Reforma constitucional indígena nueva ruta de incidencia política en la agenda ambiental

Reforma constitucional indígena: nueva ruta de incidencia política en la agenda ambiental

El pasado 1 de octubre entró en vigor la Reforma constitucional en materia de pueblos indígenas que los reconoce como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Acompañado este mandato del reforzamiento de sus derechos para preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, incluida la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio.

Destaca del nuevo artículo segundo constitucional el derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. El legislador estableció un plazo de ciento ochenta días (30 de marzo de 2025), contados a partir de la entrada en vigor de dicha Reforma, para expedir una ley general en la materia que armonice el marco jurídico nacional vigente con el texto constitucional. Este proceso de elaboración de legislación secundaria deberá sumar la participación significativa de los pueblos indígenas como un acto de coherencia normativa y como un gesto de congruencia política.

Con este giro legislativo se abre la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan incidir de mejor forma en la agenda ambiental, no solo por este reconocimiento a nivel constitucional, sino también aprovechando los estándares internacionales provenientes de los acuerdos ambientales, tales como el Acuerdo de Escazú y el Protocolo de Nagoya vigentes en México.

El Acuerdo de Escazú busca garantizar la aplicación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto significa que, en la elaboración de las políticas públicas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre su vida o territorios deberán estar sometidos a consulta pública a fin de obtener su consentimiento, incluida su participación efectiva en la formulación de la política exterior, particularmente la de los foros ambientales, de propiedad industrial, biotecnología e indígenas.

Los pueblos indígenas podrán acceder a toda información relativa a los procesos de evaluación de impacto ambiental y de otros instrumentos de gestión ambiental, tales como licencias o permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas.

Este componente requerirá adoptar un innovador enfoque estatal para garantizar que los megaproyectos desarrollados no contravengan este derecho humano consagrado en Escazú. La Reforma mejora el acceso a la justicia ambiental al robustecer la legitimación procesal activa y amplia.

Por otro lado, el Protocolo de Nagoya busca garantizar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, así como asegurar la protección a los conocimientos tradicionales asociados a éstos que se encuentren en posesión de pueblos indígenas, con el consentimiento fundamentado previo y la participación de los pueblos mediante condiciones mutuamente acordadas. La Reforma es un paso hacia la consolidación de derechos que estuvieron ausentes en México para accionar los derechos contenidos en este tratado.

La Reforma impondrá un nuevo desafío al Estado mexicano frente a la industria de la biotecnología que utiliza como insumos no solo los recursos genéticos que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas, sino además del uso inapropiado y no autorizado de sus conocimientos tradicionales. El próximo 21 de octubre de 2024, en Cali, Colombia, tendrá lugar la quinta Conferencia de las Partes en el Protocolo de Nagoya donde habrá de revisarse la evaluación y eficacia de este tratado, oportunidad valiosa para compartir estos relevantes avances de nuestro país.

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