“El uso de estas tecnologías provocó algunos daños colaterales y uno de los más sensibles fue abrir la puerta a un fenómeno, que si bien no era desconocido, no tenía la dimensión ni el impacto negativo que hoy nos acosa al mundo entero, como es la cibercriminalidad.”
La pandemia de covid-19, que se manifestó básicamente en una profunda crisis en la salud pública, en la economía y en lo social, en realidad afectó (y ha seguido afectando) a todos los ámbitos del quehacer humano, principalmente a la educación, la justicia, la seguridad y las relaciones familiares, por citar algunos de los más relevantes.
Este fenómeno, que nos tomó por sorpresa a todo el mundo, dio un giro global, cambiando muchas prácticas cotidianas. Una de las herramientas para afrontar esta emergencia fue sin duda el aprendizaje de nuevos instrumentos tecnológicos para hacer frente a la crisis y tratar de continuar con nuestra vida diaria. Sin duda, el fenómeno más recurrente en esta realidad pandémica fue el uso del internet o ciberespacio, la digitalización para adaptarnos a las nuevas necesidades.
Pero el uso de estas tecnologías provocó algunos daños colaterales y uno de los más sensibles fue abrir la puerta a un fenómeno, que si bien no era desconocido, no tenía la dimensión ni el impacto negativo que hoy nos acosa al mundo entero, como es la cibercriminalidad.
La ciberseguridad es uno de los temas que hoy más nos preocupan y ocupan para prevenir y combatir los ciberdelitos que están afectando peligrosamente a las personas y a la economía en todo el mundo, asegurando los especialistas que la ciberdelincuencia es ahora más rentable y cuantiosa que las ganancias del narcotráfico.
En este contexto, el crecimiento exponencial de las redes sociales con millones de usuarios (Facebook tiene 1,700 millones de usuarios), se ha convertido en un foco que alimenta todo tipo de ciberdelitos. Por ejemplo, un hombre en Inglaterra asesinó a su esposa porque en su página de Facebook puso que era soltera. Otro joven de 18 años de Nueva Zelanda fue detenido por el FBI, por haber infiltrado 1.3 millones de ordenadores y haber robado 24 millones de dólares de cuentas bancarias de sus víctimas.
Según Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva, Institución Financiera local, a raíz de la pandemia, los ciberdelitos aumentaron un 20 %, con un promedio de 36 denuncias al día en México, de las cuales el 85 % son fraudes y robos de identidad, ascendiendo el costo por ciberdelitos a 70,000 millones de pesos al año, afectando principalmente a empresas de los sectores de servicios, comercio, transporte, comunicación y finanzas, siendo el eslabón más débil en esta cadena las personas.
Situación crítica de México
A este desolador panorama habría que añadir el grave fenómeno de la impunidad que existe en México, ya que, según cifras aceptadas socialmente, en nuestro país solo se castiga el 2 % de los delitos cometidos, considerando, además, que una gran cantidad de delitos no se denuncian. De esta manera, nuestros niveles de impunidad han coadyuvado a que la delincuencia organizada incremente sus acciones en los ciberdelitos, por ser una actividad muy rentable y de muy bajo riesgo para los delincuentes.
“Nuestros niveles de impunidad han coadyuvado a que la delincuencia organizada incremente sus acciones en los ciberdelitos, por ser una actividad muy rentable y de muy bajo riesgo para los delincuentes.”
Esta es la razón por la que hemos visto crecer exponencialmente una gran cantidad de nuevos delitos, como los ciberataques a empresas, instituciones públicas y privadas, todo tipo de hackeos, particularmente a bases de datos, robo de identidad de las personas, extorsiones, amenazas y acoso sexual, por señalar las más comunes, proliferando las negativas y lucrativas practicas del malware (acción maligna para dañar un sistema informatico, virus), el phishing (método de engaño para obtener información valiosa haciéndose pasar por banco o similar por medio de correo o mensaje) y los bots (crear cuentas falsas para afectar a un usuario).
Los especialistas señalan que México es el país latinoamericano que concentra más del 50 % de los ciberataques de alto impacto; mientras que Brasil el 35 % y el restante 15 % se lo dividen los demás países.
En el reciente Foro Nacional de Ciberseguridad realizado en Mérida, Yucatán, un funcionario del FBI aseguró que México ocupa el cuarto lugar entre los países, que reciben más dinero de extorsiones y ciberdelitos, junto con China, Singapur, Tailandia y Hong Kong, y que los ciberataques crecen catastróficamente. En 2017 la cifra fue en nuestro país de 14.8 millones de dólares, en 2021 la cifra ascendió a 47.6 millones de dólares y la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que el 60 % de las compañías en México ha sufrido robo de identidad, violación de la seguridad de la información u otro tipo de ciberataques.
Violencia digital, ciberdelitos y ejercicio periodístico
Bajo esta premisa que representa el escenario mundial y local de la explosión actual de los ciberdelitos, entro en materia para abordar algunos de los aspectos sobre cómo este lamentable entorno de violencia digital impacta en el ejercicio periodístico.
Iniciaré comentando que este estado de vulnerabilidad en la proliferación de conductas ilícitas de carácter cibernético no son ajenos a la actividad cotidiana de los profesionales de la comunicación, principales encargados de concretar en la práctica el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 6 ° de nuestra Constitución, ya que, sin duda, en nuestro estado democrático de derecho el periodismo es el eje central de la libertad de expresión, sin dejar de reconocer que aunque los periodistas formalmente son en quienes se cristaliza el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, no es exclusivo de ellos porque se trata de un derecho humano, y porque cualquier persona puede, individual o colectivamente, investigar, recibir y procesar información y opiniones, y difundirlas por cualquier medio de comunicación, ya que se trata de derechos garantizados por nuestra ley suprema y por los tratados internacionales.
En efecto, como cualquier persona, las y los periodistas están expuestos en el ejercicio de la profesión a cualquier acción ilegal que se pueda cometer a través de los medios cibernéticos, como la extorsión, el acoso, el robo de identidad, los fraudes, las amenazas, la discriminación, etc. Adicionalmente, son personas expuestas a otras acciones ilícitas más específicas como el espionaje, la denegación de servicios o ataques a sus medios electrónicos, agresiones físicas y morales, la violencia con pretensiones de silenciarlos o inhibir sus actividades e inclusive con el peligro de quitarles la vida.
“Las y los periodistas, están expuestos en el ejercicio de la profesión a cualquier acción ilegal que se pueda cometer a través de los medios cibernéticos, como el espionaje, la denegación de servicios o ataques a sus medios electrónicos, agresiones físicas y morales, la violencia con pretensiones de silenciarlos o inhibir sus actividades e inclusive con el peligro de quitarles la vida.”
Para ilustrar esta amenaza digital en el ejercicio de la actividad y para finalizar menciono dos hechos relevantes:
1.- En primer lugar, el reporte del primer semestre de 2022, del colectivo internacional de defensa de los derechos humanos de las y los periodistas, Artículo 19, que documenta 331 agresiones en México contra la prensa, de enero a junio de 2022, afirmando que se ha dado un ataque contra periodistas o medios de comunicación cada 14 horas, y que el Estado sigue siendo como lo es el principal agresor contra la prensa habiendo perpetuado 128 agresiones que equivalen a un 38.67 %, del total, destacando señaladamente que en este primer semestre ocurrieron 12 asesinatos de periodistas, y en 9 hay indicios que les vinculan con la labor periodística.
Igualmente, destaca que durante este lapso de 6 meses hay 4 casos de desplazamiento interno forzado y 2 casos de exilio de periodistas enfatizando en la persistencia de discursos oficiales estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, desvirtuando los reportes originales de la prensa, denunciado (cito textualmente “desde el titular del Ejecutivo federal, se sigue identificando un ‘efecto cascada’ donde sin importar el nivel de gobierno, o partido, las autoridades deslindan sus responsabilidad e inclusive justifican la violencia contra la prensa al catalogarla como conservadora, vendida o adversaria”.
Concluye el informe de Artículo 19, llamando a las autoridades a implementar acciones en materia de prevención, protección y procuración de justicia, ante ataques cometidos a la prensa, en un contexto donde existen graves violaciones a los derechos humanos.
2.- Finalmente, señalo que organismos internacionales de Naciones Unidas, la Unesco, destaca la tendencia mundial de la violencia en línea contra las mujeres periodistas, afirmando que los ataques en el mundo digital están diseñados para menospreciar, humillar y avergonzar; inducir al miedo, al silencio y a la retirada; desacreditar a las mujeres profesionalmente, socavando el periodismo de rendición de cuentas y la confianza en los hechos, así como frenar la participación activa de las mujeres en el debate público.
El International Center for Journalists (ICFJ), de la Unesco, revelo que el 73 % de las mujeres periodistas encuestadas han sido víctimas de violencia en línea durante su trabajo y que una de cada 5 periodistas ha sufrido ataques físicos con abuso en línea. Además, el 41 % indicó haber experimentado violencia en línea perpetrada como parte de campañas coordinadas de desinformación. Este estudio, calificado como pionero por la Unesco, encuestó a mujeres periodistas de 125 países en 5 idiomas.
“Frente a la gravedad del problema, resulta oportuno crear una Agencia de Ciberseguridad Nacional que coordine las estrategias, genere la ruta crítica de este problema y defina el marco jurídico de ciberseguridad para la implementación de un nuevo sistema digital.”
Conclusiones
- Para prevenir y mitigar la proliferación de los ciberdelitos y su impacto negativo en el ejercicio periodístico, el gobierno mexicano debe instrumentar urgentemente políticas públicas orientadas a una estrategia nacional de ciberseguridad en la que se sume a empresarios, especialistas y académicos, propiciando la coordinación con otros países, porque la mayor parte de los ataques de alto impacto, provienen del extranjero.
- Frente a la gravedad del problema, resulta oportuno crear una Agencia de Ciberseguridad Nacional que coordine las estrategias, genere la ruta crítica de este problema y defina el marco jurídico de ciberseguridad para la implementación de un nuevo sistema digital.
- Se requiere actualizar la legislación de la materia, armonizando las leyes federales con las estatales e incorporando las mejores prácticas internacionales en la materia.
Mensaje del Dr. Elías Huerta Psihas durante el Segundo Foro Internacional de Transparencia y Periodismo.
