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Redes Sociales, Elecciones y Democracia

Entrevistas

En entrevista con Foro Jurídico, conducida por el Dr. Julio César Bonilla Gutiérrez, el Dr. Luis Espíndola Morales, Magistrado Presidente Interino de la Sala Regional Especializada del TEPJF explica que el papel que desempeña el Tribunal Electoral del PJF es emitir diferentes criterios que dan competencia para resolver asuntos que entrañan la comisión de infracciones a través de la RR. SS. e internet, relacionados con violencia política en razón de género, incitación al odio, a la discriminación, calumnia, actos anticipados de precampaña, violación a principios de neutralidad, violaciones a la veda electoral, entre otros.

El Mgdo. Luis Espíndola destaca que otro tema fundamental en tiempos electorales es el de las fake news, fenómeno que afecta a las democracias del mundo, en donde considera que se debe diferenciar entre una opinión, a la que no rige un canon de veracidad, sino una apreciación de la realidad conforme a creencias, convicciones, etc., personales, y un hecho comprobable que está sujeto a un canon de veracidad y en el cual se puede entrar en el terreno de una posible infracción

El Mgdo. Luis Espíndola apunta que en el caso de México las infracciones se vinculan con la imputación o atribución de hechos o delitos falsos relacionados con la calumnia, reconocida como una limitación al ejercicio de la libertad de expresión en materia electoral en el artículo 41 de nuestra Constitución. Además, es sancionable la difusión de encuestas falsas o que no reúnen la metodología que aprueba el INE porque pueden generar un efecto falso de la realidad en materia electoral.

Finalmente, Luis Espíndola comenta que a pesar de que se debe lograr un mutuo entendimiento entre las instituciones del Estado mexicano y las empresas administradoras de RR. SS., es decir, empatar las políticas empresariales de estas empresas con las disposiciones legales gubernamentales que deben acatarse, solo Meta es la empresa de este tipo que trabaja en colaboración con el Estado. Agrega que, a pesar de esta situación, se ha avanzado en la investigación, prevención y eventual sanción de conductas que pueden desarrollarse a través de estas plataformas. Presentamos a nuestros lectores la parte esencial de esta entrevista.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ (JCBG): ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TEPJF CUANDO SE PRESENTAN PRESUNTAS VIOLACIONES A LAS REGLAS ELECTORALES QUE OCURREN EN LA REDES SOCIALES?

LUIS ESPÍNDOLA MORALES (LEM): En materia político-electoral las redes sociales juegan un papel importantísimo en la actualidad en el rubro de ejercicios políticos, propaganda, marketing político. La Sala Especializada tiene que ver con procedimientos sancionadores relacionados con el modelo de comunicación política que se reformó en 2007 bajo una visión de medios de comunicación tradicionales, es decir, radio, televisión, medios impresos. La lógica de 2007 ya no es la que condujo a la reforma constitucional de 2014, tampoco lo es en nuestros días. Una Constitución dinámica, evolutiva, cambiante tiene que ver con la interpretación que de la misma le van dando contenido los Tribunales, el Poder Judicial, con un ánimo de garantizar el ejercicio de los derechos políticos y de los principios constitucionales que el pueblo mexicano ha deseado plasmar en una carta fundamental como lo es nuestra Constitución.

Si bien es cierto que nuestra Constitución sigue previendo fundamentalmente, como modelo de comunicación política, estos medios tradicionales, tampoco podemos ser ajenos a la realidad en la que la revolución digital llegó para quedarse. Se han presentado dentro de la competencia política múltiples casos en donde se han reclamado violaciones a derechos políticos y transgresiones a principios constitucionales. Las redes sociales forman parte, en la realidad virtual, de la nueva realidad política en México y en todo el mundo y su inserción como herramienta maximizadora de la libertad de expresión, de prensa, de opinión, de información, entre otros derechos y otras libertades ha propiciado que el Tribunal Electoral del PJF emita diferentes criterios que nos dan competencia para resolver asuntos que entrañan la comisión de infracciones a través de la RR. SS., de internet. Conductas que tienen que ver con violencia política en razón de género, incitación al odio, a la discriminación, calumnia, difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes en propaganda política o electoral cuando no se han seguido los procedimientos para contar con la autorización para que aparezcan en estas.   

También tenemos casos relacionados con el empleo de RR. SS. en personas que tienen ciertos límites en su participación en materia electoral, por ejemplo, en términos del 130 de la Constitución, lo relacionado con la participación de ministros de culto religioso dentro de la competencia electoral. Otras conductas dentro de este ámbito son actos anticipados de precampaña, violación a principios de neutralidad, de laicidad, equidad, igualdad, imparcialidad, entre otros. También tiene que ver con violaciones al artículo 33 constitucional, en donde se establece que los extranjeros tienen limitado el ejercicio en la vida política del país.

Además, se incluyen conductas relacionadas con mensajes difundidos en RR. SS. que puedan constituir difusión indebida o prohibida de propaganda gubernamental que tienen limitaciones cuando se desarrollan las campañas electorales. Otro aspecto que se contempla son las violaciones a la veda electoral, los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas tienen limitado el ejercicio de propaganda política, electoral, de la difusión de su ideología, de sus plataformas el día de la jornada electoral y los tres días previos a la misma donde ya no pueden hacer proselitismo político, a lo que se conoce como periodo de reflexión o veda electoral.

“El TEPJF emite diferentes criterios para resolver asuntos que entrañan la comisión de infracciones a través de la RR. SS., de internet. Conductas que tienen que ver con violencia política en razón de género, incitación al odio, a la discriminación, calumnia, difusión de imágenes de niñas, entre otras.”

En las últimas sesiones de la Sala Regional Especializada del TEPJF hemos resuelto asuntos que tienen que ver con diversos actores políticos. Por ejemplo, Marcelo Ebrard, Xóchitl Gálvez y Manuel Velasco, quienes difundieron propaganda en detrimento de niñas, niños y adolescentes en RR. SS. En 2020 y 2021 el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también fue sancionado por difundir memes en plena jornada electoral a favor del PRI. Se resolvieron casos de violencia política en razón de género, sexualización de la mujer, violación a la vida privada, a la intimidad, objetivización sexual de las candidatas, ejercicios burlescos que atentan contra la dignidad de las candidatas. Otro asunto relevante es el de difusión en Instagram de propaganda política a favor del Partido Verde por parte de influencers, entre otros casos.  

JCBG: ¿LA SALA ESPECIALIZADA PUEDE INTERVENIR EN CASOS DE DIFUSIÓN DE FAKE NEWS EN RR. SS., UN FENÓMENO QUE AFECTA A LAS DEMOCRACIAS?

LEM: La Sala podría intervenir en temas relacionados con difusión de noticias falsas. Debemos tener presente que lo que se verifican son hechos, es decir, cuando se publica una nota que tiene que ver con hechos, delitos o resultados que son verificables, si es falso y si podría atribuírsele una consecuencia jurídica. Es fundamental distinguir entre lo que es una opinión y lo que es un hecho, en las opiniones no rige un canon de veracidad, ya que nada es verdad o mentira, todo depende del cristal con que se mira. Cualquiera puede tener una apreciación de la realidad conforme a sus creencias, convicciones, etc.

“La Sala Especializada podría intervenir en temas relacionados con difusión de noticias falsas. Debemos tener presente que lo que se verifican son hechos, es decir, cuando se publica una nota que tiene que ver con hechos, delitos o resultados que son verificables, si es falso y si podría atribuírsele una consecuencia jurídica.”

El quid del asunto radica en la verificabilidad de los hechos, en este punto se puede entrar en el terreno de una posible infracción porque los hechos sí están sujetos a un canon de veracidad. En este caso las posibles noticias falsas pueden encontrar un terreno de justiciabilidad en materias política y electoral. Es evidente que la manipulación de la información y consecuentemente el pretendido control de la opinión pública a través de hechos falsos siempre es un aspecto que está inmiscuido en diferentes factores, por ejemplo, los intereses que puede haber detrás con la difusión de un hecho que puede ser falso y verificable y que no obstante esa verificabilidad y alcance de la información se busca generar un daño, una afectación a uno de los competidores del proceso electoral. Poner freno a la manipulación de la información constituye uno de los retos de cara a la elección de 2024.

Por ejemplo, en el plano internacional se encuentra el Brexit en el Reino Unido en donde se difundió mucha información falsa y se usaron datos personales para la segmentación de audiencias para el perfilamiento de usuarios y llevar a cabo una manipulación de la información con la finalidad de generar un efecto burbuja en determinados segmentos y reforzar una idea o manipular la visión que se tenía del Brexit. Otro caso es el de Cambridge Analytica en 2016, con Donald Trump; además de otros relacionados con el ejercicio de participación ciudadana sobre el no a la paz en Colombia que terminó decantándose por el no; el caso de Jair Bolsonaro en Brasil donde se presentaron una serie de acciones documentadas respecto de bloqueos en RR. SS, desconexión en internet para generar un efecto de censura y desinformación y de superposición de esta en diferentes sectores de Brasil.  

Otro ejemplo relevante es el del asalto al Capitolio de Washington en 2021 por parte de simpatizantes de Donald Trump ya que se incluye en el tema de incitación a la violencia, en donde un líder político usa las RR. SS. para incitar a la violencia, difundir información que terminó por materializarse en hechos violentos y que afectan de manera importante en los procesos electivos, en la legitimación democrática, en la paz social y constituyen un instrumento catalizador de la opinión, de las inconformidades y de la opinión pública.

JCBG: INCLUSO EN EL CASO DE CAMBRIDGE ANALYTICA SE COMPROBÓ QUE OBTUVO DATOS DE MEXICANOS, PERO CUANDO SE DESCUBRIÓ NO SE CITÓ A COMPARECER A NADIE EN NUESTRO PAÍS COMO OCURRIÓ EN EL CONGRESO EUROPEO O EN NORTEAMÉRICA. SON REALIDADES QUE SON AJENAS A NUESTRA DEMOCRACIA.

LEM: Se trata de empresas y actores que ofrecen sus servicios para generar un efecto como el que comentas donde se llevó a cabo en Reino Unido, un juicio que terminó por resolver una gran incógnita que tenía que ver con el uso indebido de los datos personales y la comisión de ilícitos en un aspecto tan importante y debatido respecto de la manipulación de las audiencias a través de neuropsicología y de segmentación para ejercer una influencia determinante en la decisión colectiva.

En el caso mexicano las infracciones que tienen que ver con la imputación o atribución de hechos o delitos falsos se relacionan con la calumnia, que está reconocida como una limitación al ejercicio de la libertad de expresión en materia electoral en el artículo 41 de nuestra Constitución. Si bien las opiniones están sujetas al canon de veracidad, lo cierto es que en el caso de los hechos y de la imputación de delitos falsos pueden constituir calumnia. Hemos tenido múltiples casos en los que este tipo de conductas de manipulación de hechos con conocimiento de que son falsos o de la atribución de delitos a candidatos en la arena política, con conocimiento de que el delito o el hecho que se le atribuye es falso y no obstante ese conocimiento existe ese atrevimiento para generar un impacto negativo, desproporcionado en la contienda electoral, con ánimo de obtener una ventaja indebida, genera el reconocimiento de este tipo de conductas infractoras.

“En el caso mexicano las infracciones que tienen que ver con la imputación o atribución de hechos o delitos falsos se relacionan con la calumnia, que está reconocida como una limitación al ejercicio de la libertad de expresión en materia electoral en el artículo 41 de nuestra Constitución.”

Otro ejemplo es el relacionado con la difusión de encuestas falsas o que no reúnen la metodología que aprueba el Instituto Nacional Electoral (INE), hemos atendido diversos casos en donde inclusive tanto usuarios como influencers o medios de comunicación digitales difunden encuestas electorales sin cumplir con la metodología prevista por el INE y el no hacerlo puede generar una idea falsa sobre las tendencias electorales y una sanción por la difusión de cifras de ejercicios demoscópicos que no cuentan con un mínimo de verificación y de rigor metodológico.

Son sancionables porque pueden generar un efecto falso de la realidad en materia electoral, sin olvidar que uno de los presupuestos fundamentales para el ejercicio del voto es la información, en la medida en que contemos con información veraz, oportuna, idónea, dentro de la contienda electoral será posible ejercer un voto mucho más libre y un voto libre tiene como presupuesto un voto que sea informado. En consecuencia, la desinformación atenta contra la garantía del voto libre y, por lo tanto, el Estado debe proveer los mecanismos e instrumentos institucionales necesarios y suficientes para prevenir, investigar, inhibir, disuadir y sancionar todo tipo de conducta que pueda llegar a mermar el ejercicio de un voto libre e informado.  

JCBG: ¿CÓMO CALIFICARÍA LA COLABORACIÓN DE EMPRESAS COMO AMAZON, META, GOOGLE, MICROSOFT EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE LA SALA ESPECIALIZADA DEL TEPJF?

LEM: En la realidad en la que vivimos, donde más del 90% de las personas cuentan con un smartphone y alrededor del 86% de la población en México tiene acceso a internet y RR. SS., quien nos conoce más es nuestro propio teléfono celular, porque se alimenta constantemente de datos, información, voz, sitios de interés y consultas que hacemos diariamente. De esta manera el algoritmo proporciona opciones y sugerencias a los usuarios, es decir, se ha convertido en un perfilador automático de las exigencias, perfiles, necesidades de los usuarios. Ha sido parte de nuestra actividad como sociedad, en aspectos como educación, salud, trabajo, libertad de empresa, comercio, fiscalización, recaudación de impuestos, prestación de servicios y finanzas, tiene que ver con el uso de internet que nos ha facilitado la vida y los procesos.

La materia político-electoral no escapa de esta dinámica, cuando tenemos procedimientos sancionadores en la Sala Especializada relacionados con temas del uso de RR. SS., internet, de plataformas digitales, se tiene que desarrollar un proceso de verificación de solicitud de información para las empresas administradoras de RR. SS., sin perder de vista los medios tradicionales pues este tipo de contenidos puede compartirse y viralizarse en segundos y su impacto resulta mayor.

De ahí la importancia de que se logre un mutuo entendimiento entre las instituciones del Estado mexicano y las empresas administradoras de RR. SS., es decir, cómo logras empatar las políticas empresariales de estas empresas, las estrategias que tienen en su red social con las disposiciones legales gubernamentales que deben acatarse y que impactan en alguna de estas materias como la política electoral. La elaboración de convenios, acuerdos, de colaboración con las plataformas digitales ha sido una de las herramientas importantes para que el trabajo sea más ágil y efectivo entre las instituciones electorales y las plataformas digitales. Esto es todavía un trabajo en construcción, por ejemplo, el INE cuenta con convenios de colaboración con Meta, pero no con otras empresas de RR. SS. que han sido reticentes a llevar a buen puerto acuerdos, convenios de mutuo entendimiento, por ejemplo, con X, anteriormente Twitter, no ha habido una materialización de acuerdos que permitan caminar hacia fines comunes y que tienen que ver con el cumplimiento del marco constitucional y legal en México.

“La desinformación atenta contra la garantía del voto libre y, por lo tanto, el Estado debe proveer los mecanismos e instrumentos institucionales necesarios y suficientes para prevenir, investigar, inhibir, disuadir y sancionar todo tipo de conducta que pueda llegar a mermar el ejercicio de un voto libre e informado.”

Esta situación no ha sido obstáculo para avanzar en la investigación, prevención y eventual sanción de conductas que pueden desarrollarse a través de estas plataformas. Tenemos una gran área de oportunidad en este aspecto porque si bien con Meta hay una buena comunicación, con otras empresas es más complicado hacer cumplir las determinaciones porque estas plataformas terminan por argumentar que cuentan con su propia regulación y políticas para bloquear o desbloquear libremente cuentas, eliminar publicaciones, etc. Es ahí donde el acatamiento de las resoluciones que se dicten cobran especial relevancia. Con o sin convenio las autoridades judiciales hemos tenido en general el acatamiento de las órdenes que se dictan en determinado aspecto. Es importante mencionar que los convenios resultan fundamentales, así como la revisión de la legislación con la que contamos actualmente, además de que ya existen otras materias, no debemos extrañarnos de la reflexión que deberíamos poner sobre la mesa acerca de la posible regulación de RR. SS. y de internet en materia político-electoral para garantizar de mejor manera el ejercicio de las libertades fundamentales y proteger los derechos relacionados con libertad, vida, integridad, privacidad, interés superior de la infancia, entre otros aspectos y derechos que cobran especial relevancia de la garantía efectiva de las libertades fundamentales.   En la Unión Europea ya existen proyectos de legislación e incluso determinaciones relacionadas con ejercicios normativos respecto del ajuste de empresas de internet y RR. SS., que han dado excelentes resultados en otras regiones en cuanto a libertad de empresa, de comercio en RR. SS., materia política, ciberseguridad, etc. Además de estos instrumentos, existen instrumentos internacionales, observaciones de carácter internacional que deben ser seguidas por las empresas administradoras de RR. SS. como principios básicos de transparencia en la red y algorítmica, privacidad en la red, alfabetización digital, cultura digital, integridad en la red, entre otros aspectos que tienen que ser observados.  

Luis Espíndola Morales es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cuenta con una Especialización en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla y Master en Derechos fundamentales por la Universidad Carlos II de Madrid. En 2020 fue designado por el Senado de la República Magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF. Ha fungido como Consejero Electoral en Querétaro, Director General Jurídico Adjunto en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Académico de la Universidad de Querétaro y de la Facultad de Derecho de la UNAM.

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