseña que la operación política puede mucho más.
El denunciante convertido en acusado, la historia es clara: durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, las compras de Agronitrogenados y Fertinal a sobreprecios representaron un daño patrimonial evidente para la empresa, daño que a la fecha estamos pagando todos los mexicanos. En el Consejo de Administración, Carlos Treviño -con la venia del entonces presidente Enrique Peña Nieto- instruyó que se formulara la denuncia correspondiente para dejar constancia de esas operaciones irregulares y, obviamente determinar la conducta a las autoridades competentes.
Ese acto, en cualquier sistema robusto de compliance y protección a denunciantes, lo habría blindado jurídicamente. Sin embargo, en México ocurrió lo contrario: cuando Lozoya aceptó regresar bajo un criterio de oportunidad, presentó una denuncia en la que, sin pruebas, acusó a Treviño de recibir sobornos para cabildear la Reforma Energética. Un señalamiento inconsistente, pues Treviño era en ese momento titular de Financiera Rural, sin atribuciones ni capacidad de influencia en el sector energético.
El valor jurídico de un dicho vs. evidencia documental, porque la aberración se acentúa cuando se observa que, en la carpeta de investigación, están localizados los recursos que Lozoya recibió de Odebrecht. Sin embargo, la Fiscalía optó por ignorar esa evidencia material y darle mayor peso jurídico al dicho de un imputado confeso. Es más, la actuación cuestionable del Ministerio Público al apartar la imparcialidad que lo sujeta y manipular la investigación para que, sin sustento alguno, se le pueda vincular a proceso al denunciante. La señal más que clara, si denuncias se te revierte.
Esto contradice principios básicos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la prueba debe ser suficiente, lícita y obtenida conforme a derecho. Aceptar la palabra de un acusado como prueba plena en contra de un denunciante no solo debilita el debido proceso, sino que también convierte la justicia en un mecanismo de represalia política.
El Efecto Disuasivo: ¿Para Qué Denunciar? El resultado es devastador: Treviño lleva cinco años fuera de México, separado de su familia, con la reputación dañada y hoy enfrentando incluso un proceso migratorio en Estados Unidos. Todo esto, derivado de la denuncia que él mismo promovió contra Lozoya para proteger los intereses del bien común.
El mensaje que este precedente envía a funcionarios y ciudadanos es grave: en México, si denuncias corrupción, corres el riesgo de ser tú quien termine perseguido. La impunidad se protege; la denuncia se castiga.
Si México aspira a un verdadero estado de derecho, debe adoptar de manera seria y vinculante una figura de protección a denunciantes:
- Garantía de confidencialidad y no represalia.
- Blindaje jurídico frente a acusaciones instrumentadas políticamente.
- Valoración diferenciada de pruebas que provengan de imputados con intereses de negociación.
- Mecanismos de reparación de daño moral y reputacional.
- Efectividad en la investigación y debido proceso.
El caso Treviño contra las mentiras de Lozoya es un ejemplo aberrante de cómo la ausencia de un marco efectivo convierte a los denunciantes en víctimas. Urge que México asuma estándares internacionales de protección, porque mientras se premie la palabra del corrupto confeso y se persiga al denunciante, la justicia seguirá siendo rehén de la política y el dinero.
