El pasado 14 de diciembre concluyó el plazo constitucional para que los Comités de Evaluación de los tres Poderes conformaran el primer listado de aspirantes a convertirse en ministros, magistrados o jueces y, como la ley establece, publicarlas el 15 de diciembre.
La relación que más interesaba conocer era la relativa a los candidatos a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En realidad, no hubo mayores sorpresas en la lista, ya que salieron los nombres de personas cercanas a la 4T (más bien a AMLO) que habían sido mencionadas en los últimos dos meses. Si bien es cierto que en la lista no aparecieron las tres ministras que todos sabemos están alineadas con los intereses del oficialismo, es porque ellas tienen pase automático para aparecer en las boletas electorales de la elección del próximo 1º de junio. Es decir, que las actuales ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres seguramente repetirán en el cargo y lo más seguro es que la primera de ellas sea electa como la primera presidenta de la futura Corte.
Primera Etapa de la Elección
Esta etapa constó de la revisión de los requisitos formales de las personas que se registraron entre los que destacan: acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana, credencial del INE vigente, título que acredite licenciatura en Derecho, cédula profesional, certificado de estudios o historial académico, constancia de residencia en el país, ensayo de máximo tres cuartillas donde se justifiquen los motivos de la postulación y cinco cartas de referencia que respalden su idoneidad para el cargo.
Los operadores políticos que defienden la elección judicial se han congratulado por la respuesta en el registro, sobre todo en los Comités de Evaluación del Poder Legislativo y Ejecutivo, por lo que se espera que en la primera edición de la elección existan suficientes perfiles idóneos. No obstante, el éxito no puede definirse por el número de registros y ellos lo saben.
Arturo Záldivar, al presentar la lista de elegibles dijo “tenemos un compromiso para arribar a un Poder Judicial diferente, más humano y honesto, que no esté comprometido con los poderes fácticos”, y reconoce que en estas primeras dos etapas “nos estamos jugando en esta etapa el futuro y el éxito de esta reforma”.
“Los tropiezos que han tenido, sobre todo en el Comité Legislativo, es señal de lo apresurado que está siendo el proceso, la falta de personal para realizar las evaluaciones, todo esto debería ser anotado y contemplado en las posteriores adecuaciones a las leyes que serán necesarias una vez concluido este primer ejercicio.”
Sin embargo, los tropiezos que han tenido, sobre todo en el Comité Legislativo, es señal de lo apresurado que está siendo el proceso, la falta de personal para realizar las evaluaciones y todo esto debería ser anotado y contemplado en las posteriores adecuaciones a las leyes que serán necesarias una vez concluido este primer ejercicio.
Primer Listado de Elegibles
Al cumplirse el plazo, los primeros minutos del 15 de diciembre de 2024, los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo (CEPE) y el Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ) publicaron las listas de las personas que podrán continuar el proceso.
El CEPE anunció que, de 18,447 expedientes, 11,015 cumplen los requisitos de elegibilidad y ahora será evaluada su idoneidad para ocupar el cargo al que aspiran. Por su parte, de los 3,814 registros en el CEPJ, solo 2,014 son elegibles.
Los aspirantes quedan distribuidos de la siguiente manera:
Mientras que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) incumplió en principio con el plazo constitucional para publicar el listado, el 16 de diciembre hicieron pública una lista preliminar plagada de errores y la bajaron alegando que el formato no era el adecuado. Sin embargo, los integrantes del Comité afirmaron que no habían violado la ley porque sí se publicó una lista preliminar.
Finalmente se publicó una lista de 7,060 personas, sin embargo, el Comité señaló que habrá una lista complementaria porque son 1,177 o más elegibles para continuar a la etapa de idoneidad. De la lista publicada se pueden distinguir 262 aspirantes a ministras y ministros de un documento de 137 páginas[1].
El Comité informó que debido a que muchos aspirantes enviaron información a distintos correos electrónicos, tuvieron que cotejar más de 300 mil constancias o certificados y más de 700 mil datos de los cuestionarios aplicados y revisar más de 12 mil expedientes. Ante esto, las críticas, fundamentadas, fue que el INE tenía razón al pedir una prórroga para llevar a cabo un proceso que es inédito y que se ha hecho con prisa.
Aunque todavía no hay una lista final, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que sostendrá pláticas con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, para que se abra una especie de recurso de revisión, de tal manera que, si algún aspirante siente afectados sus derechos, esto se corrija en el propio Comité sin necesidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Aunque todavía no hay una lista final, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que sostendrá pláticas con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, para que se abra una especie de recurso de revisión, de tal manera que, si algún aspirante siente afectados sus derechos, se corrija en el propio Comité sin necesidad de acudir al TEPJF.”
Candidatos con Posibilidades de Integrar la Nueva Corte
Como es bien conocido serán 9 los integrantes de la Corte, 5 mujeres y 4 hombres, sin duda quienes tienen más posibilidades son los cercanos a la 4T, empezando por las actuales ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Otros aspirantes cercanos a AMLO son Bernardo Bátiz Vázquez, consejero del CJF; Rafael Guerra Álvarez, presidente del PJCDMX; Estela Ríos González, exconsejera Jurídica de AMLO; Jaime Cárdenas Gracia y Placido Morales Vázquez, procurador Federal de la Defensa del Trabajo.
Otros personajes que no necesariamente son cercanos a la 4T, pero que tienen posibilidades porque serán designados mediante una elección pública nacional son: Estela Fuentes Jiménez, presidenta del TJACDMX; Sergio Valls Esponda, presidente del TFJA; Roberto Gil Zuarth, ex presidente del Senado; Ricardo Peralta Saucedo, exSubsecretario de Gobernación; la Magistra Zulema Mosri Gutiérrez, integrante de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del TJEDOMEX; Froylán Muñoz Alvarado, exdirector Nacional de la JUFED; Marisela Morales Ibáñez, extitular de PGR; la Mgda. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ex ministra y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero; Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del INFO CDMX; el Mgdo. Ricardo Ojeda Bohórquez y el Consejero Sergio Molina Martínez.
Todos los elegibles ahora pasan a la etapa de idoneidad que concluye el 31 de enero. Los Comités evaluarán perfil por perfil, revisarán sus ensayos, se realizarán entrevistas a los precandidatos y posteriormente se realizará la insaculación, el resultado será la lista que cada Comité enviará al Congreso de la Unión para que, por mayoría calificada, se expida la lista de candidatos oficiales y sea enviada al INE.
Leyes Secundarias Adicionales
El 10 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular un paquete de tres leyes secundarias de la Reforma Judicial, adicionales a las aprobadas en octubre. Las tres minutas corresponden a la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“El 10 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular un paquete de tres leyes secundarias de la Reforma Judicial, adicionales a las aprobadas en octubre: la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.”
Ley de Carrera Judicial: Contempla establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. En la nueva ley, integrada por 74 artículos, destacan siguientes los cambios:
- La perspectiva e igualdad de género será contemplada como un criterio obligatorio para nombramientos y ascenso para que cuando menos la mitad de las plazas sean ocupadas por mujeres
- Se sustituye la actual Escuela Federal de Formación Judicial por una Escuela Nacional de Formación Judicial, la cual es un órgano auxiliar del Órgano de Administración Judicial y coadyuvará con las funciones de evaluación del desempeño que realicen el Órgano y el Tribunal de Disciplina Judicial.
- Se suprimen las disposiciones relativas a los concursos de oposición para ocupar las plazas de juezas o jueces de Distrito y magistradas o magistrados.
- La evaluación del desempeño de las personas de carrera judicial es facultad del Órgano de Administración Judicial.
- Se crea un Título Tercero para incorporar medidas de combate al nepotismo
- Se crea un Título Cuarto “Hostigamiento y acoso sexual” a fin de prevenir, sancionar y prohibir estas conductas
- Se elimina el sistema de estímulos y se sustituye por un sistema de reconocimientos
- Establece el Registro Único de Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial como un padrón con información básica y técnica en materia de recursos humanos del personal perteneciente a la carrera judicial.
Ley Orgánica del PJF: Establece una nueva estructura de la organización de dicho Poder, así como de los poderes judiciales de las entidades, entre los principales cambios están:
- Eliminación del Consejo de la Judicatura Federal cuyas funciones se distribuirán entre el Órgano de Administración Judicial, un ente con independencia y autonomía técnica y de gestión; y el Tribunal de Disciplina Judicial, como instancia responsable de investigar, sustanciar y resolver las denuncias por responsabilidades administrativas de los juzgadores.
- Instruye a la SCJN a trabajar en pleno, suprimiendo las salas especializadas.
- Reduce el número de integrantes de la SCJN de 11 a 9 a partir de septiembre de 2025 y reduce su periodo de 15 a 12 años. Tampoco podrán ser reelectos para un nuevo periodo.
- La presidencia de la SCJN se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos.
Ley de Responsabilidades Administrativas: Entre los aspectos que se contemplan se encuentran un lenguaje incluyente que promueve la igualdad y el respeto hacia todas las personas y adiciona como criterio el de la “buena administración”.
- Se otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la atribución de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial.
- Se dispone en los artículos transitorios que hasta en tanto las ministras y ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República, el 1º de septiembre de 2025, la SCJN se regirá por las reglas de votación contenidas en la Ley de Amparo, vigente con anterioridad a la publicación del decreto.
Presupuesto Apretado para Elección Judicial
De la partida original solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE), de 40,476 millones de pesos, los diputados prevén otorgar sólo 27 mil millones, de los cuales, 7,354 millones entrega a partidos políticos y 15,295 millones corresponden a su operación, por lo que para las elecciones judiciales al INE le quedan únicamente 4,350 millones.
“De la partida original solicitada por el INE, de 40,476 millones de pesos, los diputados prevén otorgar sólo 27 mil millones, de los cuales, 7,354 millones entrega a partidos políticos y 15,295 millones corresponden a su operación, por lo que al INE le quedan únicamente 4,350 millones para las elecciones judiciales.”
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados es históricamente el más alto, pero que no haría berrinche. Informó que el presupuesto elaborado por el Instituto y presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados fue construido a partir de un análisis técnico y tomando en cuenta los retos inéditos de la elección del Poder Judicial, por lo que, si fuera necesario, pedirían una ampliación de presupuesto.
Afirmó que se deberán reajustar las actividades del proceso electoral al presupuesto aprobado y que garantizarán que habrá una boleta para cada elector. Además, perfiló que no será posible instalar 172 mil casillas, pero se analizará la instalación de Centros de Votación; no se contratarán 50 mil capacitadores y supervisores, pero subrayó que las boletas serán producidas con papel seguridad. Serán reutilizados materiales electorales de la elección presidencial de 2024 y agregó que, de las Cajas Paquete Electoral, será posible utilizar las piezas que se recuperaron de los procesos electorales 2021, 2022, 2023 y 2024.
Además, el Grupo de Trabajo de Operación de Campo del Registro Federal de Electores informó que, debido al recorte, el Registro Federal Electoral cancelará la verificación muestral del Padrón Electoral para las elecciones del 2025 y utilizará la verificación realizada para las elecciones de 2024.
Este proceso identifica ciudadanos no reconocidos, cambios de domicilio atípicos, reposición de credenciales para votar y la depuración del padrón; también afectará el grado de calidad y cobertura del padrón y la Lista Nominal. En las elecciones del 2024 el padrón constaba de 98 millones de mexicanos. La oposición señaló que esto generará un retroceso para el desarrollo electoral, la integración y depuración del listado para votar el próximo año.
Después de las declaraciones de Taddei, la presidenta Sheinbaum pidió al INE transparentar el costo de la elección judicial y cuestionó que no se instalen todas las casillas, insistió en que la elección judicial no implica mayores gastos porque no se financiarán campañas, candidatos ni a partidos políticos. “Si clarifican cuáles son los costos de la elección, el pueblo de México y no sólo el gobierno podría saber por qué piden más recursos”, declaró.
Recorte Presupuestal a la Administración de Justicia
La SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también criticaron el recorte a su presupuesto que consiste en 12.06% menos que lo solicitado para la Corte y 17.45% menos para el CJF. En un comunicado señalan que “La Corte se vería obligada a reducir el número de plazas por el previsible ajuste en su estructura o en las prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, el recorte presupuestal podría provocar el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como la reducción de la plantilla laboral, lo que redundaría inmediatamente en una afectación al derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos”.
También recuerdan que la reforma judicial asegura que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”, lo cual no ocurriría con un ajuste como el que se plantea. En ese mismo sentido, el recorte afectará la instalación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Además de afectar la implementación de diversas reformas en justicia como la laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos.
Prueba y Error
Las reales necesidades técnicas y de logística apenas empiezan a surgir, además de ir descubriendo lo que conlleva una elección de este tipo, es necesario contemplar el escenario político, no se puede obviar que la elección de 2024 fue una de las más peligrosas y violentas para los contendientes, sobre todo a nivel municipal.
Apenas el 13 de diciembre pasado se registró el asesinato del Magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, La entidad es una de las más violentas y en años recientes los ataques de la delincuencia organizada han aumentado. Por lo que ha surgido la preocupación por la situación de violencia por la que atraviesa el país y que será un factor a considerar.
De hecho, Gerardo Fernández Noroña reconoció que no se puede descartar que los candidatos que participen en el proceso de renovación del Poder Judicial pudieran ser víctimas de ataques en su contra. Aunque negó que en la elección para renovar el Poder Judicial pudieran presentarse hechos de violencia, también confía en que el gobierno estará “muy atento” por si alguna de las personas que aspiran requiere de protección especial.
Se debe reconocer que las listas son enormes, la cantidad de candidatos será abrumadora, las campañas serán desiguales, pues como algunos contendientes lo han dicho, hay personas que tienen las plataformas, la trayectoria y los “contactos” para considerar que tienen una buena base electoral. A pesar de que los defensores de la reforma judicial han señalado que no existe riesgo de politizar la justicia, el discurso no es una garantía. Así como esta primera etapa de registro y evaluación de elegibilidad, la etapa de las campañas será experimental.
“Se debe reconocer que las listas son enormes, la cantidad de candidatos será abrumadora, las campañas serán desiguales, pues como algunos contendientes lo han dicho, hay personas que tienen las plataformas, la trayectoria y los ‘contactos’ para considerar que tienen una buena base electoral.”
Este ha demostrado ser un proceso de ensayo y error. Lo que hay que preguntar es si la democracia mexicana es lo suficientemente sólida como para experimentar y permitirnos errores en lugar de minimizarlos. Es razonable que existan tropiezos en la curva de aprendizaje. Hay factores que no se pueden controlar y que sí o sí serán decisivos, pero existen otros que sí debieron ser previsibles, entre ellos los presupuestos.
Este primer ejercicio debería también ser tomado como una guía de lo que debe quedarse y lo que debe modificarse, pero no cabe duda que el resultado impactará de manera positiva o negativa en la forma en que en el futuro inmediato se imparta y administre justicia en México.
[1] Hasta el cierre de esta edición no había un listado final.
